El hambre no es botín político. Desde Utep exigen transparencia, diálogo y planificación
Desde la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (Utep) y los distintos espacios sociales y comunitarios que venimos trabajando y denunciando sostenidamente la situación alimentaria en la provincia, expresamos nuestro repudio ante cualquier forma de uso indebido, desvío o manipulación de alimentos destinados a políticas sociales, dijo a AIM la dirigente social Tamara Berales.
La alimentación no puede ser tratada como un recurso discrecional ni como herramienta de construcción de poder. El derecho a la alimentación es un derecho humano básico, y su vulneración impacta de manera directa sobre la vida cotidiana de miles de familias que hoy dependen de políticas públicas para garantizar un plato de comida, señaló Berales a esta Agencia.
Cada alimento que no llega a destino no es una irregularidad menor: es un comedor comunitario que no puede abrir, una familia que queda expuesta y una trabajadora o trabajador territorial que debe sostener la emergencia sin respaldo ni respuestas claras del Estado provincial, remarcó.
No se puede diseñar ni ejecutar política alimentaria sin escuchar a quienes garantizan su implementación cotidiana en el territorio.
Berales enfatizó que: La emergencia alimentaria no se resuelve con parches, silencios, ni opacidad. Se resuelve con planificación, control, participación social y decisión política.
Desde los sectores sociales, reafirmamos que el hambre no es botín político, que la comida no se negocia y que los recursos públicos deben estar al servicio de garantizar derechos, no de reproducir desigualdades ni prácticas que degradan la función del Estado.
Seguiremos exigiendo respuestas y defendiendo el derecho a la alimentación como lo que es: una condición básica para la dignidad y la vida de nuestro pueblo, concluyó Berales.
