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Concordia » El Heraldo
Fecha: 02/05/2026 01:31
Cuando lo urgente se devora el futuro En la Argentina, lo urgente casi siempre le gana a lo importante. La inflación, la caída del salario, la falta de empleo, el endeudamiento, el déficit fiscal, la recesión, la tensión social o la próxima elección suelen ocupar todo el espacio de la discusión pública. Vivimos corriendo detrás del incendio del día. El problema es que, mientras el país discute cómo apagar la urgencia inmediata, muchas veces deja de construir las bases del futuro. Ese es uno de los grandes dramas argentinos: no solo tenemos crisis recurrentes, sino que además esas crisis nos impiden pensar estratégicamente. La emergencia se transforma en método de gobierno. La coyuntura reemplaza al proyecto. El ajuste desplaza a la planificación. Y el presupuesto público, que debería ser una herramienta para ordenar prioridades nacionales, termina reducido a una planilla contable de supervivencia. Pero hay un punto que la Argentina ya no puede seguir postergando: la educación. No como consigna vacía, no como frase políticamente correcta, sino como prioridad fiscal, productiva, institucional y nacional. Porque en el siglo XXI, un país que no invierte en conocimiento no solo pierde competitividad: pierde soberanía económica. Desde una mirada de finanzas públicas, no todo gasto tiene la misma naturaleza. Hay erogaciones que sostienen el funcionamiento cotidiano del Estado, otras que responden a la emergencia, y otras que constituyen inversión estratégica. La educación pertenece a esta última categoría. Recortarla puede mejorar transitoriamente un resultado fiscal, pero deteriora silenciosamente el balance patrimonial de la Nación. Ese deterioro no siempre se ve en el corto plazo. No aparece inmediatamente en el déficit primario, ni en el resultado financiero, ni en la caja mensual del Tesoro. Pero se acumula en forma de menor productividad, menor innovación, menor movilidad social, menor calidad institucional y menor capacidad de crecimiento. En otras palabras: se paga más adelante, con intereses. Los datos educativos son una señal de alarma. En las pruebas PISA 2022, Argentina se ubicó por debajo del promedio de la OCDE en matemática, lectura y ciencias. Solo el 27% de los estudiantes alcanzó al menos el nivel básico en matemática, frente al 69% promedio de la OCDE; en lectura lo hizo el 45%, y en ciencias el 46%. No estamos ante una simple estadística educativa. Estamos ante un indicador anticipado de productividad futura. Una economía moderna necesita trabajadores capaces de interpretar información, resolver problemas, adaptarse a nuevas tecnologías, innovar, emprender y participar en procesos productivos cada vez más complejos. Si el sistema educativo no garantiza esas capacidades básicas, el país queda condenado a competir por salarios bajos, recursos naturales o ventajas transitorias. Ese camino no conduce al desarrollo: conduce al estancamiento. Aquí aparece un concepto central para entender el problema: la trampa del ingreso medio. El Banco Mundial advierte que muchos países logran crecer durante una primera etapa, pero luego se estancan porque no consiguen pasar de una economía basada en inversión y bajos costos a otra basada en innovación, productividad y conocimiento. Desde 1990, solo 34 economías de ingreso medio lograron dar el salto hacia el ingreso alto, mientras que muchas otras quedaron atrapadas. La trampa del ingreso medio no es una abstracción académica. Es una advertencia concreta para la Argentina. Un país puede tener recursos naturales, talento individual, historia productiva y capacidad empresarial, pero si no construye instituciones, infraestructura, educación, ciencia y tecnología, no logra sostener el crecimiento en el tiempo. El Banco Mundial plantea que las economías de ingreso medio necesitan avanzar desde la inversión hacia la incorporación de tecnología y, finalmente, hacia la innovación. Es decir, no alcanza con ordenar la macroeconomía, atraer capitales o estabilizar algunas variables. Para dar el salto se necesita construir capacidades internas: talento, investigación, empresas dinámicas, competencia, instituciones modernas y un Estado inteligente. Philippe Aghion, uno de los economistas más influyentes en la teoría del crecimiento basado en innovación, sostiene que