Funcionarios de Concordia bajo investigación por presunta incompatibilidad entre jubilación y cargos municipales
Mientras el discurso oficial promete transparencia y austeridad, la gestión municipal del Intendente Azcué, vuelve a quedar bajo la lupa por un esquema administrativo que podría haber permitido cob
Mientras el discurso oficial promete transparencia y austeridad, la gestión municipal del Intendente Azcué, vuelve a quedar bajo la lupa por un esquema administrativo que podría haber permitido cobrar jubilaciones y, al mismo tiempo, percibir ingresos del Estado.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos inició actuaciones para investigar a varios funcionarios de la actual gestión en la Municipalidad de Concordia por una posible incompatibilidad entre el cobro de haberes jubilatorios y el desempeño de funciones dentro de la administración local. El organismo previsional intimó al municipio para que brinde explicaciones sobre la modalidad mediante la cual se habrían canalizado pagos a integrantes de la actual gestión.
Según trascendió, la notificación menciona al menos a nueve funcionarios que forman parte del gabinete municipal o de áreas vinculadas a la gestión local. El planteo central apunta a determinar si estas personas percibieron simultáneamente una jubilación provincial y retribuciones vinculadas a su función en el municipio, una situación que podría configurar una incompatibilidad con el régimen previsional vigente.
El punto más controvertido radica en la modalidad utilizada para las designaciones. En varios casos, los funcionarios habrían sido nombrados ad honorem, pero luego recibirían pagos a través de adicionales o partidas especiales dentro de la estructura salarial municipal. Para la Caja de Jubilaciones, este mecanismo podría constituir en los hechos una relación laboral remunerada sin los aportes previsionales correspondientes.
La situación adquiere mayor relevancia política porque ocurre en un contexto de fuerte debate sobre la sostenibilidad del sistema previsional provincial. Mientras se discuten reformas y ajustes bajo el argumento del déficit de la Caja, la eventual existencia de funcionarios que cobrarían jubilación y, al mismo tiempo, ingresos provenientes del Estado sin aportes, vuelve a poner en cuestión la coherencia y el control administrativo dentro del propio sector público.
Por ahora, el organismo previsional dio el primer paso con la intimación formal al municipio y a los funcionarios involucrados. El avance de la investigación determinará si hubo irregularidades, si corresponde la devolución de haberes percibidos o si se trató de un esquema administrativo que, más allá de su formalidad, terminó exponiendo a la gestión municipal a un nuevo frente de cuestionamientos políticos y administrativos. (Con información de Ciudad Satélite)
