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Federación » El Federaense
Fecha: 08/05/2026 23:00
La fiscalía investiga un supuesto desvío de fondos destinados a 37 comedores escolares. El perjuicio económico superaría los 103 millones de pesos. La Justicia de Concordia avanzó en la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a comedores escolares del departamento y tomó declaración indagatoria a una exfuncionaria, familiares y empresarios locales señalados en la causa. La pesquisa es encabezada por los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning y se originó tras una serie de allanamientos realizados durante el último año en viviendas particulares y comercios vinculados a los sospechosos. Los procedimientos habían sido autorizados por el juez de Garantías, Ives Bastian. Entre las personas imputadas figura la excoordinadora departamental de comedores escolares, Silvina Murúa, además de su hermano Adrián Murúa, Guillermo Julián Quiroga y los empresarios Iñaki Partarrié y Martín Ignacio Partarrié, responsables de la firma Ahora Voy SRL. Según indica el sitio Concordia Policiales, aún resta formalizar la imputación contra Vanesa Murúa y Esteban Godoy. De acuerdo con la acusación fiscal, las maniobras investigadas habrían comenzado a partir de enero de 2024, cuando Silvina Murúa se desempeñaba como coordinadora departamental de comedores dependiente de la Secretaría de Gestión Social. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, junto a integrantes de su entorno familiar habrían ejercido maniobras de intimidación o persuasión sobre responsables de tarjetas de compra de más de 30 comedores escolares para direccionar las adquisiciones hacia determinados proveedores de Concordia. La acusación sostiene que los principales beneficiados habrían sido los empresarios Iñaki y Martín Partarrié, titulares de Ahora Voy SRL, con el objetivo de favorecer económicamente a la firma. Sospechan un perjuicio millonario La fiscalía también atribuyó a Guillermo Julián Quiroga un rol relevante dentro de la estructura investigada. Según la imputación, pese a no contar con un cargo formal, tenía acceso a la oficina de la Coordinación de Comedores y habría manejado dinero y mercadería cuyo destino no pudo ser determinado. Siempre de acuerdo a la teoría del caso presentada por los fiscales, las maniobras investigadas habrían permitido el apoderamiento ilegítimo de fondos destinados a la compra de alimentos para 37 comedores escolares de Concordia. El presunto perjuicio económico estimado por los investigadores ascendería a $103.738.136. Las conductas fueron encuadradas provisoriamente en los delitos de peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita, en concurso real.
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