El Gobierno autoriza a nueve provincias a concesionar rutas nacionales con peaje
El Gobierno delega en nueve provincias la concesión de rutas nacionales con peaje para mejorar la infraestructura y descentralizar la gestión vial.
El Gobierno autoriza a nueve provincias a concesionar rutas nacionales con peaje
A través de un decreto, el Ejecutivo habilita a varias provincias a administrar y concesionar tramos de rutas nacionales. La medida apunta a descentralizar la gestión y mejorar la infraestructura vial.
A través de un decreto, el Ejecutivo habilita a varias provincias a administrar y concesionar tramos de rutas nacionales. La medida apunta a descentralizar la gestión y mejorar la infraestructura vial.
El Gobierno nacional delegó a nueve provincias la concesión de rutas nacionales con peaje, con el objetivo de descentralizar la gestión de la infraestructura vial y agilizar obras de mantenimiento y ampliación. El Decreto 253/2026 fue publicado este viernes en el Boletín Oficial.
La normativa establece que provincias como Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz podrán otorgar concesiones de obra pública para la administración, reparación y mantenimiento de tramos de rutas nacionales ubicados en sus territorios.
Según se detalla, las jurisdicciones locales quedan facultadas para realizar licitaciones, adjudicar contratos y gestionar los servicios, aunque el Estado nacional mantiene la titularidad de las rutas y la jurisdicción sobre las mismas.
Descentralización y control nacional
El decreto señala que la delegación de funciones es de carácter temporal, limitada y revocable, y que no implica la transferencia del dominio público. Además, establece que las provincias deberán firmar convenios con la Dirección Nacional de Vialidad para definir los tramos involucrados y las condiciones de ejecución.
En ese marco, Vialidad Nacional será la encargada de evaluar la viabilidad técnica y económica de los proyectos, así como de supervisar y auditar los contratos de concesión que se celebren.
Asimismo, se fija que las provincias deberán presentar planes de obra, cronogramas de ejecución y esquemas de financiamiento, incluyendo detalles sobre tarifas de peaje y plazos de concesión.
Plazos y condiciones para la implementación
Entre las condiciones establecidas, el decreto determina que las provincias deberán convocar a licitación dentro del plazo máximo de un año desde la aprobación de los convenios, y que los contratos deberán formalizarse en un plazo de hasta 90 días tras la adjudicación.
También se indica que la duración de las concesiones no podrá superar los 30 años y que los fondos obtenidos por peajes deberán destinarse exclusivamente al tramo concesionado, sin posibilidad de ser utilizados en otras obras.
El texto prevé además que, en caso de finalización del contrato o por razones de interés público, el Estado nacional podrá reasumir la gestión de los tramos viales.
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