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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 24/04/2026 09:44
A contrarreloj y sin debate, el Poder Ejecutivo promulgó la ley 27.804 que reduce las superficies glaciares protegidas y habilita la minería en zonas antes vedadas, en un claro gesto de sometimiento a los intereses extractivos que priorizan el lucro inmediato por sobre la reserva estratégica de agua dulce de la Nación. La norma, publicada este viernes en el Boletín Oficial, liquida la protección absoluta que regía desde 2010 sobre los glaciares y el ambiente periglacial. A partir de ahora, solo quedarán a resguardo aquellos cuerpos de hielo que las autoridades provinciales muchas de ellas comprometidas con el lobby minero decidan inscribir en un registro, siempre que acrediten un aporte hídrico comprobable. El resto de las formaciones, aunque cumplan funciones ecológicas insustituibles, quedan libradas a la explotación. La ley obtuvo 137 votos en Diputados y 40 en el Senado, con el respaldo de los gobernadores de las provincias cordilleranas que ven en la megaminería una fuente de regalías. Pero lo que para esos mandatarios es una oportunidad fiscal, para el país representa una amputación de su soberanía acuífera: el agua dulce que almacenan los glaciares es un recurso no renovable y vital para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad y la regulación climática. La ciencia, ignorada El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), referente científico indiscutido en la materia, conserva nominalmente la titularidad del registro técnico, pero la ley vacía su autoridad: las provincias tendrán la última palabra para incorporar o retirar áreas del listado de protección. La comunidad científica interpretó esta descentralización como una maniobra para someter el conocimiento técnico a las presiones políticas locales, y lo dijo con todas las letras. Encabezadas por miembros del Ianigla, varias asociaciones científicas se manifestaron contra la reforma. La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales publicó un comunicado en el que alerta sobre las consecuencias en el acceso al agua, tanto en el presente como en el futuro. El Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía de la UBA y distintas redes científicas también pidieron, sin éxito, que los diputados no aprobaran la ley. La protección que se pierde La ley anterior, sancionada en 2010 y ratificada en su constitucionalidad por la Corte Suprema, prohibía toda actividad que pudiera afectar la condición natural de los glaciares y del ambiente periglacial, entendidos como reservas estratégicas. La nueva norma restringe las prohibiciones únicamente a los glaciares identificados por la autoridad competente de la jurisdicción respectiva y solo para ciertas actividades, dejando fuera de tutela legal a formaciones de hielo menores y al suelo congelado que, aunque no tengan un aporte hídrico visible, sostienen ecosistemas frágiles y son clave para la recarga de cuencas. El verdadero destinatario de la ley La reforma fue impulsada con el argumento de destrabar proyectos mineros de cobre y litio, minerales que el oficialismo considera estratégicos para la transición energética global. Pero ese relato es una coartada: lo que se habilita es la actividad extractiva a gran escala, con un consumo intensivo de agua y químicos, en ecosistemas donde el recurso hídrico es escaso y la contaminación, irreversible. Quienes defienden la nueva norma sostienen que las restricciones quedan ahora circunscritas a zonas con importancia hídrica comprobada. La pregunta que cabe hacer es quién y con qué criterios comprobará esa importancia, cuando la ley le quita al Ianigla la potestad de decidirlo y la transfiere a gobernadores que ya manifestaron su interés en avanzar con la explotación minera. El hidrógeno verde no es un pasaporte al desarrollo ni una energía limpia. Es el disfraz que adoptó el extractivismo minero para seguir expandiéndose. Producirlo demanda una cantidad descomunal de agua en zonas donde ese recurso es crítico para las comunidades y los ecosistemas. La planta de HIF proyectada frente a las costas de Colón, en el río Uruguay, es la evidencia más cercana de que el lobby del hidrógeno avanza sin consulta ni evaluación de impactos, con la complicidad del gobierno nacional y la pasividad del gobernador Rogelio Frigerio. Mienten cuando dicen que es verde: la producción de hidrógeno a partir de combustibles fósiles no es una solución ambiental, es un negocio que contamina y consume el agua que deberíamos proteger con todo el poder de ley.
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