05/05/2026 10:43
05/05/2026 10:43
05/05/2026 10:43
05/05/2026 10:43
05/05/2026 10:43
05/05/2026 10:43
05/05/2026 10:43
05/05/2026 10:43
05/05/2026 10:43
05/05/2026 10:43
Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 05/05/2026 09:24
El atril de la Casa Rosada, ese púlpito desde el cual Manuel Adorni acostumbra a repartir ironías y cátedras de gestión, parece haberle quedado chico. O, mejor dicho, demasiado cómodo frente a la realidad judicial que hoy le toca atravesar. La noticia de que la diputada Marcela Pagano ha solicitado formalmente su detención no es solo un trámite procesal más; es el momento en que el protagonista de la conferencia diaria descubre que, cuando la Justicia decide investigar el patrimonio, los chistes sobre el fin no sirven para desactivar una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La acusación que pesa sobre el jefe de Gabinete es, cuanto menos, cinematográfica. Según se desprende del expediente, en los momentos previos a que el contratista Matías Tabar declarara sobre los más de 245 mil dólares que habrían fluido sin factura para refaccionar la casa del funcionario en el country Indio Cuá, el propio Adorni habría intentado ejercer esa forma tan particular de persuasión que en los pasillos judiciales se conoce como apriete. La maniobra, según la denuncia, incluyó desde ofertas de ayuda de su equipo hasta sugerencias muy poco sutiles de borrar mensajes de WhatsApp. Al parecer, el vocero olvidó que en la era digital, hasta los intentos de borrar evidencias dejan una huella digital imborrable. Lo más irónico de esta historia es el uso de la doctrina Irurzun, ese mismo criterio jurídico que tanto se utilizó para aplicar prisiones preventivas en causas de corrupción pasadas y que ahora, por un giro del destino, es el arma que la denunciante esgrime en su contra. La solicitud de arresto no busca castigar una supuesta fuga, sino evitar que quien ocupa una de las sillas más poderosas del Gobierno siga utilizando su estructura y capacidad de influencia para ayudar a los testigos a recordar o a olvidar detalles inconvenientes sobre obras millonarias en efectivo. La escena es digna de análisis: un funcionario que se jacta de su transparencia y de su verborragia cotidiana se ve ahora obligado a ensayar explicaciones que ni siquiera su experimentado equipo de comunicación puede blindar. Mientras intenta esquivar el bulto en las conferencias, la Justicia avanza sobre la compra de propiedades y esos viajes que, según la lupa fiscal, difícilmente encajen en el nivel de ingresos que el funcionario ha declarado. Parece que, finalmente, el libreto de la gestión se le terminó, y ahora el jefe de Gabinete deberá enfrentar una realidad donde los datos que tanto le gusta citar son, precisamente, los que lo mantienen bajo la estricta mirada del fiscal.
Ver noticia original
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por