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» Clarin
Fecha: 03/05/2026 21:09
Alberto Fernández continúa bajo investigación, pero un polémico fallo de la Cámara Federal de Casación Penal le permitió ganar tiempo. La Sala II de la Cámara Federal, que en noviembre de 2025 había confirmado el procesamiento de Fernández por corrupción en la causa Seguros, deberá analizar esa decisión nuevamente tras el fallo del máximo tribunal penal que, con un voto dividido, anuló aquella decisión que dejaba al ex Presidente a un paso del juicio oral y público. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Desde una falta de mérito hasta un nuevo procesamiento con más -o nuevos- fundamentos son algunos de los caminos que se abren. El expresidente de la Nación aún se encuentra procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario. La Casación no se pronunció sobre el fondo: si Alberto Fernández cometió delitos de corrupción o no. Sino que ordenó al Tribunal que confirmó esa acusación dictada por el juez federal, Sebastián Casanello, que revise la decisión. Un cuestionado decreto firmado por Fernández, 45 contratos, 25 intermediarios de Seguros, comisiones millonarias, una cooperativa que funcionó como financiera y un posible direccionamiento de los contratos son algunas de las piezas que componen lo que la justicia denominó una estructura criminal para desviar fondos públicos a privados. El monto de las comisiones pagadas a intermediarios de contratos entre organismos públicos, supuestamente con irregularidades y direccionamientos -según consta en la acusación- fue de más de 3 mil millones de pesos. Un dato sobresale en el procesamiento de Casanello: a la hora de determinar quiénes fueron los más beneficiados con la maniobra, se ubicó en primer lugar la firma Héctor Martínez Sosa y Compañía, que intervino en calidad tanto de productor asesor directo como organizador de otros productores". Martínez Sosa es el marido de María Cantero, la histórica secretaria privada de Fernández. Se calcula que las comisiones percibidas por el grupo alcanzaron los 2.297.820.134,36 pesos, equivalente a un 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales durante el gobierno de Alberto Fernández. Esos empresarios se encuentran procesados y con las acusaciones confirmadas, pero ahora se abre una gran interrogante sobre la situación procesal de ellos, ya que se encuentra ligada al accionar de Alberto Fernández. La acusación dictada por el juez de instrucción y que la Cámara Federal había confirmado, acusa a todos los imputados de haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros. Los brokers de seguros, sostiene la causa,con la connivencia de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta. Pero una decisión del fiscal que interviene ante la Cámara Federal -José Luis Agüero Iturbe- dejó la puerta abierta para el fallo que el miércoles firmó el máximo tribunal penal. La defensa de Alberto Fernández reclamó que no se había escuchado a algunos testigos sugeridos por el ex Jefe de Estado, como Vilma Ibarra, quien fue su Secretaria Legal y Técnica. Agüero Iturbe adhirió a ese reclamo. En otras palabras, entendió que había que dictar una falta de mérito porque había medidas de prueba que no se habían producido para arribar a la conclusión del procesamiento. Los jueces de la Casación (que está por encima de la Cámara de Apelaciones), Mariano Borinsky y Javier Carbajo entendieron que ese reclamo debía atenderse y anularon la confirmación del procesamiento: no dijeron que Alberto Fernández era inocente, sino que su planteo tiene sustento suficiente para ser considerado en respeto a las garantías del proceso. En su polémica decisión Borinsky y Carbajo solo tomaron en consideración la postura del fiscal Iturbe, que había sido desechada por la Cámara Federal y por un fiscal superior, Raúl Pleé. En cambio, en minoría, el juez Gustavo Hornos consideró que asistía razón jurídica a la confirmación del procesamiento por corrupción. La causa vuelve a la Cámara Federal Ahora el expediente volverá a la Sala II de la Cámara Federal, y en primer lugar -como explicaron fuentes judiciales a Clarín- hay que esperar a ver si en los próximos días no son recusados