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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 25/04/2026 10:32
La causa Vialidad entró este 25 de abril de 2026 en su fase de impacto patrimonial definitivo tras quedar firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. El Tribunal Oral Federal N.º 2 ordenó la ejecución inmediata del decomiso de bienes para cubrir un perjuicio económico al Estado estimado en $684.990.350.139,86. Esta cifra monumental marca el inicio de una persecución de activos que se concentra en el epicentro del poder político y económico del kirchnerismo: las ciudades de El Calafate y Río Gallegos. El listado bajo ejecución revela una trama de expansión inmobiliaria sin precedentes durante la década de 2000. Entre los activos más significativos que pasan a manos del Estado se encuentran terrenos que superan los 87.000 metros cuadrados en zonas estratégicas de El Calafate, adquiridos en 2007, en plena explosión turística de la villa cordillerana. La Justicia fue tajante al desestimar las maniobras de cesión de estos bienes realizadas en 2016 hacia Máximo y Florencia Kirchner, considerando que las transferencias intrafamiliares no alteran el origen ilícito de los fondos ni eximen a las propiedades de ser ejecutadas como reparación por la corrupción probada en la obra pública. El núcleo del decomiso golpea directamente el entramado hotelero de la familia. El complejo Los Sauces Casa Patagónica, símbolo del lujo patagónico, encabeza la lista junto al predio donde se levanta el hotel Las Dunas. En el caso de Los Sauces, la investigación acreditó que su expansión se cimentó sobre permutas directas con el empresario Lázaro Báez, quien cedió tierras a cambio de un lote en Punta Soberana valuado en 17,4 millones de pesos. Este intercambio de activos entre el principal adjudicatario de obra pública de Santa Cruz y la entonces familia presidencial es, para los jueces, la prueba material de una relación estructural que ahora se traduce en la pérdida total de estos inmuebles. En Río Gallegos, la acción judicial alcanza unidades habitacionales clave, como el complejo de la calle Mitre 535, compuesto por once departamentos, y otras diez unidades en zonas céntricas adquiridas originalmente por Néstor Kirchner. A esto se suman participaciones societarias y activos financieros que también han sido alcanzados por la medida cautelar innovativa. La lógica judicial apunta a que, si los bienes personales de la expresidenta y sus hijos no alcanzan para cubrir los más de 684 mil millones de pesos, se avanzará sobre el patrimonio de las empresas de Báez, como Austral Construcciones y Kank y Costilla. Más allá del impacto contable, esta etapa del proceso administrativo bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia busca enviar un mensaje institucional crítico. Por primera vez en la historia reciente, una condena por corrupción en las altas esferas del poder rompe el plano declarativo para transformarse en una quita efectiva de patrimonio. Los bienes decomisados quedarán sujetos a subastas o asignaciones con fines de reparación social en la provincia de Santa Cruz, cerrando así un ciclo donde el suelo que vio nacer el proyecto político ahora sirve como garantía para resarcir el daño causado al erario público.
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