La Justicia ordenó la reincorporación de una trabajadora estatal despedida al comunicar su embarazo
En un fallo que sienta un precedente contra la precarización laboral en el sector público, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a una acción de amparo y ordenó la reincorporación de Florencia J. Fabre, una trabajadora del Consejo General
En un fallo que sienta un precedente contra la precarización laboral en el sector público, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a una acción de amparo y ordenó la reincorporación de Florencia J. Fabre, una trabajadora del Consejo General de Educación (CGE) que había sido desvinculada a fines de 2025 tras notificar su embarazo.
La medida judicial revoca una sentencia previa de primera instancia que había rechazado el reclamo de la empleada. El tribunal máximo determinó que la administración provincial debe garantizar el goce de las licencias por gestación y maternidad previstas en la legislación vigente, suspendiendo los efectos de la desvinculación que se había dado en un contexto de reducción de la planta estatal.
El caso
Según consta en la presentación judicial, la trabajadora afiliada a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fue cesanteada y dejó de percibir sus haberes a pesar de haber comunicado formalmente su estado de gravidez.
La resolución del STJ contempla los siguientes puntos clave: La reincorporación inmediata de la trabajadora que debe ser restituida a sus funciones de forma urgente; se ordenó el abono del sueldo correspondiente al mes de febrero de 2026, el cual había sido retenido. El fallo subraya la obligatoriedad del Estado de proteger la estabilidad laboral de la mujer gestante, destacó APFDigital.
Desde el Consejo Directivo Provincial de ATE, entidad que impulsó la demanda a través del equipo legal, celebraron la decisión judicial. Voceros del gremio señalaron que el fallo trae justicia frente a las políticas de ajuste en el sector estatal y refuerza la protección de los derechos básicos de los trabajadores.
Con esta sentencia, el Poder Judicial pone un límite a las desvinculaciones en la administración pública cuando estas vulneran derechos fundamentales protegidos por tratados internacionales y leyes nacionales de protección integral a la mujer.
