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Parana » La Nota Digital
Fecha: 25/04/2026 20:32
La decisión del gobierno de los hermanos Milei de restringir el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada refuerza la tensa relación entre el poder político y la prensa en la Argentina. La medida, adoptada de manera intempestiva, implicó la suspensión del ingreso a la sede del gobierno y el cierre de la histórica sala de periodistas, un espacio que incluso funcionó durante períodos de fuerte deterioro institucional. Según denunció el Foro de Periodismo Argentino FOPEA se trata de una resolución de extrema gravedad institucional, ya que altera las condiciones básicas para la cobertura informativa del principal ámbito de decisiones del país y afecta directamente el derecho ciudadano a acceder a información pública . La entidad, junto a otros organismos, expresó su preocupación por lo que considera un retroceso en materia de libertad de expresión. El gobierno justificó la medida en una denuncia por supuesto espionaje ilegal, luego de que un equipo periodístico difundiera imágenes tomadas dentro del edificio. A partir de ese episodio, se revocaron acreditaciones y se bloqueó el acceso mediante sistemas biométricos, afectando a decenas de corresponsales nacionales e internacionales . Sin embargo, para amplios sectores del periodismo, la respuesta oficial resulta desproporcionada y sienta un precedente preocupante. El episodio se da en un contexto de escalada verbal. En los últimos días, el presidente Javier Gerardo Milei intensificó sus ataques contra periodistas, entre ellos Carlos Pagni, a quien descalificó públicamente tras cuestionamientos a la gestión desde el canal LN+. Este tipo de confrontaciones no son aisladas, sino parte de una narrativa sostenida desde el oficialismo que presenta a los medios como actores adversarios. La combinación de restricciones materiales como el impedimento de acceso y agresiones discursivas configura un escenario delicado. La imposibilidad de ingresar a Casa Rosada limita el trabajo cotidiano de cronistas, reduce la capacidad de repreguntar y debilita uno de los pilares del sistema democrático: el control público de los actos de gobierno. La medida fue señalada como inédita desde el retorno de la democracia en 1983, lo que refuerza la dimensión política del conflicto . En este marco, distintos sectores advierten que el problema excede a los periodistas y se proyecta sobre la calidad institucional en su conjunto. La discusión de fondo no es menor. En una Democracia, la relación entre poder y prensa puede ser tensa (el cuarto poder), pero difícilmente pueda prescindir de reglas básicas de acceso, transparencia y respeto. Cuando esas condiciones se alteran, lo que está en juego no es solo el ejercicio del periodismo, sino el derecho de la sociedad a estar informada. F. Castro imagen. archivo
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