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» Sanluis 24
Fecha: 04/05/2026 18:08
Este lunes se realizó una audiencia ante el Tribunal de Impugnaciones de la Primera Circunscripción Judicial en el marco de un recurso de apelación presentado por la querella contra una resolución del Juzgado de Garantía Nº 3, a cargo del juez Marcos Flores Leyes, que declaró prescripta la acción penal, archivó la causa y rechazó la realización de un juicio por la verdad en una investigación por presuntos delitos contra la integridad sexual. El tribunal estuvo integrado por las juezas Laura Molino (presidenta), Jorge Sabaini Zapata y Yanina Del Viso. Durante la audiencia, las representantes de la querella solicitaron revocar la decisión y permitir que el caso avance, argumentando que los hechos denunciados ocurrieron en la década de 1990, cuando las víctimas eran niñas. Las abogadas sostuvieron que la prescripción no debe analizarse de forma estrictamente formal, sino teniendo en cuenta tratados internacionales de derechos humanos, y remarcaron la importancia del llamado tiempo de las víctimas, ya que muchas personas logran denunciar este tipo de hechos recién en la adultez. De manera alternativa, pidieron que, si se mantiene la prescripción, se habilite un juicio por la verdad, es decir, un proceso judicial sin fines punitivos orientado al esclarecimiento de los hechos y a brindar reparación simbólica a las víctimas. Durante la audiencia, las tres denunciantes pudieron declarar ante el tribunal, donde relataron sus experiencias y destacaron las dificultades que atravesaron para hablar durante años. Subrayaron que su objetivo no es una condena, sino el reconocimiento de lo ocurrido y una respuesta judicial. Por su parte, la fiscal Delia Bringas sostuvo que la acción penal está prescripta, lo que impide continuar con el proceso, y afirmó que no existe normativa vigente que permita realizar un juicio por la verdad en este tipo de casos. En la misma línea, la defensa del acusado pidió rechazar la apelación y confirmar el archivo de la causa, argumentando que avanzar sin posibilidad de pena vulneraría garantías constitucionales como el debido proceso y el derecho de defensa. También advirtieron que los juicios por la verdad han sido mecanismos excepcionales aplicados en delitos de lesa humanidad, y no en delitos comunes. Durante la audiencia, además, el tribunal rechazó un planteo de la defensa que cuestionaba la participación del Ministerio Público Fiscal, al considerar necesario garantizar que todas las partes sean escuchadas. Finalmente, tras oír a los intervinientes, el tribunal informó que la resolución será emitida por escrito en los plazos legales, lo que definirá si el caso puede avanzar o queda definitivamente cerrado.
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