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» Surenio
Fecha: 07/05/2026 00:15
El recurso extraordinario presentado busca suspender la sentencia judicial del pasado 6 de abril, bajo la premisa de que el Estado no puede garantizar estos fondos sin paralizar funciones operativas fundamentales y programas de salud pública. BUENOS AIRES.- A través de la Procuraduría del Tesoro de la Nación, el Gobierno de Javier Milei presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para frenar la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad. El escrito, que solicita un efecto suspensivo sobre la sentencia dictada el pasado 6 de abril por la Cámara Federal de San Martín, advierte que el cumplimiento de la normativa demandaría una inversión de 3 billones de pesos, equivalentes al 0,35% del Producto Bruto Interno (PBI). Según el planteo oficial, esta erogación provocaría un desequilibrio fiscal capaz de poner en riesgo la sostenibilidad de todo el sistema de seguridad social y obligaría al Estado a paralizar funciones básicas. En su argumentación técnica, el Gobierno sostiene que la única forma de financiar esta ley sería mediante el desfinanciamiento de áreas críticas, planteando un escenario de exclusión mutua entre distintos sectores vulnerables. El recurso detalla que la inversión en discapacidad afectaría directamente el patrullaje de las fuerzas federales, la provisión de alimentos en establecimientos penitenciarios y programas de salud pública vitales, como el PACBI, encargado de asistir a pacientes con patologías de alto costo y baja incidencia que requieren tratamientos de alta complejidad. Esta estrategia judicial ha sido interpretada como un intento de contraponer derechos ciudadanos, sugiriendo que la protección de la población con discapacidad se lograría únicamente a expensas de la seguridad general y el acceso a medicamentos de otros grupos. Al fundamentar que para cumplir con una ley votada por los representantes del pueblo es necesario desatender otras áreas sensibles, el Ejecutivo traslada a la esfera judicial un dilema ético y social que enfrenta a destinatarios de políticas públicas, en lugar de explorar alternativas de financiamiento en sectores con mayor capacidad contributiva. Ante este escenario, el Foro de Discapacidad ha elevado un pedido directo a los ministros de la Corte Suprema para que rechacen el recurso extraordinario. Los sectores afectados denuncian que la propuesta gubernamental es una alternativa «oscura» que condiciona la supervivencia de unos a la carencia de otros, mientras se mantienen intactos los márgenes de ganancia de los sectores más acaudalados de la economía. El reclamo judicial busca que el máximo tribunal exija al Gobierno la búsqueda de soluciones integrales que garanticen una vida digna para las personas con discapacidad sin vulnerar los derechos básicos del resto de la sociedad.
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