Reforma laboral: la Justicia definió que la causa de la CGT seguirá en fuero contencioso
Reforma laboral: la Justicia definió que la causa de la CGT contra el Estado seguirá en el fuero contencioso administrativo
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió este martes que la causa iniciada por la CGT contra el Estado nacional por la constitucionalidad de la reforma laboral deberá tramitarse en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo. Fue un revés para la central obrera, que quiso que el expediente cambie de Cámara.
El fallo fue firmado por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, integrantes de la Sala IV, y se alinea con la postura sostenida por la Casa Rosada en el conflicto de competencia.
La controversia se originó cuando el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 se declaró competente para intervenir en la causa. Sin embargo, el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 rechazó esa decisión y remitió el expediente a la Cámara del Trabajo, generando así un conflicto entre fueros.
Un conflicto de competencia con impacto político
Al intervenir para dirimir la disputa, la Cámara determinó que el expediente debe continuar en el fuero contencioso administrativo federal, en línea con lo previsto por la ley 26.854 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su resolución, los camaristas cuestionaron el accionar del juzgado laboral, al considerar que se apartó del procedimiento establecido para este tipo de planteos y generó una demora innecesaria en el proceso judicial.
Asimismo, destacaron que el caso excede el ámbito estrictamente laboral, ya que pone en discusión la validez de una ley del Congreso y aspectos vinculados a la organización del sistema judicial, lo que justifica la intervención del fuero contencioso.
Un escenario adverso para la CGT
Para la CGT, la resolución implica una señal negativa en su estrategia judicial. Desde la central obrera sostienen que el fuero contencioso administrativo podría ser más favorable a la posición del gobierno encabezado por Javier Milei.
La organización sindical había presentado una medida cautelar cuestionando la constitucionalidad de la reforma laboral, en un intento por frenar su aplicación.
