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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 24/04/2026 10:25
Con la administración provincial en cese de pagos técnico, el fracaso del Chacho y denuncias de nepotismo, el gobernador riojano intenta oxigenar su gestión mediante la apertura de conflictos territoriales y un discurso de confrontación radical contra el Gobierno Nacional. - Por AF para Confirmado La provincia de La Rioja atraviesa, en este cuarto mes de 2026, su crisis más profunda desde el retorno a la democracia. Lo que durante años fue un modelo de expansión del gasto público financiado por transferencias discrecionales, ha colisionado finalmente con la realidad fiscal. Hoy, el gobernador Ricardo Quintela no solo admite la quiebra técnica de sus arcas, sino que se encuentra cercado por el colapso de sus propias herramientas de emergencia y graves señalamientos éticos. El certificado de defunción del Chacho El símbolo más potente del fracaso económico quintelista ha sido la cuasimoneda local, el BOCADE (Chacho). Presentado pomposamente como un instrumento de soberanía financiera, su retiro definitivo de circulación en el primer trimestre de este año dejó un tendal de damnificados. - Pérdida de valor: El patacón riojano sufrió una devaluación de mercado de hasta el 30% en comercios de cercanía antes de su desaparición. - Costo social: El experimento terminó licuando el poder adquisitivo de los empleados públicos, quienes recibieron parte de sus haberes en un papel moneda que el propio Estado provincial fue incapaz de garantizar a la par. Gabinete de crisis y nepotismo bajo la lupa La inestabilidad interna se cristalizó el pasado 16 de marzo con el recambio forzado en el Ministerio de Hacienda. La salida de Jorge Quinteros y la jura de Fabián Blanco no fueron gestos de renovación, sino actos de desesperación ante la imposibilidad de afrontar los vencimientos de la deuda externa provincial (los denominados Bonos Verdes) y el pago de salarios. A esta fragilidad financiera se suma el escándalo ético de la firma El Mistol S.R.L. Denuncias documentadas señalan que, mientras la provincia se declaraba insolvente, el Ejecutivo direccionó obras de asfalto e infraestructura eléctrica para beneficiar tierras productivas pertenecientes a la familia del gobernador, específicamente a su hijo Jerónimo Quintela. Este contraste entre la austeridad obligada para el pueblo y el progreso direccionado para el entorno familiar ha horadado la base de apoyo del mandatario. La minería como botín: El conflicto con San Juan Ante el agotamiento de los recursos propios, la estrategia de Quintela ha virado hacia la confrontación externa. La reciente reactivación de la disputa de límites con la provincia de San Juan por el control territorial del proyecto minero Josemaría es leída por analistas y gobernadores vecinos como un intento de manoteo de regalías ajenas. - El objetivo: Capturar recursos de una jurisdicción vecina para financiar un déficit que el gobernador se niega a reducir mediante reformas estructurales. - La reacción: San Juan ha calificado la maniobra como una cortina de humo diseñada para aglutinar a la tropa propia frente a un enemigo externo, ocultando el descalabro de las cuentas riojanas. Un callejón sin salida política Sin el auxilio de la Casa Rosada con la que mantiene una retórica de guerra total y con el crédito internacional cerrado tras sucesivos defaults, Quintela apuesta todo a la judicialización de la política y al conflicto federal. Sin embargo, los datos de abril de 2026 son tercos: La Rioja gasta más de lo que recauda, su moneda propia fracasó y el modelo de gestión familiar ha quedado expuesto. La quiebra técnica ya no es una amenaza, es la descripción de la realidad riojana. Si bien el discurso oficial intenta presentar la crisis como una consecuencia directa del recorte de fondos nacionales, los indicadores internos de La Rioja revelan una problemática estructural preexistente. La dependencia absoluta de la coparticipación, que representa más del 85% de sus ingresos corrientes, ha dejado a la provincia sin margen de maniobra ante el nuevo esquema de equilibrio fiscal exigido por la Nación. Esta vulnerabilidad se ve agravada por la falta de transparencia en la asignación de recursos a las empresas estatales provinciales (SAPEM), que operan con balances opacos y son señaladas como sumideros de fondos públicos. En este contexto, la estrategia de Quintela de abrir focos de conflicto con provincias vecinas como San Juan aparece más como una maniobra de distracción política que como una solución económica viable para los riojanos.
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