el desarrollo depende de la transformación estructural, la competencia, la creatividad y las instituciones que permiten la llamada destrucción creativa. Esto significa que el crecimiento no surge simplemente de hacer más de lo mismo. Surge de cambiar cómo se produce, cómo se aprende, cómo se innova y cómo se asignan los recursos. Ese es el núcleo de la discusión argentina. No alcanza con estabilizar. No alcanza con ajustar. No alcanza con equilibrar las cuentas públicas si ese equilibrio se consigue debilitando las capacidades futuras del país. La universidad pública, en este contexto, no puede ser vista como un gasto sectorial ni como una corporación que defiende privilegios. Las universidades son parte de la infraestructura productiva de un país. Forman médicos, ingenieros, docentes, investigadores, abogados, científicos, programadores, economistas, especialistas en energía, tecnología, salud, ambiente y gestión pública. También producen conocimiento, investigación aplicada, innovación tecnológica y pensamiento crítico. Cuando se debilita el sistema universitario, se afecta la capacidad nacional de agregar valor. Se debilita la posibilidad de desarrollar sectores productivos complejos. Por eso preocupa la situación presupuestaria del sistema universitario nacional. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, mientras que los salarios universitarios perdieron alrededor del 32% de poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y febrero de 2026. Estos datos no deben leerse solo como un conflicto salarial o presupuestario. Deben leerse como una señal de deterioro institucional. En finanzas públicas existe una diferencia fundamental entre ajustar el gasto improductivo y desfinanciar capacidades estratégicas. El primer camino puede ordenar al Estado. El segundo puede achicar el futuro. Una cosa es revisar programas ineficientes, mejorar compras públicas, eliminar privilegios, ordenar transferencias mal diseñadas o profesionalizar la administración. Otra muy distinta es debilitar educación, ciencia, salud, infraestructura básica o capacidades estatales esenciales. La Argentina necesita equilibrio fiscal, sin dudas. Pero también necesita equilibrio intergeneracional. Y esa dimensión casi nunca aparece en la discusión pública. Cada vez que el Estado decide no invertir en educación, traslada un costo al futuro. Cada vez que se deteriora el salario docente, se deteriora la calidad del sistema. Cada vez que se paraliza una investigación, se pierden años de acumulación de conocimiento. Cada vez que un joven abandona la universidad porque no puede sostenerse, el país pierde una posibilidad de innovación. El problema es que esas pérdidas no tienen una factura inmediata. Nadie recibe mañana una boleta que diga: costo fiscal futuro por haber desfinanciado la educación. Pero esa factura existe. Llega en forma de baja productividad, informalidad, pobreza persistente, menor recaudación, dependencia tecnológica, fuga de talentos y menor crecimiento potencial. El mundo se está reorganizando alrededor de la inteligencia artificial, la transición energética, la biotecnología, la automatización, los datos, la robótica, la industria del conocimiento y las nuevas cadenas de valor. Los países que lideren esas transformaciones serán los que inviertan de manera sostenida en capital humano. La Argentina no puede mirar esta transformación desde la tribuna. Tiene universidades, científicos, profesionales, emprendedores, industria del software, recursos naturales estratégicos, energía, alimentos y talento. Pero todo eso necesita una arquitectura de desarrollo. Necesita ciencia aplicada. Necesita financiamiento. Necesita reglas estables. Necesita un Estado que no confunda austeridad con abandono. La Argentina necesita una regla de responsabilidad educativa tan importante como la regla de responsabilidad fiscal. Una regla política, institucional y presupuestaria que establezca que ningún programa de estabilización puede considerarse exitoso si destruye capital humano. Porque el verdadero equilibrio no es solo entre ingresos y gastos. Es entre presente y futuro. La educación debe ser la gran causa nacional de los próximos años. Si bien lo urgente importa, en este tiempo histórico, la prioridad no puede ser solamente cerrar el mes: tiene que ser abrir el siglo.
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