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Concordia » Tarea Fina
Fecha: 08/05/2026 10:33
El sector productivo de Concordia elevó una señal de alarma: comerciantes y profesionales en ciencias económicas aseguran que la coyuntura está empujando a las pequeñas y medianas empresas a una situación límite. Autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (delegación Concordia) y del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia mantuvieron un encuentro para unificar reclamos y definir gestiones ante organismos nacionales. La lectura compartida fue política y económica: sin cambios en la administración tributaria y en el esquema sancionatorio, las PyMEs quedan expuestas a ejecuciones fiscales y multas que según señalaron no contemplan la actual restricción financiera. El reclamo se sintetiza en dos gestiones que consideran urgentes y que apuntan directamente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo nacional encargado de la recaudación impositiva y el control aduanero. Presión fiscal, ejecuciones y multas El primer pedido es que ARCA aplique mayor flexibilidad antes de avanzar con ejecuciones fiscales contra PyMEs. Las entidades sostienen que, con ventas retraídas y costos en alza, los plazos actuales entre intimaciones, vencimientos y emisión de boletas de deuda resultan insuficientes y aceleran la judicialización de deudas que podrían regularizarse con tiempo. En ese marco, proponen ampliar el plazo entre el vencimiento de la intimación y el libramiento de boletas de deuda, y habilitar una segunda oportunidad para rearmar planes de pago que hayan caducado, permitiendo que las obligaciones incluidas vuelvan a entrar en un nuevo esquema de facilidades. El segundo eje apunta a las llamadas multas automáticas por presentaciones fuera de término de declaraciones juradas impositivas y de seguridad social, previstas en el artículo 38 de la Ley 11.683. Contadores advierten que el mecanismo sancionatorio se activa sin que medie un análisis de proporcionalidad y que impacta con mayor dureza en empresas pequeñas, donde un error administrativo o un atraso financiero puede disparar penalidades significativas. Según plantearon, antes de la sanción de la Ley 27.802 de Modernización Laboral hubo expectativas de que el Gobierno revisara este esquema por vía reglamentaria; sin embargo, remarcan que una modificación de fondo debería instrumentarse mediante una nueva ley, para evitar interpretaciones y litigiosidad. Con el diagnóstico sobre la mesa, ambas instituciones acordaron avanzar con presentaciones ante autoridades competentes y pedir respaldo a organizaciones de alcance nacional como la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El objetivo es federalizar el reclamo y sumar volumen político para que las medidas se discutan en la agenda legislativa y en la conducción económica. Entre las acciones concretas, las entidades delinearon el siguiente paquete de medidas: - ARCA: instruir al organismo para que, cuando se trate de PyMEs, se amplíe el plazo entre el vencimiento de la intimación de pago de obligaciones impositivas y previsionales y el libramiento de boletas de deuda. - ARCA: dictar una Resolución General con un procedimiento especial que permita rearmar planes de facilidades de pago ante caducidades, dando una segunda oportunidad y plazos más extensos para regularizar deudas. - Congreso de la Nación: promover una ley que modifique el artículo 38 de la Ley 11.683 para establecer una graduación razonable de las multas automáticas, contemplando el tamaño de la empresa, el tiempo transcurrido desde el vencimiento, el cumplimiento posterior y la ausencia de reincidencia en el último año. Para comerciantes y contadores, la clave pasa por ganar tiempo antes de que la deuda se vuelva impagable y por adecuar sanciones a la escala de cada contribuyente, para que el sistema «no termine castigando a quienes sostienen la economía local».
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