La Justicia levantó el secreto fiscal de Adorni y su esposa
El juez Lijo ordenó la revisión de la información tributaria del jefe de Gabinete y Bettina Angeletti en la causa que los investiga por enriquecimiento ilícito. Hace días, el contratista que reformó la casa de country del matrimonio dijo que el funcionario le pagó 245 mil dólares en efectivo.
El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tal como lo solicitó la fiscalía en el marco de la investigación por posible enriquecimiento ilícito. La medida también alcanza a la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, igualmente bajo la lupa en esa causa.
La medida apunta a esclarecer la situación de un inmueble de la familia del vocero en la ciudad de La Plata y cómo fueron los pagos hechos por el funcionario en la adquisición de una casa en el country bonaerense Indio Cuá, donde días atrás un contratista reveló haber recibido 245 mil dólares en efectivo por parte del jefe de Gabinete.
De esta manera, el fiscal Gerardo Policcita podrá acceder a los datos personales de Adorni y Angeletti en la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y determinar cuáles fueron los egresos al fisco y el pago de tasas e impuestos de la pareja.
Lo que intentará el fiscal es acceder al detalle de los pagos hechos por la familia Adorni entre enero de 2022 hasta ahora en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz, así como también la valuación fiscal del inmueble y posibles deudas, intereses y planes de regularización.
Paralelamente, el juez Lijo también ordenó revisar las comunicaciones del amigo de Adorni, el periodista y productor Marcelo Grandio, quien a través de su productora cerró contratos con la Televisión Pública desde la firma ImHouse.
La medida alcanza a los contactos entre el Grandio y el presidente de la productora, Horacio Silva. La TV Pública se encuentra bajo el área de Secretaría de Comunicación, que tiene como terminal a la Jefatura de Gabinete.
Semanas atrás, Lijo motorizó un oficio para que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) pudiera ingresar a la TV Pública con el objetivo de recolectar documentación oficial sobre las contrataciones de la productora perteneciente al periodista Grandio.
La causa busca determinar si existieron los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.
