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Paraná » 9digital
Fecha: 28/04/2026 22:00
El abogado querellante Nelson Schlotthauer brindó detalles trascendentales a Canal 9 Litoral sobre el avance de la causa que investiga la muerte de Guillermo Ramírez, ocurrida bajo custodia policial el 25 de febrero del año pasado. El letrado confirmó la participación del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, un hecho que calificó como un hito jurisprudencial en la provincia. Respecto a la naturaleza de esta participación, Schlotthauer explicó: La gente del comité va a tomar intervención en el legajo, pero esa intervención no es como querellante sino en carácter de víctima, porque ellos representarían intereses colectivos o difusos. Según el abogado, esta facultad se apoya en un artículo del Código Procesal Penal de Entre Ríos que hasta el momento no había sido utilizado, lo que abre una puerta fundamental para que organizaciones no gubernamentales o personas jurídicas participen en casos de delitos contra la administración pública o con intervención del Estado. Hacia la elevación a juicio La causa se encuentra actualmente en una etapa definitoria tras la reciente restitución del cuerpo de la víctima a sus familiares. El proceso para la entrega del cadáver fue extenso, debido a que, tras la autopsia inicial y los informes complementarios finalizados en noviembre, la defensa presentó una oposición que se prolongó hasta hace pocos días. Finalmente, la justicia dio la razón a la querella y el cuerpo fue restituido la semana pasada. Sobre el estado del proceso judicial, el abogado señaló: La causa en este momento está siendo analizada para pedir lo que es la elevación a juicio. Va a haber un contradictorio para establecer las responsabilidades de los policías. Schlotthauer enfatizó que el hecho de que Ramírez murió bajo custodia policial es un dato que no está en discusión. La calificación del hecho y la asistencia a las víctimas Para la querella y la fiscalía, la hipótesis delictiva es severa. Va a pasar a debate la forma en la cual muere Ramírez, que para la querella y la fiscalía está claro que es un homicidio dentro de lo que es la tortura seguida de muerte, afirmó Schlotthauer, reconociendo que la defensa sostendrá una postura divergente durante el juicio. Finalmente, el letrado hizo hincapié en la necesidad de acompañar a los familiares en estos procesos de violencia institucional. Es necesario que los casos que en Entre Ríos hay de violencia institucional, es decir donde hay policías o funcionarios públicos que se exceden o cometen delitos en sus funciones, sean asistidos, manifestó. En ese sentido, recordó que representa a una viuda con dos hijos adolescentes que realmente necesitan ayuda en este difícil contexto.
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