¿ Reforma Constitucional en Entre Ríos ? Un alto Costo
La Propuesta: Un Debate que Llega en el Momento Equivocado Recientemente el actual Gobernador Frigerio se reunió con el ex Gobernador Bordet y le planteó la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de Reforma Constitucional, fundamentado en la necesid
¿ Reforma Constitucional en Entre Ríos ? Un alto Costo
Ante esta consulta, la realidad provincial ofrece una respuesta contundente.
Los datos de empleo revelan una emergencia: Entre Ríos perdió 5.036
empleos privados registrados en los últimos 22 meses, según el informe del
Centro de Economía Regional y Experimental (CERX), liderado por la ex
funcionaria provincial Victoria Giarrizzo.
Este telón de fondo de deterioro laboral hace aún más urgente la advertencia
del Diputado Nacional Guillermo Michel: en lugar de armar reuniones de
espaldas a la sociedad para reformar la Constitución, el gobierno debería
ocuparse de resolver los 21 conflictos laborales que afectan a trabajadores
entrerrianos. Esta preocupación es concreta: solo en el caso de Granja Tres
Arroyos, 700 empleos en la provincia corren riesgo de perderse.
La Paradoja Entrerriana: Una Constitución de Vanguardia
Nuestra Constitución Provincial fue reformada por última vez en 2008, tras un
proceso participativo inédito. Aquel texto incorporó derechos y mecanismos
modernos: la protección expresa de nuestros humedales, la creación del
Defensor del Pueblo, el Consejo Económico y Social, y herramientas de
democracia participativa. Fue, en su momento, una carta magna de
vanguardia.
Sin embargo, 18 años después, gran parte de aquella arquitectura institucional
permanece en estado de letra dormida. El Consejo Económico y Social nunca
se constituyó, al igual que el Ente Ambiental o la Defensoría del Pueblo. Como
bien ha señalado el ex convencional constituyente Américo Schvartzman,
tenemos una Constitución admirable en el papel, pero aún incumplida en la
realidad.
La ex convencional constituyente Celeste Pérez sostiene que la
Constitución de 2008 es un texto plenamente legítimo, surgido de un amplio
proceso participativo y con fuerte debate social, que incorpora de manera clara
los derechos de segunda generación, y cuyo principal problema no es su
contenido sino la falta de cumplimiento efectivo. Desde una mirada política,
advierte que plantear hoy una reforma constitucional sin discutir previamente
las prioridades de la sociedad aparece como una maniobra distractiva frente a
problemas más graves, como el deterioro institucional y el incumplimiento de la
ley, y concluye que antes de modificar la Constitución el deber central del
Estado y de la dirigencia es respetarla y hacerla cumplir.
El Verdadero Costo: Dinero, Credibilidad y Oportunidad Perdida
Promover una nueva reforma sin haber intentado aplicar la vigente no solo es
prematuro; es un gesto de frivolidad institucional con costos concretos y muy
altos.
El procedimiento es complejo y oneroso. Requiere una ley que declare la
necesidad de la reforma, seguida de una convocatoria a elecciones para
convencionales constituyentes. Este proceso electoral tiene un costo
económico millonario para el estado provincial, recursos que en un contexto de
restricción fiscal y de pérdida de más de cinco mil empleos privados, son
urgentes en salud, educación o para políticas activas de reactivación laboral.
Iniciar este camino en medio de una crisis de empleo sería una priorización
errónea y un gesto de desconexión profunda. La ciudadanía vería cómo se
movilizan esfuerzos y fondos públicos para un debate abstracto, mientras las
instituciones creadas en 2008 siguen sin existir en la práctica y se destruye el
tejido productivo y social de la provincia.
El capital político, la energía administrativa y los recursos financieros que
consumiría el proceso de reforma se restarían de la obligación prioritaria de
cumplir lo ya pactado y de atender la emergencia económica que golpea a
miles de familias entrerrianas.
El Camino Sensato: Cumplir Antes de Reformar
Si de facilitar la gestión se trata, el camino más sensato y democrático no pasa
por modificar la Constitución, sino por cumplirla. Reglamentar sus instrumentos,
activar sus mecanismos de control, hacer realidad sus promesas de
transparencia y participación. Una gestión ágil no requiere más poderes
concentrados, sino instituciones que funcionen.
Por ello, antes de abrir un debate abstracto, propongo una agenda previa y
concreta, donde se haga un inventario de cumplimiento. Una evaluación
pública y detallada del grado de aplicación de cada capítulo de la Constitución
de 2008. Además, reglamentación urgente para poner en marcha, mediante
leyes específicas, los órganos y procedimientos ya previstos. Procurar un
diálogo abierto sincero. Si tras ese ejercicio surgen consensos sobre la
necesidad de cambios, que estos se discutan en el marco de una Convención
Constituyente verdaderamente representativa y plural, no en acuerdos de
cúpula.
No se necesita ser fundacionales todo el tiempo
En Entre Ríos poseemos una rica tradición constitucional y un pueblo que
valora su identidad jurídica. No podemos depreciar ese capital social
impulsando una reforma costosa y prematura. La verdadera demostración de
fuerza institucional no es cambiar las reglas, sino tener la voluntad política de
cumplirlas. Gobernar con legitimidad exige, ante todo, respetar el pacto social
ya vigente y atender las urgencias apremiantes de la población.
Por eso, el mandato es claro: demostremos que creemos en la Constitución
que tenemos, cumpliéndola. Solo entonces, y si fuera estrictamente necesario,
estaremos en condiciones de escribir, entre todos, una nueva página. No se
necesita ser fundacionales todo el tiempo.
