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La Paz » Politica con vos
Fecha: 27/04/2026 11:11
El Gobierno nacional se queda con los fondos del impuesto a los combustibles que deberían irrigar a provincias y municipios. En paralelo, se multiplican las denuncias por manejos poco claros en distintas áreas del Estado. El modelo libertario empieza a mostrar fisuras no solo económicas, sino también institucionales. Por Redacción Pcv La caja que no vuelve En medio de un ajuste que se presenta como inevitable, hay números que no cierran. Uno de ellos es el de los cerca de 9 billones de pesos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos que el Estado nacional está reteniendo sin transferir a las provincias, incumpliendo el espíritu -y en los hechos, la práctica histórica- de la distribución de recursos federales. Se trata de fondos que tienen una asignación específica: mantenimiento de rutas, obras de infraestructura y financiamiento de políticas territoriales. Es dinero que sale directamente del bolsillo de cada argentino cada vez que carga combustible, pero que no regresa a las jurisdicciones que sostienen el entramado cotidiano del país. Mientras el presidente Javier Milei insiste en la necesidad de ordenar la macroeconomía, las provincias ven cómo se les escurre una de sus principales fuentes de financiamiento dinámico. La consecuencia es directa e impacta en la cotidianidad de los pueblos, menos obra pública, menor capacidad de respuesta estatal y un deterioro creciente de servicios esenciales. Un federalismo en retirada El conflicto no es solo contable, es profundamente político. Gobernadores de distintos signos comienzan a advertir que el esquema actual vacía de contenido al federalismo. No se trata únicamente de discrecionalidad, sino de una apropiación sistemática de recursos que deberían ser coparticipados. El problema se agrava en municipios, donde la caída de la recaudación propia producto de la recesión se combina con la ausencia de transferencias nacionales. El resultado es un Estado local asfixiado, sin herramientas para responder a una demanda social que no deja de crecer. Lejos de ofrecer explicaciones, el Gobierno nacional opta por el silencio o la confrontación. Los reclamos del interior, incluida la provincia de Buenos Aires, no encuentran eco en una Casa Rosada que parece más preocupada por sostener su relato que por garantizar el funcionamiento básico del país real. Corrupción y opacidad: las grietas del relato libertario En paralelo, el discurso de la casta empieza a resquebrajarse frente a una serie de escándalos que golpean de lleno al oficialismo. Las denuncias por presuntos manejos irregulares en organismos como ANDIS, PAMI y el caso Libra -solo por nombrar algunis- se suman a un clima de creciente sospecha. El episodio que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aparece como el más resonante hasta el momento, no solo por su centralidad en la estructura de poder, sino por el contraste con la promesa de transparencia absoluta que el gobierno enarboló desde el inicio. No se trata de hechos aislados. Empieza a configurarse un patrón donde la opacidad en el manejo de fondos públicos convive con un ajuste feroz sobre amplios sectores de la sociedad. ¿Dónde está y para qué se usa el dinero que se le quita a las provincias?, es el interrogante que debería resonar en la voz de gobernadores e Intendentas. La economía real, en rojo Mientras tanto, la vida cotidiana de millones de argentinos transcurre en una pendiente cada vez más empinada. El endeudamiento familiar dejó de ser una herramienta ocasional para convertirse en una condición estructural de supervivencia. Tarjetas al límite, créditos informales y salarios que pierden contra la inflación dibujan un escenario social alarmante. El ajuste no solo recae sobre el Estado, se traslada de manera directa a los hogares. Y en ese contexto, la retención de recursos que podrían dinamizar economías regionales aparece como una decisión difícil de justificar incluso bajo la lógica del equilibrio fiscal. Un modelo que muestra sus límites El gobierno de Milei construyó su legitimidad sobre la promesa de terminar con los privilegios y ordenar las cuentas públicas. Sin embargo, la realidad empieza a contradecir ese relato. La apropiación de fondos coparticipables, la falta de transparencia y el deterioro social configuran un escenario donde las certezas iniciales se desdibujan. Los 9 billones de pesos del impuesto a los combustibles son más que una cifra: son el síntoma de un modelo que concentra recursos mientras descentraliza los costos. Un modelo que ajusta hacia abajo, pero acumula hacia arriba. El interrogante que empieza a instalarse, incluso entre quienes acompañaron el experimento libertario, es cuánto tiempo puede sostenerse un esquema que asfixia a las provincias, debilita al Estado y, al mismo tiempo, no logra ofrecer respuestas claras sobre el destino de los recursos públicos. Porque cuando el ajuste deja de ser un camino y se convierte en un fin en sí mismo, lo que se resquebraja no es solo la economía: es la confianza social y la arquitectura misma del país federal. Imagen elegida para esta entrega: «Cristo expulsando a los cambistas del templo». En la obra hay una crítica directa a la corrupción y al uso indebido de lo que debería ser sagrado/público.
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