El Estado subastó una Ferrari decomisada al narcotráfico por 310 mil dólares
Tras una puja de una hora y media, el vehículo incautado al Clan Loza superó ampliamente su precio base en un remate oficial.
El Estado nacional subastó este martes una lujosa Ferrari F430 que había sido decomisada a la banda narco conocida como el Clan Loza, logrando una recaudación final de 310.000 dólares. El vehículo, un modelo descapotable del año 2006 con apenas 16.855 kilómetros, fue rematado de manera electrónica por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tras una orden de la Justicia nacional.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de anunciar el resultado del proceso, destacando que el precio de venta superó en un 70% el valor base de 182.277 dólares fijado inicialmente. El valor base fue fijado por el juzgado interviniente y terminó hace algunos instantes en 310.000 dólares, informó el funcionario, resaltando la transparencia y trazabilidad de las subastas públicas realizadas bajo esta modalidad.
La unidad incautada formaba parte de los activos de una organización criminal de origen salteño que operaba en Argentina, Perú, España e Italia, y que según investigaciones judiciales llegó a mover cerca de 1.000 millones de pesos en tráfico de drogas y lavado de activos.
La Ferrari F430, equipada con un motor V8 de 490 caballos de fuerza, representa solo una parte del millonario patrimonio que el Clan Loza acumuló mediante actividades ilícitas, el cual incluía hoteles, empresas y otros vehículos de alta gama, como una Ferrari 335 Spider que perteneció a Diego Armando Maradona. En el marco de esta causa, el Ministerio Público Fiscal impulsó oportunamente la extinción de dominio sobre estos bienes para que regresen al patrimonio estatal.
El remate se produce meses después de que la Cámara Federal de Casación confirmara las condenas para los integrantes de la banda por asociación ilícita, narcotráfico y lavado de dinero. Los cabecillas e integrantes del clan recibieron penas de hasta siete años de prisión y multas económicas que alcanzan los 378 millones de pesos.
Con esta venta, el Gobierno nacional busca profundizar la política de recupero de activos vinculados al crimen organizado. Según explicaron fuentes oficiales, el proceso de subasta permitió la participación de oferentes de todo el país durante los 90 minutos que duró la puja, culminando en una cifra que superó las expectativas iniciales del organismo liquidador.
