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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 03/05/2026 13:28
Del informe de gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó ante el Congreso surgió que el Gobierno fijó en apenas u$s45 millones el precio base para privatizar Intercargo, pese a que la empresa estatal registra activos corrientes por u$s55 millones y un superávit de u$s20 millones en 2023. La firma, que brinda servicios de rampa y transporte de pasajeros en los principales aeropuertos del país, tuvo el año pasado un resultado positivo de u$s20 millones. Según el propio detalle oficial, cuenta con u$s55 millones en activos corrientes, pero aun así el Ejecutivo definió un valor base de venta de u$s45 millones. En paralelo, desde el sector aeronáutico y gremial advierten que, con esta operatoria, los destinos turísticos no rentables podrían quedar sin servicio si los futuros dueños deciden concentrarse solo en las plazas más rentables. Un precio base por debajo del patrimonio De acuerdo con el informe de Adorni, Intercargo posee u$s55 millones en activos corrientes y solo entre efectivo e inversiones suma u$s38,5 millones. Pese a ello, el pliego de privatización fija un precio base de u$s45 millones, es decir, por debajo de lo que la propia documentación oficial reconoce como activos líquidos y de corto plazo. Ámbito accedió en exclusiva a un documento oficial que agrega otra capa de información: la empresa tiene además unos u$s38 millones en activos fijos distribuidos en distintos aeropuertos del país. El relevamiento, realizado a fines del año pasado, contabiliza rampas, vehículos, computadoras y mobiliario en Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Rosario, Puerto Madryn, Corrientes, San Juan, Neuquén, Santa Fe, Salta y Bariloche, entre otros puntos. Con esos datos, solo entre activos fijos y corrientes Intercargo acumula alrededor de u$s93 millones. Fuentes de la compañía señalaron a ese medio que el superávit de 2023 fue de unos u$s20 millones y que en el balance no aparecen pasivos significativos que justifiquen una valuación tan baja para su privatización. Privatizaciones para sostener el superávit fiscal El caso Intercargo se inscribe en la estrategia general del Gobierno de Javier Milei de avanzar con privatizaciones y concesiones para reforzar las cuentas públicas en un contexto de caída de la recaudación. El resultado fiscal muestra tensiones: si se contabiliza el crecimiento de $2 billones de la deuda flotante, el mes de marzo habría arrojado un déficit. Con una porción de los gastos indexados por ley y un margen cada vez más acotado para nuevos recortes, el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó a captar unos u$s2.000 millones en privatizaciones y concesiones hasta fin de año, según expuso en la Expo EFI. En ese marco, el Ejecutivo ya anunció cuáles serán las próximas privatizaciones y concesiones que busca concretar antes de diciembre, entre las que se cuentan Intercargo y la privatización de Transener, donde compiten tres ofertas por el control de la red eléctrica. Cuestionamientos a las tasaciones oficiales La política de venta de activos estatales también genera ruido por los criterios de valuación. El objetivo es vender todas las empresas y cerrar las que no tienen sentido, afirmó esta semana a Infobae el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher. El funcionario, a cargo del proceso de privatizaciones, detalló que la estrategia no distingue entre compañías deficitarias y firmas con balances en positivo: la orden presidencial es vender todo, remarcó. Sin embargo, desde el propio Estado surgen críticas a los precios fijados. Un alto funcionario de carrera explicó a Ámbito que todas las tasaciones están por lo menos un 50% por debajo del valor de los bienes, advirtió. Según esa fuente, la clave de la subvaluación está en el método elegido: se privilegia un enfoque basado en el flujo de fondos descontado, que desploma los valores por los elevados niveles del riesgo país. De ese modo, se deja en segundo plano un análisis patrimonial más profundo que contemple el valor real de los bienes de uso. Entre especialistas y técnicos llama la atención que sea el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) el encargado de valuar las compañías a privatizar, organismo que, según describen, fue colonizado por funcionarios oficialistas. Al mismo tiempo, casi no habría intervención efectiva del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que cuenta con personal de carrera especializado en la materia. Riesgo para aeropuertos del interior y empleo La desregulación impulsada por el gobierno de Milei le quitó a Intercargo su posición monopólica en el mercado de servicios de rampa. Tras esa decisión, unas doce empresas privadas se sumaron al negocio, aunque por ahora con una presencia casi testimonial. En la práctica, sigue siendo la firma estatal la que garantiza el servicio en gran parte del territorio. Con los aeropuertos rentables, que son Ezeiza y Aeroparque, financia la operación en el resto del país, explicó una fuente gremial consultada por ese medio. En ese sentido, advirtió que el pliego no garantiza la continuidad del servicio más allá de 180 días en aquellos puntos donde los nuevos dueños consideren que no es negocio operar. Pone en peligro el servicio en al menos catorce aeropuertos, alertó un sindicalista, al tiempo que los gremios calculan que unas 1.500 fuentes de trabajo quedarían en riesgo si se concretara la privatización en las condiciones actuales. En medio de la controversia, el Gobierno decidió ampliar el plazo para la presentación de ofertas, que pasó del 7 de mayo al 10 de junio. Mientras tanto, en redes sociales también se multiplican las críticas. El usuario de X @GDoggBA, que sigue de cerca la actualidad del sector aeronáutico, ironizó sobre el precio base fijado por el Ejecutivo: La empresa podría pagarse a sí misma, sentenció.
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