Denuncian que el Gobierno bloquea el acceso a la salud sexual y reproductiva
En el marco del Día Internacional de las Mujeres, Amnistía Internacional expresó su preocupación por el debilitamiento de políticas públicas fundamentales para garantizar los derechos humanos de las mujeres y diversidades, en un contexto marcado por retrocesos en la prevención de la violencia de género, restricciones en el acceso a la salud sexual y reproductiva y reformas laborales sin perspectiva de género.
La entidad alertó sobre el desmantelamiento sostenido de las políticas de salud sexual y reproductiva.
Desde 2023, el gobierno nacional dejó de comprar y distribuir insumos esenciales para garantizar el derecho al aborto, lo que profundiza las desigualdades territoriales y pone en riesgo la vida y la salud de mujeres y personas gestantes, indicó.
Además, subrayó que la distribución de métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia y test de embarazo cayó drásticamente: entre 2023 y 2024 se redujo en un 81%.
A ello se suma que en 2025 el Estado Nacional no distribuyó preservativos en un contexto en el que la sífilis alcanzó récords históricos, expresó Amnistía Internacional.
Al mismo tiempo, la entidad sostuvo que se debilitaron las campañas de información y prevención y se desfinanció el Plan Nacional ENIA (Embarazo no Intencional en la Adolescencia), que había contribuido a reducir en un 50% la tasa específica de embarazo adolescente entre 2018 y 2023.
En un contexto en el que la razón de la mortalidad materna aumentó un 37% respecto de 2023 , el Estado no solo incumple su obligación de garantizar el derecho al aborto; también se desentiende de implementar políticas de información, prevención y educación en salud sexual y reproductiva, poniendo en riesgo la autonomía, la salud y, en muchos casos, la vida de niñas, adolescentes y mujeres, agregó.