los jueces Irurzun, Farah y Boico, ya que los tres en un fallo por unanimidad ya fijaron criterio sobre la situación: votaron que el procesamiento contra Fernández debía confirmarse y continuar hacia la etapa siguiente, que es el juicio oral y público. Dentro de las alternativas que se abren se encuentra la de acatar directamente lo señalado por los jueces de la Casación y dictar una falta de mérito, lo que devolvería la causa al juez de instrucción que ahora es Ariel Lijo -quien reemplazó a Casanello en la suplencia del juzgado que tiene el expediente- para que analicen nuevamente todas las medidas de prueba impulsadas, evalúe si es necesario tomar las declaraciones testimoniales que pidió la defensa y nuevamente, resolver la situación procesal. Ese camino es el que le permite ganar más tiempo al ex Presidente. Atada a esta alternativa podría haber una consecuencia mayor, lo que se conoce como un efecto extensivo de la resolución. En esta causa hay un conjunto de empresarios que se encuentran procesados como resultado del accionar de Alberto Fernández. Podría haber una derivación directa y si se dicta una falta de mérito la misma podría alcanzar a quienes tenían las acusaciones ya confirmadas por la Cámara, indicó una fuente judicial. Hay un dato que no es menor. En la Cámara Federal el juez Eduardo Farah advirtió una contradicción en el planteo del fiscal Agüero Iturbe, quien por una lado pidió la confirmación de los procesamientos de aquellos brokers que se vieron beneficiados con el accionar delictivo de Fernández, pero en simultáneo pidió la falta de mérito para quien está señalado como cabeza de la estructura criminal. Esa misma observación realizó en la Casación el juez Hornos. En el nuevo escenario, la Sala II de la Cámara Federal puede optar por sostener su criterio con mayores fundamentos de porqué no puede hablarse de falta de impulso fiscal, ya que la postura de Agüero Iturbe fue tomada por la Casación como falta de acción del Ministerio Público. A partir del lunes, los jueces Farah, Boico e Irurzun comenzarán a analizar la situación tras el fallo del máximo tribunal penal. Qué había dicho la Cámara Alberto Fernández está acusado de haber firmado el decreto 823/21, por el cuál todos los ministerios y organismos del Estado nacional tenían que contratar a Nación Seguros. Tras esa decisión, el broker Martínez Sosa y sus empresas cobraron el 60% de las comisiones de seguros. Un factor clave fue la influencia que tenía Martínez Sosa -recordemos, esposo de María Cantero, secretaria privada de Alberto Fernández- sobre el entonces presidente. Fue el celular de Cantero el que permitió desnudar gran parte de la maniobra investigada. "Tenemos que estar más tranquilos y todo va a encaminarse. Vos tenés que estar tranquilo y ocuparte solo de las cosas importantes. Tenés un amigo Presidente. Esto pasa una vez en la vida. Y hay que ir con calma. Yo soy tu respaldo al lado de tu amigo Presidente. Somos equipo, no necesitamos más que eso. Estamos de acuerdo?, le dijo Cantero a su esposo en una de las conversaciones. Fue en función de ellos que los camaristas destacaron las influencias de Martínez Sosa y Cantero: "Sus acciones mantuvieron la lógica que ya había comenzado en los meses previos a la asunción presidencial, ahora utilizando directamente el rol que tenía la segunda en la oficina de presidencia y, se sospecha, los del entorno que se explicó más arriba- para conseguir reuniones y usufructuar contactos". Por su lado, el juez de la Cámara Eduardo Farah entendió que las pruebas e indicios revelados en el procesamiento que firmó el magistrado Casanello avalan la inferencia de que cumplió un rol crucial para que Martínez Sosa se hiciera de esa cantidad de contratos públicos". Particular análisis mereció la amistad del ex Presidente con Martínez Sosa. Al respecto el juez Farah añadió: "El estrecho vínculo que los une no se reducía a María Cantero, esposa de Martínez Sosa y secretaria de Fernández: existía entre ellos, además de una relación de amistad, actividad comercial, una deuda periódicamente renovada, financiamiento de gastos personales, obsequios, etc". Sobre la firma Newsletter Clarín
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