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Concordia » Diario El Enfoque
Fecha: 08/05/2026 23:51
La discusión por la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental comenzó a escalar políticamente y ya genera resistencias en distintos sectores sanitarios, judiciales y sociales del país. En ese contexto, organismos vinculados a la salud mental de Entre Ríos expresaron su profunda preocupación por el proyecto que actualmente analiza el Senado de la Nación y advirtieron sobre posibles retrocesos en materia de derechos. La postura fue formalizada mediante una nota enviada a la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, Ivanna Marcela Arrascaeta, por parte de la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos (ORSMER), junto a integrantes de su equipo técnico y representantes de organizaciones civiles y de usuarios del sistema. Detrás del planteo aparece un debate mucho más profundo que la mera modificación de una ley. Lo que distintos organismos vienen señalando es que la crisis actual del sistema de salud mental no responde necesariamente al marco normativo vigente, sino a la falta de presupuesto, recursos humanos y dispositivos de atención comunitaria. En ese sentido, desde el organismo entrerriano remarcaron que la prioridad no debe centrarse en la modificación de la legislación vigente, sino en la asignación de recursos humanos, materiales y presupuestarios que permitan su plena y efectiva implementación. La advertencia no es menor. En los últimos años, el sistema de salud mental atraviesa una fuerte presión por el aumento de consumos problemáticos, cuadros depresivos, crisis emocionales y demandas psiquiátricas, mientras hospitales y dispositivos públicos enfrentan limitaciones estructurales y falta de profesionales. El eje del conflicto: derechos humanos versus modelo asistencial Uno de los puntos centrales de la preocupación expresada por el ORSMER está vinculado con el posible cambio de paradigma que podría introducir la reforma. La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 fue impulsada bajo criterios de desmanicomialización, abordajes interdisciplinarios y participación activa de usuarios y familiares. El objetivo fue reducir el viejo esquema centrado exclusivamente en internaciones psiquiátricas y promover tratamientos con base comunitaria y perspectiva de derechos humanos. Sin embargo, sectores que siguen de cerca el debate entienden que algunos cambios podrían fortalecer nuevamente una visión más médico-asistencial y reducir la participación de usuarios dentro de los organismos de control. Precisamente, desde Entre Ríos señalaron que genera seria preocupación la exclusión de la participación de las personas usuarias en el Órgano de Revisión, así como la preeminencia de una concepción médico-asistencial de la discapacidad por sobre el paradigma del modelo social y de derechos humanos. La discusión también expone una tensión política e ideológica más amplia que atraviesa actualmente el debate nacional. Mientras algunos sectores sostienen que la legislación vigente dificulta intervenciones rápidas frente a situaciones graves o consumos problemáticos, organismos de derechos humanos y asociaciones profesionales responden que el problema real es la ausencia de políticas públicas sostenidas. Entre Ríos se alinea con otras provincias El posicionamiento entrerriano no quedó aislado. En la nota enviada al Senado, el organismo provincial adhirió además a los pronunciamientos realizados por autoridades y órganos de revisión de 18 provincias argentinas, que en las últimas semanas expresaron reparos similares frente a la iniciativa. Para distintos actores del sistema sanitario, la preocupación radica en que una eventual reforma avance en medio de un escenario de crisis estructural y sin garantizar previamente mayores recursos para la atención pública. La presentación lleva las firmas del secretario ejecutivo del ORSMER, Martín Cabrera; integrantes del equipo técnico interdisciplinario y representantes del Ministerio Público de la Defensa, organizaciones de usuarios y cooperativas vinculadas al abordaje comunitario de salud mental.
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