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» Clarin
Fecha: 25/04/2026 19:03
La decisión de la Cámara de Casación sentó un precedente: el decomiso no puede quedar en una declaración abstracta, sino que debe traducirse en la recuperación real y efectiva de los activos provenientes del delito. Bajo ese criterio se ordenó la ejecución patrimonial de 111 inmuebles de los cuales 20 pertenecen a Cristina Kirchner. El fallo, se convierte en una pieza clave de cara a una segunda tanda de decomisos pedidos por el fiscal Diego Luciani, que está bajo estudio e incluye entre las principales propiedades, a San José 1111 como al hotel Alto Calafate. En la resolución del viernes, el máximo tribunal penal afirmó que carece de sentido que el Estado imponga una condena penal y permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos. Esa premisa estuvo acompañada de otro concepto: si bien el decomiso es una consecuencia patrimonial accesoria, forma parte de la reacción estatal frente al delito y cumple la función institucional clave de reafirmar la vigencia de la norma vulnerada y el consenso social sobre la ilicitud de los hechos. Así, la Cámara de Casación al ordenar la ejecución patrimonial de 111 inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal, fue determinante al sostener que el decomiso no sólo busca recuperar activos, sino también expresar de manera clara que quienes se beneficiaron de una maniobra ilícita no pueden conservar, ni directa ni indirectamente, las ventajas económicas obtenidas. La ejecución efectiva del decomiso que consideraron los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky se fijó bajo los argumentos correctos por parte del Tribunal que ejecuta la pena del caso Vialidad, allana el camino para una nueva decisión que se debe tomar sobre más propiedades de Cristina Kirchner, principal condenada en este expediente. Ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) el fiscal Luciani presentó un segundo pedido de decomiso de bienes. El objetivo es llegar a cubrir los $ 685.000 millones que se fijó como el fraude ocasionado a través de las 51 licitaciones direccionadas, plagadas de irregularidades, con sobreprecios promedio del 65% y circuitos exclusivos de pago para el Grupo Austral. En esta segunda tanda que el TOF 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, la fiscalía pidió el decomiso de 141 inmuebles 13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez; 46 automotores. También se incorporó al nuevo pedido, los USD 4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; USD 992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $ 53.280,24. Al momento de fundamentar esta segunda etapa de bienes a decomisar, el representante del Ministerio Público, sostuvo que muchos de los condenados registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante 12 años. Cabe recordar que el TOF 2 fijó un criterio central a la hora de proceder al decomiso de los bienes: todo aquello incorporado al patrimonio de los acusados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015 será plausible de la ejecución patrimonial. Es la ventana temporal durante la cual, se desarrolló la maniobra defraudatoria. Es el argumento que se utilizó para avanzar sobre 19 inmuebles que Cristina Kirchner le heredó a sus hijos en 2016, a título gratuito y en partes iguales. Para la justicia, fueron incorporados a la fortuna de la ex mandataria mientras se produjo la administración fraudulenta. La Cámara de Casación votó de forma mayoritaria sobre este punto que finalmente, conducirá a la familia Kirchner a perder esas 19 propiedades. Los jueces Hornos y Barroetaveña entendieron que fueron adquiridos por Cristina Kirchner durante el período que se desarrolló la maniobra fraudulenta, motivo por el cual son factibles de ser decomisados. Fue el juez Borinsky el que votó en sentido contrario, pero con el voto mayoritario los hijos de la ex Mandataria perderán esos inmuebles. La jurisprudencia sentada por el máximo tribunal penal, fue calificada en Comodoro Py como clave para avanzar en la segunda tanda de decomisos. Sobre los 141 bienes a decomisar (13 de la familia Kirchner), hace meses se remitieron oficios a los diferentes registros de la propiedad inmueble, se pidió documentación catastral, de dominio para constatar la identificación correspondiente. Una vez que toda la documentación solicitada ingrese, el juez Rodrigo Giménez Uriburu presidente del Tribunal y responsable -este año- de la ejecución de la pena, informará de todo a las defensas para que opinen. Será después de esa instancia, cuando el TOF 2 ordene la ejecución patrimonial que se considere necesaria para continuar cubriendo los $ 685.000 millones. Muchas de las propiedades incluidas en este segundo listado forman parte de la causa Los Sauces - Hotesur, elevada a juicio oral. En el marco de esa investigación rige un embargo de 3.033 millones de pesos sobre Cristina y Máximo Kirchner. El primero que llega es el que avanza en el decomiso, explicó una fuente judicial a Clarín ante este escenario. Una vez concluido el juicio Hotesur (que no tiene fecha de inicio) y en caso de que haya una condena, se ordenará un nuevo decomiso. Los bienes a decomisar en la segunda etapa Entre las propiedades de Cristina Kirchner que la fiscalía pide decomisar, se encuentran: San José 1111, donde actualmente cumple el arresto domiciliario la ex mandataria. Este departamento pertenece a Los Sauces SA, la inmobiliaria investigada por lavado de dinero. También se pide el decomiso del hotel La Aldea de El Chaltén que hace más de dos años se encuentra usurpado en la localidad santacruceña y con una obra de ampliación en absoluto abandono. El complejo turístico se construyó sobre un terreno que pertenecía a Lázaro Báez. Otro de los inmuebles más emblemáticos y que es parte de la segunda tanda de decomisos, es el hotel Alto Calafate, propiedad de Hotesur SA, la otra compañía familiar investigada por blanqueo de activos. El hotel ubicado en la Villa Turística, fue comprado gracias a un préstamo de de $ 8,5 millones que Austral Construcciones (propiedad de Báez) realizó a la familia Kirchner. Después, el empresario se ocupó de administrarlo. Según los informes periciales contables, el giro comercial del Alto Calafate, es inexistente y sólo tuvo como función, oficiar de pantalla para blanquear dinero. Como parte de este listado, se incorporó el chalet de la costanera de Río Gallegos donde residía Cristina Kirchner cada vez que iba a la capital santacruceña, como también otras casas, terrenos y departamentos ubicados en dicha ciudad. Sobre la firma Newsletter Clarín
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