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» Panorama
Fecha: 05/05/2026 15:18
Pidió intervenir en la causa impulsada por la CGT y defendió la vigencia de la nueva normativa laboral. La Sociedad Rural Argentina (SRA) se presentó ante la Justicia para apoyar la validez de la Ley de Modernización Laboral (27.802) y pedir que no se suspenda su aplicación, en el marco de la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado nacional. La entidad solicitó intervenir como tercero en el expediente Confederación General del Trabajo c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa", adhiriendo a la defensa del Gobierno nacional respecto de la constitucionalidad y plena vigencia de la norma. La participación de la Sociedad Rural se fundamenta en el impacto directo que una eventual suspensión o declaración de inconstitucionalidad podría tener sobre el empleo, los costos productivos y el funcionamiento de las actividades económicas, especialmente en el sector agropecuario. En ese sentido, la SRA advirtió que frenar la ley afectaría la previsibilidad jurídica y el normal desenvolvimiento de las relaciones laborales en todo el país. Asimismo, respaldó la postura del Estado Nacional en relación con la competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal, señalando que este tipo de causas donde se discute la validez de una ley del Congreso no corresponde que sean tratadas por la Justicia Nacional del Trabajo. La entidad, que preside Nicolás Pino e integra la mesa de enlace, también cuestionó la medida cautelar que suspendió la aplicación de la ley, al considerar que implica una alteración del principio de división de poderes, al dejar sin efecto una norma aprobada por el Congreso. En relación con el fondo del asunto, sostuvo que la Ley 27.802 busca promover el empleo formal, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad, sin afectar derechos esenciales de los trabajadores. La modernización laboral no implica menos derechos, sino mejores herramientas para generar empleo, sostener la producción y fortalecer la seguridad jurídica, manifestaron. Finalmente, la SRA reafirmó su compromiso con la defensa de la producción, el trabajo formal y el respeto por las instituciones. Por otro lado, la SRA expresó su posición ante las versiones sobre la creación de un fideicomiso para financiar el mantenimiento de las rutas que conectan con los puertos del Gran Rosario. En primer lugar, entendemos la importancia estratégica de contar con una infraestructura vial adecuada, eficiente y sostenible, especialmente en regiones clave para la exportación agroindustrial. En este sentido, destacamos el trabajo técnico e institucional que viene desarrollando la Bolsa de Comercio de Rosario, aportando diagnósticos y propuestas que contribuyen a visibilizar la magnitud de los desafíos logísticos en la región, expresaron los ruralistas. El estado de las rutas y accesos portuarios es un factor determinante para la competitividad del sector. Por eso, consideramos fundamental que los productores agropecuarios formen parte activa de este tipo de iniciativas, participando en los espacios de discusión y construcción de soluciones que impactan directamente en su actividad, afirmaron. Sin embargo, advirtieron que la implementación de una nueva tasa sobre el transporte de cargas implicaría, en los hechos, un aumento adicional de los costos logísticos que recaerá directa o indirectamente sobre los productores agropecuarios, en un contexto ya marcado por una elevada presión impositiva. Asimismo, evaluaron que el financiamiento de la infraestructura productiva debe formar parte de una política integral, en la que el Estado nacional y provincial asuman su responsabilidad en la provisión de bienes públicos esenciales. Reafirmamos nuestra disposición al diálogo constructivo con las autoridades y con las instituciones involucradas, con el objetivo de encontrar soluciones que mejoren la infraestructura sin comprometer la sustentabilidad económica de los productores, concluyó el comunicado.
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