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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 25/04/2026 10:32
El conflicto entre el Gobierno Nacional y los medios de comunicación escaló este 24 de abril a la justicia. Las empresas editoras de Ámbito Financiero (NEFIR S.A. y Editorial Amfin S.A.) presentaron una acción de amparo con una medida cautelar innovativa contra el Estado, tras el cierre generalizado del acceso a la prensa en la sede gubernamental. La presentación judicial busca que las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano, acreditadas históricamente en Balcarce 50, puedan retomar sus funciones de manera inmediata. El medio argumenta que la restricción vulnera derechos constitucionales fundamentales, la libertad de expresión y el acceso a la información pública. El origen: Seguridad nacional vs. Libertad de prensa La tensión estalló el día previo, cuando la Casa Militar dio de baja sin previo aviso las huellas digitales y permisos de ingreso de todos los acreditados, incluyendo cronistas, camarógrafos y fotógrafos. Desde el Poder Ejecutivo, justificaron la medida como una acción de seguridad nacional derivada de una denuncia penal por presunto espionaje. La acusación apunta a periodistas de la señal TN, quienes habrían utilizado lentes inteligentes para filmar zonas comunes sin autorización. Sin embargo, el Gobierno decidió extender la prohibición a toda la prensa, medida que el amparo califica como desproporcionada e irrazonable. Puntos clave del reclamo judicial - Indiscriminación: El medio sostiene que no es legal aplicar una sanción colectiva por una supuesta conducta irregular individual que aún está bajo investigación. - Falta de sustento: Se remarca la ausencia de una resolución judicial que avale un bloqueo de tal magnitud a un ámbito central de información pública. - Trayectoria: El amparo destaca el valor simbólico de la labor de Liliana Franco, quien cuenta con más de tres décadas de acreditación ininterrumpida en la Casa Rosada. Un escenario de alta tensión Este episodio se suma a una serie de cruces entre la gestión de Javier Milei y el periodismo, caracterizados por la revocación selectiva de credenciales y discursos oficiales hostiles. Diversos organismos del sector advirtieron que este cierre es un precedente sin antecedentes en democracia. Mientras el Gobierno mantiene que la restricción es transitoria para realizar verificaciones internas de seguridad, no se ha establecido un plazo para la normalización del acceso. En paralelo, diputados de la oposición analizan citar a la Comisión de Libertad de Expresión para exigir explicaciones formales, mientras otros medios evalúan sumarse a la ofensiva judicial. La decisión que tome la Justicia sobre la medida cautelar será determinante para definir el equilibrio entre los protocolos de seguridad estatal y el ejercicio del periodismo en Argentina.
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