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Concepcion del Uruguay » Miercoles Digital
Fecha: 26/04/2026 11:54
"La paradoja del régimen actual es que el propio Estado argentino conoce los nombres, pero los considera información confidencial", plantea el autor del texto. Por DANIEL ENZ (*) En 2006, junto al periodista Andrés Klipphan publicamos Tierras S.A. Recorrimos durante tres años el mapa argentino para reconstruir, provincia por provincia, quiénes eran los verdaderos dueños del suelo nacional. La cifra de entonces era contundente: alrededor del diez por ciento del territorio del país estaba en manos extranjeras, una superficie equivalente a toda la provincia de Buenos Aires. La devaluación de 2002 aceleró un proceso que en regiones como la Patagonia alcanzaría dimensiones inéditas con figuras como Luciano Benetton, Joe Lewis, Douglas Tompkins o Ted Turner. Veinte años después, vuelve a abrirse la pregunta sobre el suelo entrerriano: ¿quiénes siguen siendo los dueños extranjeros de Entre Ríos y quiénes desembarcaron en los últimos quince años? Reconstruir esa respuesta no es sencillo. La paradoja del régimen actual es que el propio Estado argentino conoce los nombres, pero los considera información confidencial. La Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad de las Tierras Rurales, sancionada en 2011, creó un Registro Nacional de Tierras Rurales que centraliza la información dominial, pero la mantiene reservada. El argumento es la protección de datos personales. La consecuencia es la opacidad sobre quién controla los recursos estratégicos del país. Tres regímenes legales en quince años La Ley 26.737, sancionada a fines de 2011 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, fijó por primera vez topes claros: la titularidad extranjera no podría superar el quince por ciento ni a nivel nacional, ni provincial, ni departamental. Las personas o sociedades de una misma nacionalidad no podrían concentrar más del treinta por ciento de ese cupo, en la zona núcleo se estableció un máximo de mil hectáreas por titular foráneo y se prohibió la adquisición de tierras ribereñas a cuerpos de agua importantes y permanentes, además de las ubicadas en zonas de seguridad de frontera. Sin embargo, en 2016, el decreto 820 de Mauricio Macri flexibilizó parte del régimen. Recategorizó como argentinas a sociedades constituidas en el exterior, pero integradas mayoritariamente por capitales nacionales y simplificó la entrega de certificados de habilitación. Entre 2016 y 2018, doce provincias Entre Ríos entre ellas redujeron formalmente su porcentaje de extranjerización, pero la baja fue más administrativa que real: se debió a recategorizaciones y no a ventas efectivas a manos argentinas. El tercer giro llegó con el DNU 70 firmado por Javier Milei en diciembre de 2023, que entre cientos de medidas derogó la Ley de Tierras. Un amparo del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) de La Plata frenó la aplicación judicialmente, pero el Ejecutivo nacional impulsó otra vía: a través del Consejo de Mayo se aprobaron cambios sustantivos a la norma, y envió al Congreso un proyecto que liberaliza la venta de suelo rural a extranjeros y, en paralelo, modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego para habilitar la producción en superficies afectadas por incendios. La fotografía entrerriana al 2026 ¿Cómo está hoy Entre Ríos? El último relevamiento del Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del Conicet y la Universidad de Buenos Aires, presentó en enero de 2026 un mapa interactivo construido a partir de cruces de datos del Registro Nacional, catastros provinciales y declaraciones juradas de sociedades. El programa Cuestión de Fondo, emitido por Canal 9 Litoral y a través de un informe del periodista Fabricio Bovier, complementó esa información con el detalle entrerriano: 256.643 hectáreas en manos extranjeras dentro de la provincia, equivalentes al 3,5 por ciento del territorio rural. El número está por debajo del promedio nacional, que ronda el cinco por ciento. Pero el detalle departamental cuenta otra historia. Tres departamentos superan el promedio nacional. La Paz registra el nueve por ciento de su superficie en titularidad foránea, lo que equivale a 56.636 hectáreas. Gualeguay también alcanza el nueve por ciento, con 57.043 hectáreas. Y Concordia, con un 5,68 por ciento, suma 17.864 hectáreas. Los siguen Federal con 19.619 hectáreas (3,78 por ciento), Gualeguaychú con 22.460 hectáreas y Villaguay con 19.879 hectáreas, ambos en torno al tres por ciento. Más atrás aparecen Feliciano, Victoria, Nogoyá y Tala. En los últimos puestos del ranking se ubican Colón, Federación, Paraná y Uruguay, todos por debajo del 1,15 por ciento. San Salvador, con menos de cinco hectáreas extranjerizadas sobre 130.527, presenta una incidencia prácticamente nula del 0,004 por ciento. El dato más revelador, sin embargo, no aparece en los promedios sino en la concentración: la parcela individual más grande en Entre Ríos en manos de un solo titular extranjero es de 6.066 hectáreas. Cuestión de Fondo intentó conocer su nombre. La ley se lo impide al propio Estado. Las diez nacionalidades con mayor presencia en suelo entrerriano son: