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» Plan B noticias
Fecha: 01/05/2026 10:40
Los trabajadores cobraban 78 mil pesos por mes desde diciembre de 2023, ya que el gobierno libertario lo congeló. En La Pampa la eliminación afecta a 2349 personas que gastan 100 millones de pesos en la provincia. Una vez más, el PRO, la UCR y CO se negaron a votar el repudio a una política de Milei porque dicen que no son temas de los vecinos y vecinas a los que representan. Por mayoría, y con el voto de desempate de la presidencia, se aprobó un proyecto de resolución que expresa rechazo y preocupación por la eliminación del programa Volver al trabajo. El concejal Mariano Alfageme lamentó la falta de acompañamiento de la oposición y advirtió que a partir de hoy un millón de trabajadores de la economía popular dejan de percibir este ingreso que era una asignación del 50% del Salario Mínimo, Vital y Movil, que fuera sancionado en el gobierno de Illia. El desmantelamiento de las políticas sociales continúa. Esto pulveriza un ingreso estable de miles de trabajadores. Esta era plata que quedaba en la gente y hoy eso desaparece. En nuestra provincia son 2500 familias que se quedan sin ingreso que acompañaba lo que generaban con su trabajo. El proyecto El concejal de Patria Grande en el FreJuPa, Mariano Alfageme, presentó un proyecto de resolución para rechazar la decisión nacional de eliminar el dispositivo Volver al Trabajo y solicitó que los legisladores nacionales impulsen la restitución del programa. Alfageme recordó que la Ley N° 27.345 de Emergencia Social, sancionada en 2016, reconoció por primera vez en nuestro país la existencia de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular porque generan valor, sostienen la vida y producen en sus comunidades, creando instrumentos específicos para su inclusión y protección, entre ellas el Salario Social Complementario. También creó el Consejo de la Economía Popular y el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATEP), reconociendo la necesidad de generar políticas públicas específicas para este sector. Resaltó que el Salario Social Complementario (SSC) fue una conquista histórica de las organizaciones de la economía popular (entre ellas la CTEP, hoy UTEP) en el reconocimiento de que millones de trabajadores y trabajadoras sostienen actividades económicas y sociales sin acceso a derechos laborales plenos y que dicho salario no constituye un plan asistencial sino un ingreso que complementa el trabajo ya existente, reconociendo tareas sociocomunitarias, productivas y de cuidado que el mercado y el Estado históricamente han invisibilizado. Este ingreso ha sido central para el sostenimiento de comedores, merenderos, espacios comunitarios, unidades productivas, cooperativas y redes de cuidado, particularmente protagonizadas por mujeres en los barrios populares, destacó. El Salario Social Complementario establecía su vinculación con el Salario Mínimo Vital y Móvil, reconociendo su carácter de derecho y su función como piso de ingresos para el sector pero en los últimos años se ha producido un proceso sistemático de desfinanciamiento, congelamiento y vaciamiento de estas políticas, desvinculando los ingresos de su actualización y deteriorando su poder adquisitivo. Agrega que las medidas del gobierno de Milei se inscriben en un esquema de ajuste que impacta de manera directa sobre los sectores más vulnerables, incluyendo la retención y demora en la entrega de alimentos destinados a comedores y merenderos comunitarios, lo que agrava la emergencia alimentaria en los barrios populares. Esas medidas son parte de una política de desfinanciamiento y desarticulación de la economía popular, afectando tanto los ingresos de los trabajadores y trabajadoras como las redes comunitarias que sostienen la vida cotidiana en amplios sectores de la población. Recordó que el Potenciar Trabajo (hoy Volver al Trabajo) funcionó como un complemento salarial individual vinculado a la realización de tareas en unidades productivas yconstituyó una herramienta central para el fortalecimiento de miles de unidades productivas, cooperativas y emprendimientos en todo el país, así como para la realización de obras y mejoramientos en barrios populares. Hoy el Gobierno Nacional avanza directamente en su eliminación, sin generar ninguna alternativa que garantice ingresos, trabajo ni protección social, dejando a la deriva a aproximadamente 900.000 trabajadores y trabajadoras que dejarían de percibir este ingreso, indica. Destaca que el gobierno de Milei desconoce la realidad del mundo del trabajo al afirmar que quienes perciben estos programas deben volver a un trabajo del que nunca se fueron, dado que se trata de trabajadores y trabajadoras que desarrollan múltiples actividades en condiciones precarias para sostener a sus familias y comunidades. Esta medida pone en riesgo el funcionamiento de miles de espacios comunitarios, comedores, emprendimientos y redes territoriales que hoy contienen la emergencia social en los barrios populares a lo que se le suma que el Gobierno Nacional ha desmantelado políticas de acompañamiento, formación, organización y fortalecimiento productivo, dejando a los trabajadores y trabajadoras sin herramientas para mejorar sus condiciones laborales. Además esta decisión se inscribe en un modelo económico que no genera empleo, destruye el existente y al mismo tiempo retira al Estado de su responsabilidad de garantizar condiciones mínimas de vida, profundizando la desigualdad y la exclusión. Estas políticas empujan a millones de trabajadores y trabajadoras a mayor precariedad, pluriempleo y autoexplotación. Por último dice que el Estado Nacional tiene la responsabilidad indelegable de garantizar condiciones de vida dignas y de reconocer el trabajo en todas sus formas, incluyendo aquellas que no se desarrollan en el mercado formal
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