Los artículos de la reforma laboral recuperan vigencia
La decisión de la Cámara del Trabajo restablece la norma y abre una nueva etapa en la disputa legal.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio este jueves un paso clave en la disputa por la reforma laboral al otorgar efecto suspensivo al recurso presentado por el Estado. Con esta decisión, queda sin efecto la cautelar que mantenía frenados varios artículos de la ley 27.802, que ahora vuelven a estar vigentes mientras se analiza el fondo del planteo judicial.
El cambio no es menor: al modificar el alcance del recurso devolutivo a suspensivo, los jueces habilitaron la aplicación inmediata de la normativa sin necesidad de esperar una definición de la Corte Suprema. En su argumentación, los magistrados remarcaron el respaldo institucional de una ley aprobada por el Congreso y consideraron que no hay razones extraordinarias que justifiquen mantenerla suspendida.
La resolución fue celebrada por el presidente Javier Milei, quien se expresó en redes sociales con su habitual tono enfático, destacando el avance como un paso en la dirección del programa económico del Gobierno.
Qué cambia en la práctica
Con la medida, vuelven a regir de forma automática distintos puntos centrales de la reforma, entre ellos:
Nuevos criterios para el cálculo de indemnizaciones.
Implementación de esquemas como el banco de horas.
Modalidades más flexibles de contratación.
Posibilidad de fraccionar vacaciones.
Límites a los aportes sindicales.
Estos aspectos impactan directamente en la dinámica laboral, tanto para empleadores como para trabajadores.
La reacción sindical
Desde la CGT, que había promovido la cautelar que suspendió inicialmente 82 artículos, sostienen que la reforma afecta derechos constitucionales vinculados al trabajo. La central ya adelantó que continuará con las acciones legales y buscará que se revise la constitucionalidad de la norma en instancias superiores.
De este modo, el conflicto entra en una nueva etapa: con la reforma nuevamente en vigencia, la discusión se traslada al plano de fondo, donde la Justicia deberá definir si el esquema impulsado por el Gobierno se ajusta o no al marco constitucional, en un escenario atravesado por tensiones políticas y sociales.