alemana, saudí, australiana, austríaca, belga, boliviana, brasileña, chilena, colombiana y dinamarquesa. Es un mapa heterogéneo, distinto al de la Patagonia donde dominan italianos, británicos y norteamericanos y al del norte argentino. En Entre Ríos predominan los capitales europeos continentales y aparecen, como novedad respecto del libro de 2006, los inversores del Golfo Pérsico. La retirada de los chilenos El sector que mejor explica la mutación reciente del mapa extranjero en Entre Ríos es el forestal, durante décadas la puerta de entrada principal del capital extranjero a la provincia. Hasta 2022, los dos jugadores chilenos dominantes en la Mesopotamia eran Arauco del consorcio Angelini, controlante a través de COPEC y Masisa, del mismo origen accionario, quienes se instalaron en Concordia, en el tercer gobierno de Jorge Busti. En diciembre de aquel año Masisa decidió retirarse del negocio argentino. Vendió a Central Puerto, el grupo argentino de generación eléctrica controlado por Guillermo Reca, la familia Miguens-Bemberg y Eduardo Escasany, sus dos filiales locales Forestal Argentina y Masisa Forestal. La operación, comunicada a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, totalizó 69,3 millones de dólares y comprendió más de 72 mil hectáreas distribuidas entre las provincias de Entre Ríos y Corrientes. De ese total, alrededor de 43 mil ya estaban plantadas con eucalipto y pino. La transacción es la mayor del rubro en los últimos treinta años. La importancia para esta investigación es doble: implica una desextranjerización parcial del forestal entrerriano una superficie significativa de bosques implantados pasó de manos chilenas a un grupo de capital nacional y al mismo tiempo profundiza la concentración: Central Puerto se convirtió de un día para otro en uno de los mayores propietarios forestales del país. Las pistas conducen a Concordia, Federación, Federal y Colón, donde la actividad histórica de Masisa fue más intensa. Arauco, en cambio, mantiene su presencia. La compañía controla a nivel nacional 262.607 hectáreas distribuidas entre Misiones, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Produce celulosa y madera y, en paralelo, genera créditos de carbono a partir de la reducción de la deforestación. Esos bonos verdes, vendidos a empresas con alta huella de carbono, son la próxima frontera del negocio. Es uno de los motivos por los que la Asociación Forestal Argentina apoya públicamente la flexibilización de la Ley de Tierras: el forestal requiere superficie y horizontes de planificación de varias décadas. Más allá del forestal, hay una serie de jugadores extranjeros o de origen extranjero que mantienen posiciones en la provincia. Cresud, la firma agrícola controlada por Eduardo Elsztain y vinculada históricamente a George Soros, accionista relevante durante años, declara 6.024 hectáreas en Entre Ríos dentro de un portfolio nacional de 538.822 hectáreas. La superficie no es masiva en términos relativos, pero sí estratégica: la compañía produce granos, oleaginosas y carne, y forma parte de un conglomerado que incluye a IRSA. Adecoagro, sociedad domiciliada en Luxemburgo y nacida en 2002 sobre los activos liquidados de Pecom, es otro actor con presencia indirecta. Su núcleo arrocero está en Corrientes, donde concentra cerca del veinte por ciento de la producción nacional. Pero opera comercialmente en Entre Ríos y mantiene contratos con productores entrerrianos en San Salvador, Villaguay y Federación. La empresa ha sido cuestionada en los últimos años por el manejo del agua y los agroquímicos en torno a los Esteros del Iberá. Los nuevos: alemanes en diez departamentos, saudíes en Villaguay, australianos en el delta La lectura más interesante para una investigación periodística aparece cuando se mira el origen de las hectáreas extranjerizadas Departamento por Departamento. Los datos difundidos en el relevamiento de Cuestión de Fondo, ofrecen pistas precisas. Los propietarios con sede en Alemania concentran 18.330 hectáreas en Entre Ríos. La singularidad del caso alemán es la dispersión: aparecen titulares en diez Departamentos distintos Colón, Concordia, Diamante, Federación, Gualeguay, La Paz, Nogoyá, Uruguay, Victoria y Paraná, lo que sugiere un patrón de adquisiciones medianas a través de sociedades anónimas con accionistas residentes en Alemania o de fondos agrícolas europeos especializados. Los inversores saudíes presentan un patrón opuesto: alrededor de tres mil hectáreas concentradas exclusivamente en Villaguay. La concentración geográfica es atípica y consistente con el modelo de los fondos del Golfo Pérsico Al Dahra emiratí, ADQ, fondos qataríes y vehículos sauditas vinculados al Public Investment Fund que en la última década comenzaron a adquirir tierras en el Cono Sur con un objetivo declarado: garantizar seguridad alimentaria para sus economías deficitarias. El destino más probable es la producción de granos forrajeros y carne para exportación a Medio Oriente. Los inversores australianos suman alrededor de 760 hectáreas, distribuidas entre Islas del Ibicuy y Victoria. La cifra es modesta, pero la localización exige atención: ambas zonas están dentro del sistema de humedales del Delta del Paraná, un territorio especialmente sensible desde el punto de