Fallo judicial adverso para la gestión Azcué y a favor de una trabajadora municipal - Diario del Sur
Según se informó, se trata de una demanda hecha por una trabajadora municipal y delegada gremial. Ahora, el fallo declara ilegal su traslado dispuesto por el municipio. Según informó el propio abogado Emiliano Delgado, la Justicia Laboral N° 2 de Con
Según se informó, se trata de una demanda hecha por una trabajadora municipal y delegada gremial. Ahora, el fallo declara ilegal su traslado dispuesto por el municipio.
Según informó el propio abogado Emiliano Delgado, la Justicia Laboral N° 2 de Concordia hizo lugar a la demanda de una trabajadora municipal y delegada gremial, declarando ilegal su traslado dispuesto por el municipio.
El profesional explicó que en el fallo, la Justicia dejó en claro que «el Estado no puede cambiar de funciones ni trasladar a un delegado sindical sin autorización judicial previa». Como resultado «se declaró la nulidad del decreto, se ordenó su inmediata reinstalación en el mismo puesto y se reconoció la violación a la tutela sindical», agregó.
En uno de los puntos centrales del caso caratulado como P.A.M.A C/MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA S/SUMARISIMO. (Expte. nº 6517-198) se puntualiza que la protección sindical no es simbólica y que «garantiza que los representantes puedan ejercer su función sin represalias ni obstáculos».
Según Delgado, este fallo «refuerza un principio básico: sin respeto a la representación sindical, no hay derechos laborales reales».
Vale aclarar que se trata del ex titular de la Delegación Concordia, dependiente de la Secretaría provincial de Trabajo y actual asesor legal de uno de los gremios municipales. Delgado integró junto a otros profesionales la representación legal de los 140 empleados que quedaron sin renovación de sus contratos a fines de 2025, publicó Diario Río Uruguay.
En enero pasado, los abogados advirtieron que esos actos generan una serie de reclamos judiciales que ocasionan un perjuicio millonario al erario municipal, lo que según señalaron contradice el discurso oficial de ordenamiento administrativo y económico y afecta a toda la ciudadanía concordiense.
Finalmente, afirmaron que las situaciones experimentadas tras la decisión del intendente Azcué configuran un «claro incumplimiento del plexo constitucional por parte del Ejecutivo Municipal, que continúa incurriendo en prácticas desleales, violencia laboral e institucional, persecución sindical y numerosos actos persecutorios contra los trabajadores, sus organizaciones y el movimiento obrero en general».
