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» Surenio
Fecha: 04/05/2026 00:15
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la convocatoria a elecciones constituyentes, que está prevista para el 9 de agosto, mantiene plena vigencia; a pesar de lo votado en la Legislatura. USHUAIA.- La disputa por la reforma de la Constitución en Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político. Luego de que la Legislatura provincial aprobara la derogación de la ley que habilitaba el proceso constituyente en una extensa y controvertida sesión, el gobernador Gustavo Melella confirmará en las próximas horas que vetará la medida -por considerarla inconstitucional- y sostendrá el proceso eleccionario. La decisión legislativa, adoptada en la madrugada del 1° de mayo tras horas de debate interrumpido y negociaciones cruzadas, dejó sin efecto una norma sancionada en 2023 por el mismo cuerpo. El giro no solo sorprendió por su timing, sino también por el impacto institucional: abrió una disputa directa entre poderes del Estado en un proceso que ya se encontraba en marcha. Desde el Ejecutivo sostienen que la convocatoria a elecciones constituyentes -prevista para el 9 de agosto- mantiene plena vigencia. Recuerdan que el proceso ya fue validado judicialmente y que, una vez activado, no puede ser desarticulado por una decisión posterior del Poder Legislativo. En esa línea, especialistas en derecho constitucional coinciden en que la ley que habilita una reforma cumple su función al poner en marcha el proceso y pierde capacidad de ser modificada una vez que el cronograma electoral está en curso. En contraste, sectores opositores defienden la potestad de la Legislatura para revisar sus propias decisiones y justifican la derogación como una corrección política frente a un escenario que, aseguran, cambió desde la aprobación original. La votación reflejó un reordenamiento de fuerzas: con 11 votos a favor, bloques diversos -incluidos sectores del justicialismo, espacios libertarios y fuerzas provinciales-, avanzaron contra la iniciativa oficialista, que quedó en minoría. Detrás del debate jurídico subyace una disputa política más profunda. Las tensiones entre el gobierno provincial y actores clave del escenario local, particularmente en Ushuaia y Río Grande, reconfiguraron alianzas y dejaron al descubierto una puja por el control del rumbo institucional. En ese contexto, la reforma constitucional aparece tanto como un proyecto de transformación y como un campo de batalla entre liderazgos enfrentados. El oficialismo, por su parte, insiste en que los cambios propuestos buscaban actualizar el sistema político provincial. Entre ellos, se incluían límites a la reelección indefinida de legisladores, eliminación de cargos vitalicios y la introducción de medidas orientadas a la transparencia y la modernización del Estado. Para el Ejecutivo, frenar la reforma implica sostener estructuras que consideran obsoletas. Uno de los puntos que más inquieta a los analistas es el carácter inédito del conflicto: Nunca antes, señalan, se intentó interrumpir un proceso electoral constituyente ya convocado y en marcha en más de una instancia. Primero fue la judicialización que alteró el cronograma; ahora, una decisión legislativa que busca anularlo. Esta superposición de acciones coloca al caso en un terreno excepcional dentro del sistema institucional argentino. Con el veto anunciado, el escenario permanece abierto. La Legislatura podría insistir en su postura, lo que escalaría el conflicto hacia una definición judicial. En ese marco, la resolución no solo determinará el futuro de la reforma, sino también los límites entre los poderes del Estado en un proceso que ya tensiona al máximo la arquitectura institucional de la provincia. La votación en la madrugada A las 3:50 de este viernes la Legislatura resolvió derogar la Ley Provincial 1529, la cual habilita al Ejecutivo provincial a hacer el llamado a elecciones de convencionales constituyentes, para la reforma parcial de la Constitución Provincial. La derogación fue aprobada por 11 votos: Los legisladores de Somos Fueguinos: Jorge Lechman y Raúl Von der Thusen; los legisladores del Partido Justicialista Victoria Vuoto, Juan Carlos Pino y Tomás García; los legisladores del Movimiento Popular Fueguino: Damian Löffler y Pablo Villegas y legisladores de La Libertad Avanza: Natalia Gracianía, Luciano Selzer; la legisladora del Partido Verde: Laura Colazo y el legislador de Provincia Grande: Matías Lapadula. Los únicos legisladores que buscaron sostener la vigencia de la ley para la reforma de la Constitución fueron los oficialistas Federico Sciurano, Myriam Martínez y Federico Greve; y la legisladora de Sumemos Tolhuin: Gisela Dos Santos. La iniciativa había sido impulsada por Jorge Lechman, quien además pidió en plena sesión adelantar el tratamiento del asunto. La moción fue acompañada por el cuerpo y permitió que la derogación se discutiera antes de lo previsto. Al hacer uso de la palabra, Lechman recordó la vigencia histórica de la Carta Magna fueguina: Hoy, primero de mayo, esta Constitución cumple 34 años, 10 meses y 30 días. 12.753 días de vigencia.
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