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  • Muerte de Ángel López: presentaron una denuncia contra una psicóloga del sistema de protección

    Parana » Ahora

    Fecha: 05/05/2026 16:48

    A un mes de la muerte de Ángel López, el caso sumó un nuevo capítulo judicial con la presentación de una denuncia penal contra una psicóloga del Servicio de Protección de Derechos (SPD) de Comodoro Rivadavia. La profesional señalada es Jennifer Grisel Leiva, cuya actuación quedó bajo cuestionamiento por presuntas irregularidades en el abordaje del caso. Qué plantea la denuncia La presentación fue realizada por el abogado Roberto Castillo, representante legal del padre del niño, y atribuye a la psicóloga un presunto accionar negligente. Según se informó, en el escrito se mencionan posibles delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad en informes periciales y abandono de persona seguido de muerte, entre otras figuras que ahora deberán ser evaluadas por la Justicia. Qué medidas pidieron Además de determinar si existió responsabilidad penal, la denuncia solicita medidas cautelares mientras avanza la causa. Entre ellas, se pidió la suspensión preventiva de la profesional en sus funciones dentro del SPD, la prohibición de salida del país y el secuestro de documentación vinculada a su legajo personal y profesional. También se requirió preservar informes técnicos y expedientes relacionados con intervenciones realizadas por la denunciada durante los últimos dos años. El foco puesto en la intervención estatal Uno de los puntos centrales del planteo judicial está vinculado con el funcionamiento del sistema de protección y con el análisis de los expedientes de revinculación familiar que estuvieron bajo la órbita del equipo técnico al que pertenece la psicóloga. En ese marco, la querella pidió además la designación de un perito psicólogo forense independiente para auditar la actuación de la profesional y la toma de testimonios considerados clave. Qué puede pasar ahora A partir de la presentación, será la Justicia la que deberá analizar el contenido de la denuncia y resolver si hace lugar a las medidas solicitadas. El caso volvió a poner bajo discusión los mecanismos de control y el rol de los equipos técnicos estatales que intervienen en situaciones de alta vulnerabilidad.

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