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Buenos Aires » Perfil
Fecha: 08/05/2026 17:55
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), encabezada por Andrés Vázquez, amplió la denuncia penal contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y acusó formalmente a Claudio Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino de liderar una estructura organizada para evadir impuestos y ocultar el destino de fondos mediante el uso sistemático de facturas falsas. A cargo del juez en lo penal económico Diego Amarante quedó la presentación. A medida que avanza la investigación contra la entidad por una presunta apropiación indebida de tributos y aportes previsionales cercana a los $19.000 millones, esta derivación pone el foco en maniobras por casi $300 millones detectadas entre 2023 y 2025. La denuncia sostiene que el esquema habría provocado un perjuicio fiscal de $289.336.519,66. De acuerdo ARCA, la AFA utilizaba una red de proveedores sin capacidad económica ni operativa, es decir, empresas fantasma que emitían comprobantes apócrifos para justificar pagos cuyo destino real se desconoce. También, el organismo detectó una ruptura en la cadena de pagos: el 77% de las operaciones se realizaron mediante cheques con múltiples endosos, una modalidad para dificultar la trazabilidad del dinero y ocultar a los beneficiarios finales. Bajo la lupa quedaron más de 20 firmas entre ellas Construcciones Far West SRL y Maxstore SA que, pese a no contar con empleados, maquinaria ni domicilios reales, facturaban sumas millonarias a la AFA. La denuncia, además de Tapia y Toviggino, menciona a otros directivos como Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo. El organismo recaudador sostiene que no se trata de hechos aislados, sino de un mecanismo permanente y coordinado, lo que encuadraría en el delito de asociación ilícita fiscal. Ante la gravedad de los indicios, ARCA solicitó al juez Amarante que cite a los dirigentes a declaración indagatoria y profundice la investigación sobre el circuito financiero que permitía desviar los fondos de la institución hacia sectores ajenos a la actividad deportiva. Cómo había reaccionado la AFA a las denuncias de ARCA La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había roto el silencio por las acusaciones de irregularidades impositivas. A través de un comunicado, había rechazado la denuncia impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), asegurando que su proceder se ajustó estrictamente a la legalidad y exigiendo el cierre inmediato de la causa judicial. Ante lo que la conducción de la AFA había calificado como una distorsionada difusión mediática, las autoridades se habían presentado ante la Justicia para aclarar que la institución no incurrió en ilícitos. De acuerdo lo que explicaron, la entidad simplemente había hecho uso de un derecho acordado por el Estado Nacional. Dicho núcleo defensivo había residido en la transparencia fiscal. La gestión encabezada por Claudio Chiqui Tapia afirmó haber presentado todas las declaraciones juradas correspondientes, informando la totalidad de sus obligaciones. Una de las aclaraciones más importantes del documento resaltaba que los montos retenidos bajo investigación no correspondían, en ningún caso, a los aportes de los trabajadores en relación de dependencia. Lejos de limitarse a una respuesta administrativa, la AFA había denunciado una campaña de desprestigio y un irreparable perjuicio hacia la imagen del fútbol argentino. El comunicado apuntaba directamente contra ARCA por presuntamente ocultar información relevante al juez de la causa. A partir con la versión de la AFA, el organismo recaudador había omitido mencionar la existencia de una norma estatal que avalaba la vigencia de los plazos de pago utilizados. Asimismo, revelaron que ARCA había aceptado previamente la totalidad de los pagos y planes presentados, limitándose a aplicar intereses resarcitorios por mora sin haber interpuesto sanciones punitivas adicionales hasta el momento de la denuncia. Frente a la argumentación de que la causa nunca debió haber sido promovida, el equipo legal de la AFA había solicitado formalmente al magistrado interviniente la pronta conclusión del expediente. La estrategia buscaba neutralizar el conflicto administrativo para evitar mayores distracciones en la agenda deportiva y política de la institución. MV
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