Pidieron 20 años de prisión para dos exgendarmes acusados de secuestros y torturas durante la dictadura en Concepción del Uruguay
La fiscal federal Josefina Minatta solicitó condenas para Roberto Oscar Caserotto y Néstor Alfredo Gómez del Junco por delitos de lesa humanidad cometidos contra militantes del Partido Comunista y sus familias entre 1977 y 1978. También pidió que los
Pidieron 20 años de prisión para dos exgendarmes acusados de secuestros y torturas durante la dictadura en Concepción del Uruguay
En el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, la fiscal federal Josefina Minatta solicitó este lunes penas de 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para los exgendarmes Roberto Oscar Caserotto y Néstor Alfredo Gómez del Junco, acusados de participar en secuestros, tormentos, allanamientos ilegales y asociación ilícita durante la última dictadura militar.
Según expuso la representante del Ministerio Público Fiscal, ambos imputados integraban el Escuadrón 6 de Gendarmería Nacional con asiento en Concepción del Uruguay. Caserotto se desempeñaba como jefe del Grupo de Inteligencia de la plana mayor, mientras que Gómez del Junco estaba a cargo del Grupo Logística y Finanzas.
Durante un alegato de más de dos horas, Minatta sostuvo que una pena más exigua sería banalizar los crímenes de masa que han sucedido en nuestro país, y remarcó que los hechos deben ser considerados delitos de lesa humanidad, con penas de cumplimiento efectivo y en cárcel común.
La noche del cumpleaños
La fiscal reconstruyó uno de los episodios centrales de la causa, ocurrido el 14 de mayo de 1977, durante el cumpleaños de Mirta Bochatay en el domicilio de la familia Montesino, donde se encontraban reunidos militantes del Partido Comunista.
Según detalló, personal de Gendarmería y del Ejército irrumpió violentamente en la vivienda, apagó el asado con bebidas de la mesa y secuestró a Roberto Montesino, Carlos Stur, Juan Bautista Echeverría, Eladio Bochatay, Raúl y Jorge Impini, Raúl Jáuregui, Rodolfo Saldarrelli, Mirta Bochatay y Berta Muñoz.
La fiscal también describió el padecimiento de Gabriela y Daniel Montesino, hijos de una de las víctimas, quienes tenían 4 y 7 años. De acuerdo al alegato, permanecieron privados de su libertad dentro de la vivienda durante varios días y Gabriela fue amenazada con un arma mientras lloraba.
Los hombres fueron trasladados inicialmente al Escuadrón 6 y luego a la Unidad Penal N°4, donde sufrieron golpes, culatazos, simulacros de fusilamiento, encierros y torturas físicas y psicológicas.
Mirta Bochatay, en tanto, fue llevada primero a la Delegación local de la Policía Federal y luego nuevamente al Escuadrón 6, donde habría sido interrogada violentamente.
Torturas en Banco Pelay
El segundo hecho juzgado corresponde al secuestro de Carlos Stur y Juan Bautista Echeverría ocurrido el 28 de enero de 1978 en el balneario Banco Pelay.
La fiscal indicó que ambos fueron trasladados posteriormente a una vivienda donde sufrieron torturas. En ese contexto, Stur declaró haber visto a Gómez del Junco utilizando una picana eléctrica.
Durante el alegato se describieron además golpes extremos, amenazas y métodos de tortura física aplicados a las víctimas. Minatta destacó la gravedad de los hechos y el impacto que estas prácticas tuvieron también sobre niños y adolescentes vinculados a las familias perseguidas.
Pedido de señalización y nuevas investigaciones
Además de las condenas, la fiscal solicitó que, una vez firmes las sentencias, se disponga la baja de ambos imputados de la Gendarmería Nacional y que distintos espacios utilizados durante la represión ilegal sean señalizados como sitios de memoria.
Entre ellos mencionó el Escuadrón 6 de Gendarmería, la Unidad Penal N°4, una vivienda ubicada en las afueras de la ciudad y el balneario Banco Pelay.
Asimismo, pidió que se investiguen otros hechos relatados durante el juicio por víctimas y testigos que aún no fueron incorporados a procesos judiciales.
Durante su exposición, Minatta recordó a militantes desaparecidos vinculados al Partido Comunista y al Partido Comunista Marxista Leninista, señalando que los integrantes de esas organizaciones fueron brutalmente perseguidos, encarcelados y severamente torturados.
La causa continúa en etapa de alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay.
Fuente: fiscales.gob.ar