vista ambiental y particularmente afectado por las quemas y el avance ganadero de los últimos años. Detrás de esa nómina hay otros capitales con menor visibilidad: austríacos, belgas, brasileños, daneses y colombianos. Cada uno corresponde a operaciones puntuales que requieren ser rastreadas en el Registro de la Propiedad Inmueble de Entre Ríos, en la Inspección General de Justicia y en los registros públicos de comercio provincial, donde no siempre es fácil acceder o bien demora su tiempo. La trazabilidad requiere paciencia: la tendencia internacional ha sido adquirir tierra mediante sociedades anónimas, fideicomisos y, sobre todo, vehículos offshore que blindan a los beneficiarios finales. A nivel nacional, el Registro de Tierras Rurales detectó más de un millón de hectáreas a nombre de empresas radicadas en paraísos fiscales. La distribución por origen del domicilio fiscal no necesariamente del controlante real es elocuente: el 45,4 por ciento corresponde a sociedades suizas, el 34,7 por ciento a uruguayas, el 8 por ciento a luxemburguesas, y el resto se reparte entre Panamá, Liechtenstein y Andorra. Esos porcentajes proyectados sobre Entre Ríos arrojan un dato razonable: detrás de varias de las parcelas más grandes en titularidad nominalmente extranjera puede haber argentinos que han elegido esa estructura societaria por razones tributarias, sucesorias o de protección patrimonial. Cuando un Estado declara confidencial la información sobre titularidad rural y, simultáneamente, reconoce que más de un millón de hectáreas están en manos de empresas con fachada offshore, lo que se está admitiendo es la imposibilidad estructural de saber, sin investigación caso por caso, quién es realmente el dueño del suelo argentino. La nueva ola: post-DNU 70 Desde la firma del DNU 70 de Milei, las consultas de inversores extranjeros por tierras argentinas se duplicaron, según relevaron las principales inmobiliarias rurales del país. La Cámara Argentina de Inmobiliarios Rurales registró en febrero de 2024 un alza interanual del 57 por ciento en compraventa de campos. Los compradores son, en orden de presencia: estadounidenses, australianos, españoles e italianos. Para Entre Ríos, esa nueva ola tiene implicancias particulares: la provincia combina un valor de hectárea aún competitivo en términos regionales con cuatro condiciones estratégicas cercanía al río Paraná y al río Uruguay, disponibilidad de agua dulce, infraestructura logística vinculada a los puertos de Diamante, Concepción del Uruguay e Ibicuy, y proximidad relativa a los grandes centros de consumo. Los Departamentos del norte La Paz, Federal, Feliciano y la franja oeste Victoria, Diamante, Gualeguay son los más expuestos a recibir nuevas adquisiciones si se concreta la flexibilización legislativa. Más allá del debate sobre nacionalidad de los compradores, los datos provinciales revelan un fenómeno que en el libro Tierras S.A. ya se señalaba en 2006 y que se ha agudizado: la concentración. Entre Ríos posee 6.225 pequeñas explotaciones agropecuarias de entre diez y cien hectáreas. En el otro extremo, sólo once explotaciones superan las veinte mil hectáreas cada una, y apenas dieciocho rondan entre las diez mil y veinte mil. Esa simetría miles de productores con muy poca tierra y un puñado de explotaciones gigantescas configura la verdadera matriz del problema. Para Juan Echeverría, dirigente histórico de la Federación Agraria, la situación entrerriana no es de extrema gravedad, pero constituye una luz amarilla de alerta. Hay propietarios extranjeros con extensiones importantes y casos puntuales de desmonte indiscriminado, y la derogación de la ley abre la puerta a que adquieran cantidades sin tope. El periodista e historiador Daniel Tirso Fiorotto lo dijo con menos rodeos: en Entre Ríos compran tierras los santafesinos, los porteños, los estadounidenses, los alemanes, los italianos, los ingleses, los holandeses, los militares, los sindicalistas, los políticos, los banqueros, los grandes empresarios y los futbolistas. Casi cualquiera, menos los entrerrianos. Marcelo Fumaneri, integrante de la filial Gualeguay de la Federación Agraria, lo expresó con la prudencia de quien conoce el terreno: él prefiere cien productores con doscientas hectáreas antes que un solo propietario con veinte mil, sea ese propietario nacional o extranjero. El planteo desplaza el eje del debate. La pregunta no es solamente si compran o no extranjeros: es por qué un Estado que cobra impuestos al campo no diseña políticas activas para frenar la concentración y promover la pequeña y mediana explotación. El saldo entrerriano admite una conclusión incómoda. La provincia no es la más extranjerizada del país y eso es, en alguna medida, una buena noticia. Pero la combinación de un marco legal en disputa, la confidencialidad oficial sobre la identidad de los dueños, el avance de los vehículos offshore y la previsible aceleración de operaciones tras la derogación de la Ley de Tierras configura un escenario en el que, si nadie mira, en cinco años los datos serán otros. Y los nombres, los mismos de siempre: invisibles. (*).Artículo publicado en ANÁLISIS. Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |
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