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» Panorama
Fecha: 07/05/2026 17:43
En la Casa Rosada aseguran que el fallo del máximo tribunal no representa un revés político y destacan que la ley volvió a estar vigente mientras continúa la disputa judicial con la CGT. El Gobierno nacional evitó interpretar como una derrota política la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de rechazar el pedido de per saltum presentado por el oficialismo para que intervenga directamente en la causa vinculada a la reforma laboral. Desde la Casa Rosada señalaron que la resolución fue tomada como un buen gesto debido a la rapidez con la que actuó el máximo tribunal y remarcaron que el contexto cambió desde que se realizó la presentación judicial. El recurso había sido impulsado cuando más de 80 artículos de la reforma estaban suspendidos por decisión judicial, pero en el Ejecutivo sostienen que la situación perdió urgencia luego de que la Cámara del Trabajo otorgara efecto suspensivo a la apelación del Estado y restituyera la vigencia de la norma. Ahora que está vigente, no tenía sentido que siga el planteo, pero tampoco íbamos a desestimarlo por una cuestión formal, explicaron fuentes oficiales. La presentación había sido realizada el 16 de abril por la Procuración del Tesoro, luego de que el juez laboral Raúl Ojeda frenara aspectos centrales de la reforma laboral sancionada por el Congreso. En Balcarce 50 consideran además positiva la continuidad del expediente en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en la Justicia Laboral, ya que entienden que la discusión involucra la constitucionalidad de una ley nacional y la actuación del Estado. La Corte sostuvo que el pedido era inadmisible porque no se cumplían los requisitos excepcionales exigidos para habilitar un salto de instancia, previsto en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial. De esta manera, el máximo tribunal descartó intervenir de forma inmediata y devolvió el expediente a su recorrido judicial ordinario. En el oficialismo aseguran que la rápida resolución aporta seguridad jurídica a una causa que venía acumulando medidas cautelares, recusaciones y conflictos de competencia entre distintos fueros. La reforma laboral fue sancionada el 27 de febrero y promulgada el 6 de marzo bajo la Ley 27.802. En paralelo, el Gobierno avanzó en los últimos días con parte de su reglamentación junto a una resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Mientras tanto, la Confederación General del Trabajo mantiene abierta la disputa judicial y rechaza el traslado del expediente al fuero contencioso administrativo. Desde el sindicalismo sostienen que el conflicto continúa ligado a derechos laborales concretos y cuestionan que la causa deje de tramitar en la Justicia del Trabajo. En el Gobierno, en cambio, consideran que la discusión sobre la competencia ya quedó saldada y ahora ponen el foco en el avance del expediente dentro de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. La Sala IV de ese tribunal ya había resuelto a fines de abril que la causa debía continuar en ese fuero y posteriormente intimó al juzgado laboral a remitir el expediente en un plazo de 24 horas. La Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, buscará ahora defender la vigencia de la ley en esa instancia judicial, en lo que será el próximo capítulo de una disputa que sigue abierta entre el Gobierno y la CGT.
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