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Fecha: 30/04/2026 12:00
Si los hechos se confirman, no estamos ante una simple irregularidad: estamos ante un escándalo institucional que compromete fondos públicos, recursos policiales y la seguridad de la ciudadanía, afirmaron desde UCR Activa.
Según surge del planteo judicial, no se trataría de errores administrativos ni de hechos aislados, sino de un posible esquema organizado y sostenido en el tiempo. Determinados adicionales habrían sido registrados formalmente a nombre de algunos funcionarios, aunque en realidad eran realizados por otros policías, muchas veces en horario de guardia, utilizando móviles oficiales, armamento, logística institucional y recursos del Estado, señalaron luego.
Por su modalidad, el caso puede ser identificado como la causa de los ADICIONALES TRUCHOS, en inevitable referencia a los Contratos truchos de la Legislatura, aseveraron.
El mecanismo señalado es escandaloso: asignación selectiva a un grupo reducido, simulación de registros, uso de cuentas personales, extracción de dinero en efectivo, circulación informal de fondos y eventual entrega o redistribución hacia niveles superiores de la estructura policial. En otras palabras: se expone la posible existencia de una caja paralela montada sobre servicios policiales adicionales.
El escrito menciona casos vinculados a recarga de cajeros automáticos, objetivos fijos en barrios de Paraná, contrataciones con entidades privadas y registros de funcionarios que habrían figurado como prestadores sin cumplir efectivamente esas tareas. También señala que parte de esos servicios habrían sido ejecutados con personal y móviles del sistema 911, advirtieron.
Esto agrava el cuadro: no sólo se habrían afectado fondos públicos o administrados bajo control estatal. También se habría resentido el servicio de seguridad pública. Si móviles, armas y policías de guardia fueron utilizados para alimentar un circuito irregular, la ciudadanía pudo haber quedado con menos presencia policial, menor prevención y menor capacidad de respuesta ante emergencias, manifestaron desde UCR Activa.
La presentación estima que el sistema podría haber movilizado alrededor de 90 millones de pesos mensuales y hasta 7.200 millones de pesos en aproximadamente dos años. Son cifras preliminares, que deberán ser verificadas por la Justicia, pero su magnitud exige una respuesta inmediata, alertaron.
Si quienes exponen corrupción dentro de la Policía necesitan pedir protección frente a la propia estructura jerárquica, el problema excede un expediente penal: es una señal de alarma democrática.
En este marco, desde UCR Activa consideraron que el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, no puede mirar para otro lado. La Policía depende de su órbita política. Y el gobernador Rogelio Frigerio, que prometió encabezar el gobierno más honesto de la historia de Entre Ríos0, tiene una prueba concreta frente a sí.
El Gobierno provincial debe ordenar una auditoría integral, separar preventivamente a quienes puedan entorpecer la investigación, proteger a los denunciantes y poner toda la documentación a disposición del Ministerio Público Fiscal.
La sociedad tiene derecho a saber. La Justicia debe investigar. Y el Gobierno provincial tiene la obligación política de dar explicaciones, finalizaron. (APFDigital)
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