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Paraná » 9digital
Fecha: 28/04/2026 18:00
En una audiencia clave celebrada este martes, la abogada Marina Barbitta, defensora del productor agropecuario Leonardo Airaldi, presentó los fundamentos de un recurso de apelación contra la resolución que rechazó diversos planteos de nulidad en la causa iniciada por el supuesto plan criminal que orquestó su representado para asesinar a funcionarios nacionales y provinciales. Durante su exposición, la letrada calificó de desproporcionado y arbitrario el avance de la investigación, denunciando un direccionamiento que vulnera las garantías constitucionales de su asistido. El fiscal Leandro Ardoy rechazó el planteo realizado por la defensa al que calificó por tramos de absurdo.Aseguró que la crítica es genérica. Además, cuestionó que la defensa pida investigar al denunciante y una pericia psicológica. El origen de este expediente se remonta al pasado 18 de febrero, cuando Daniel Tavi Celis denunció que Airaldi planeaba atentar contra el Juez Leandro Ríos, el Fiscal José Ignacio Candioti y el Ministro de Seguridad Néstor Roncaglia. Sin embargo, Barbitta subrayó que el Juzgado Federal de Gualeguaychú ordenó allanamientos y secuestros basándose exclusivamente en los dichos de Celis, a los que calificó de absolutamente imprecisos. La defensa destacó que Celis, quien mantiene conflictos previos con Airaldi, declaró sobre un supuesto plan que no se cometió, mencionando a un sicario anónimo que habría desaparecido con un dinero robado. Para la abogada, haber dictado medidas de prueba extremas sobre la base de dichos de oídas sienta un peligroso antecedente. Si bien este hecho no se cometió, porque hubo un sicario que no actuó, que se robó el dinero y desapareció. Yo no sé si el fiscal y el juez estaban vacacionando en Punta del Este, pero es lo que dijo Airaldi en la celda, estas fueron las palabras textuales que habría dicho Celis, según Barbitta. Graves irregularidades Uno de los puntos más críticos de la presentación fue la denuncia de una comunicación informal para el secuestro de un teléfono Samsung A04 el 21 de febrero. Según la defensa, la medida se gestó mediante una llamada telefónica entre dos secretarios (el del Juzgado y el de la Fiscalía), sin un dictamen escrito del fiscal ni una resolución judicial motivada que justificara la urgencia. Barbitta criticó que el Juzgado justificara este proceder bajo el argumento de la gravedad institucional o la economía procesal. Bajo estas fórmulas genéricas y abstractas, se está permitiendo el avance de una investigación afectándose los principios de proporcionalidad y razonabilidad, sostuvo la letrada, citando doctrina sobre arbitrariedad judicial. La defensa también hizo hincapié en las condiciones de detención de Airaldi, quien fue trasladado al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza e incorporado al protocolo de Alto Perfil sin haber sido indagado aún en esta causa. Este traslado ocurrió a pocos días de que iniciara otro juicio oral contra el productor por dos causas de narcotráfico, lo que, según Barbitta, afecta gravemente su derecho de defensa al mantenerlo lejos de su tribunal, de su familia y en pésimas condiciones de detención donde debe seguir los debates por Zoom. El pedido ante la Cámara Finalmente, Barbitta solicitó a la Cámara Federal de Paraná que revoque la resolución del 17 de marzo de 2026 y declare la nulidad de todo lo actuado, con especial énfasis en el secuestro del teléfono Samsung A04 que según los dichos del preso Nicolás Giarrizo usaba Airladi. La defensa argumentó que la vigencia de las garantías constitucionales debe primar sobre el carácter restrictivo de las nulidades procesales, especialmente cuando se ha vulnerado el estado de inocencia y el debido proceso. Asimismo, la abogada dejó planteadas las reservas para recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de que el reclamo no prospere. El fiscal Ardoy pidió rechazo de la presentación y explicó que hay seis celulares secuestrados en la causa. Además, todavía no se tiene el número exacto de personas que han participado del plan criminal. La defensa dice que hay medidas que se tomaron de espalda. El fiscal dice que hay medidas que se deben tomar medidas de espaldas para poder avanzar.
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