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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 30/04/2026 17:48
El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revise la sentencia que habilitó la implementación de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, al advertir sobre su impacto fiscal y denunciar una situación de gravedad institucional. En su planteo, el Estado busca frenar el fallo que ordena la aplicación inmediata e integral de la norma y cuestiona que la Justicia haya dejado sin efecto el decreto que suspendía su vigencia. El fallo cuestionado y el rol de la Cámara Federal La justicia federal, mediante un fallo del juez Adrián González Charvay, había declarado inválido el artículo 2° del Decreto 681/2025 del Poder Ejecutivo, que suspendió la aplicación de la Ley 27.793, y ordenó su aplicación inmediata e integral. Posteriormente, la Cámara Federal de San Martín declaró abstracta la cuestión, decisión que fue ahora recurrida por el Estado Nacional a través del recurso extraordinario presentado ante la Corte. Gravedad institucional y riesgo para las finanzas públicas En la nueva presentación, el Estado sostuvo que el fallo apelado genera una situación de gravedad institucional, al tiempo que según argumentó al declarar abstracta la cuestión ratifica la declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 681/2025 y obliga al Estado Nacional a realizar enormes erogaciones presupuestarias sin que se hayan previsto las fuentes de financiamiento, remarcó. En esa línea, el recurso advierte que la ejecución de la ley produce consecuencias irreparables para el conjunto de la sociedad al comprometer las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal, y agrega que, por el alcance colectivo del proceso y su impacto, pone en riesgo el sostenimiento del sistema de seguridad social y el financiamiento de áreas críticas, alertó. El planteo oficial, interpuesto contra el fallo de la Cámara Federal de San Martín del 6 de abril pasado, también remarca que el caso excede el interés de las partes involucradas. Es claro que las cuestiones involucradas exceden el interés individual de las partes y afectan de modo directo al de la comunidad, sostiene el escrito, en el que se invocan precedentes del máximo tribunal en materia de gravedad institucional. Pedido de efecto suspensivo y alcance del recurso Además, el Gobierno solicitó expresamente que el recurso sea concedido con efecto suspensivo, es decir, que se frene la aplicación de la sentencia hasta que se expida la Corte Suprema. En ese sentido, indicó que la interposición del recurso extraordinario federal tiene efecto suspensivo frente a una sentencia definitiva y pidió que así se disponga de manera expresa. En el petitorio, la presentación requiere que se tenga por interpuesto el recurso en legal tiempo y forma, que se lo conceda con efecto suspensivo y que se eleven las actuaciones al máximo tribunal. Finalmente, solicita que la Corte Suprema revoque la decisión cuestionada. El origen del conflicto por la ley de emergencia en discapacidad El conflicto se originó tras la sanción de la ley por el Congreso en julio de 2025 y el posterior veto presidencial, que fue rechazado por el Poder Legislativo. Aunque el Poder Ejecutivo promulgó la norma, luego dispuso su suspensión mediante el Decreto 681/2025, con el argumento de que no se habían definido las fuentes de financiamiento. Esa decisión motivó una demanda colectiva. En la sentencia de fondo, el juez González Charvay declaró inválida la suspensión y sostuvo que el Ejecutivo avanzó sobre atribuciones propias del Congreso, en violación del principio de supremacía constitucional. El magistrado también descartó el planteo económico del Gobierno al señalar que la propia ley habilita al Jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para afrontar los gastos que demande la emergencia en discapacidad.
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