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Fecha: 24/04/2026 19:21
La Justicia avanzó con la ejecución del decomiso de bienes de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, con el objetivo de recuperar $684.990.350.139,86 fijados como perjuicio al Estado. La decisión, confirmada por la Cámara de Casación, alcanza a la expresidenta, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y a otros condenados. En concreto, pone bajo ejecución un primer listado de unos veinte inmuebles, en su mayoría ubicados en Santa Cruz. El núcleo del patrimonio está concentrado en El Calafate y Río Gallegos, donde se identificaron propiedades adquiridas entre comienzos de los 2000 y 2010, muchas de ellas luego transferidas parcialmente a los hijos de la exmandataria. Uno de los activos más relevantes se encuentra en El Calafate, sobre la avenida 17 de Octubre al 800, en el departamento Lago Argentino. Se trata de un terreno de 6.001,64 metros cuadrados adquirido en 2007. En esa misma zona aparecen otros lotes de gran extensión incorporados ese mismo año, entre ellos uno de 44.106 y otro de 87.046 metros cuadrados respectivamente. En el lista del decomiso, se encuentra también el complejo del hotel Los Sauces Casa Patagónica, uno de los bienes más emblemáticos. El establecimiento está emplazado sobre tres terrenos: uno propiedad de la firma Los Sauces SA, donde se levanta la Casona, y otros dos predios identificados como 42-C 5-j y quinta 10A que integran un condominio compartido por Máximo y Florencia Kirchner. Leé también: El Gobierno mantiene cautela ante los trascendidos por las Islas Malvinas y refuerza la alianza con EE.UU. Parte de esas tierras se consolidó a partir de una permuta con Lázaro Báez: la expresidenta le cedió un terreno en la zona de Punta Soberana, en El Calafate, a cambio de ampliar el predio del hotel. Ese lote compartido, que quedó sin edificar, fue valuado en unos 17,4 millones de pesos y también quedó alcanzado por el decomiso. La expansión en El Calafate incluyó además otros terrenos adquiridos en 2007 y 2008, algunos de los cuales fueron comprados a valores bajos y luego revalorizados con el desarrollo turístico. Entre ellos figura un lote de 16.189 metros cuadrados adquirido en 2008, en el que posteriormente se construyó el hotel Las Dunas. En Río Gallegos, la lista incluye un conjunto de departamentos construidos por Lázaro Báez y vinculados a la inmobiliaria de los Kirchner. Uno de los casos más relevantes es el complejo ubicado en Mitre 535, compuesto por once unidades, que fue adquirido por Néstor Kirchner el 10 de abril de 2007 mediante un fideicomiso. También se incluyen otras diez unidades sobre la misma calle Mitre al 500 que forman parte del paquete de bienes luego cedidos a Máximo y Florencia Kirchner. A esos inmuebles se suma una propiedad ubicada en 25 de Mayo 255, comprada el 6 de septiembre de 2010, y otra sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 490, incorporada al patrimonio el 22 de septiembre de 2006, ambas en la capital santacruceña. El listado se completa con otros terrenos en El Calafate adquiridos a fines de 2007 y comienzos de 2008. Uno de ellos, comprado el 7 de diciembre de 2007, fue ampliado con la adquisición de otra parcela el 20 de febrero del año siguiente. Parte de ese activo fue luego cedido a Lázaro Báez en un intercambio de tierras que permitió expandir el predio del hotel Los Sauces. La investigación judicial también determinó que una porción significativa de estos bienes fue transferida en 2016 a Máximo y Florencia Kirchner, incluyendo 19 propiedades en Santa Cruz, además de participaciones en sociedades y activos financieros. Sin embargo, el tribunal resolvió incluirlos en el decomiso al considerar que esas cesiones no modifican el origen de los fondos con los que fueron adquiridos. El fallo también alcanza bienes de empresas vinculadas a Báez como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Loscalzo y Del Curto y de otros condenados, que podrán ser ejecutados si los activos principales no alcanzan para cubrir el monto fijado. Todos los bienes decomisados quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema, que tendrá a su cargo su administración y eventual destino. Según se indicó, los activos podrán ser subastados o incluso asignados total o parcialmente a fines de reparación social, especialmente en la provincia de Santa Cruz, donde se concentraron los efectos de la maniobra investigada. La ejecución patrimonial fue considerada por los jueces como una instancia clave para que la condena tenga efectos concretos. En esa línea, sostuvieron que el decomiso no puede quedar en un plano simbólico y que el Estado debe garantizar la recuperación efectiva de los bienes obtenidos a través de la corrupción. Por la magnitud de los inmuebles, las superficies involucradas y el volumen del dinero a recuperar, se trata de uno de los procesos de decomiso más importantes en la historia judicial argentina.
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