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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 24/04/2026 07:43
Tras la audiencia pública informativa realizada este jueves en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú, la Justicia Federal debe resolver una situación crítica que pone en tensión la preservación del medio ambiente y la estabilidad laboral de la región. El fiscal federal Pedro Rebollo, solicitó formalmente la clausura de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG), medida que paralizaría la actividad productiva del predio. El fiscal Pedro Rebollo fundamentó su requerimiento ante el Juzgado Federal basándose en la necesidad de frenar posibles impactos negativos mientras se ejecutan las obras de infraestructura necesarias. Según confirmó el magistrado a medios locales, el fiscal pidió una clausura temporal hasta que se finalicen las obras. Además del cese de actividades de la planta, el Ministerio Público Fiscal solicitó una nueva pericia técnica y exigió que, hasta que se regularice la situación, cada empresa trate su residuo de manera individual, evitando el volcado al sistema común del parque. El Juez Federal Hernán Viri se mostró cauteloso respecto a los pasos a seguir, reconociendo la magnitud de la decisión. Es algo que tengo que evaluar y también ver si no hay -quizá- alguna medida intermedia, señaló el magistrado, quien aclaró que no posee un plazo legal estricto, pero que se tomará unos días para analizar las pruebas. Viri destacó la complejidad del caso al involucrar el sustento de miles de familias de la provincia: Por una cuestión de prudencia, quiero evaluar bien las consecuencias que pueda traer esta decisión y analizar en detalle no solo los elementos que hay incorporados en la causa sino también lo que fue surgiiendo hoy de la audiencia, que fue muy fructífera. Uno de los puntos de mayor preocupación durante la audiencia fue la viabilidad operativa de las industrias. El Juez explicó que las fábricas no pueden de funcionar si la planta de tratamiento de efluentes no está en funcionamiento. En este sentido, se puso sobre la mesa el impacto social que tendría una clausura efectiva: 2.400 empleos directos afectados de forma inmediata. Aproximadamente 10.000 empleos indirectos vinculados a la cadena de valor del PIG. En estas causas ambientales siempre esta esa tensión entre el empleo y el desarrollo económico y la afectación ambiental. Tendré que adoptar un temperamento después de pensarlo, de ser prudente y analizar cada una de las constancias que hay en la causa, concluyó Viri. La audiencia contó con la participación de diversos sectores que aportaron su visión técnica y social sobre el conflicto: La Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (Codegu) y autoridades del PIG. Representantes de las empresas instaladas en el predio. Especialistas en ingeniería química, sanitaria y laboral. Vecinos damnificados por la actividad del parque. Representantes de la Municipalidad de Gualeguaychú y el Ministerio Público Fiscal. La resolución, que se espera para los próximos días, marcará un precedente fundamental en la provincia de Entre Ríos respecto a la responsabilidad industrial y la sustentabilidad ambiental. (Fuente: Ahora El Día y El Entre Ríos)
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