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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 22/04/2026 03:02
El viernes 19 de abril de 1991 la noche empezó como fiesta y terminó de la peor manera. El estadio Obras Sanitarias volvía a convertirse en uno de los epicentros del rock argentino. Sobre el escenario, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota desplegaban su ritual habitual: mística, convocatoria masiva y una liturgia que desbordaba cualquier lógica convencional de espectáculo. Entre tantos miles de fans estaba Walter David Bulacio, un chico de 17 años de Aldo Bonzi que había salido como tantos otros: con amigos, con entusiasmo, con la expectativa de una noche de música. Nunca más pudo volver a su casa. Afuera, en las inmediaciones del estadio, la escena era otra. La Policía Federal Argentina había montado un operativo de gran escala. No se trataba únicamente de custodiar el evento. La lógica era distinta, más cercana a la prevención indiscriminada que al control puntual. En aquellos años, las razzias formaban parte del repertorio cotidiano de las fuerzas de seguridad: detenciones masivas, sin orden judicial, sin causa concreta, justificadas bajo la figura ambigua de averiguación de antecedentes. Esa noche, decenas de jóvenes fueron detenidos. Uno de ellos, Walter David Bulacio. Un pibe común. Vivía en el conurbano bonaerense. Como tantos otros chicos de su edad, orbitaba entre la escuela, los amigos, la familia y el descubrimiento del mundo adulto. No era militante de nada, no tenía antecedentes, no estaba involucrado en ninguna situación delictiva, cosas que la policía esa noche buscaba con ahínco para justificar lo que vendría. Solo había ido al recital a disfrutar de la música que amaba. Ese dato, que en cualquier otra historia sería irrelevante, terminó siendo el punto de partida de todo. La razzia La policía detuvo esa noche a más de 80 personas. Muchas de ellas eran menores de edad. La gran mayoría no estaba cometiendo ningún delito. El procedimiento no respondía a una orden judicial ni a una investigación previa. Era, simplemente, una práctica instalada: detener primero, preguntar después. Walter fue llevado a la comisaría 35ª. Ahí empezó la parte más oscura de la historia. Desde el primer momento, el procedimiento estuvo plagado de irregularidades. Él era menor de edad y según la normativa vigente, debía darse intervención inmediata a un juez de menores y notificarse a sus padres. Nada de eso ocurrió. Fue alojado en la dependencia policial durante varias horas sin registro formal adecuado, sin control judicial efectivo y sin garantías básicas. El comisario a cargo era Miguel Ángel Espósito. Años más tarde, la Justicia determinaría que la detención había sido ilegal. Pero en ese momento, era una más entre tantas. La violencia imperó. Las reconstrucciones posteriores, basadas en testimonios, peritajes y declaraciones, coinciden en un punto central: Walter fue golpeado durante su detención. No se trató de un exceso aislado. Fue violencia institucional. Espósito descargó la bronca de una noche descontrolada tomando la cachiporra de uno de sus compañeros y golpeando en la cabeza a Bulacio, declaró el policía Fabián Silwa en la causa. Sus dichos luego fueron impugnados por pedido de la defensa del comisario. Cuando finalmente fue liberado, Walter presentaba un cuadro grave, un aneurisma causado por golpes. Tenía signos evidentes de traumatismos. Estaba desorientado. Su estado no era compatible con el de alguien que había pasado simplemente unas horas detenido. Aun así, salió de la comisaría. No había médicos. No hubo intervención inmediata. Poco después, Walter fue trasladado al Hospital Pirovano. Allí logró decir algo clave: había sido golpeado por la policía. El diagnóstico confirmó la gravedad de la situación: traumatismo de cráneo y el mencionado aneurisma. Su estado empeoró rápidamente. Lo trasladaron al Fernández, y luego finalmente al Sanatorio Mitre. Entró en coma. Durante días, su familia esperó. El 26 de abril de 1991, Walter Bulacio murió. Tenía tan solo 17 años. El inicio de la causa: entre la desidia y la resistencia Su muerte abrió una causa judicial que, desde el principio, estuvo marcada por la desorganización y la falta de impulso. Hubo conflictos de competencia entre juzgados. Demoras en la recolección de pruebas. Falta de medidas urgentes. El expediente no avanzaba. Mientras tanto, la figura del comisario Espósito aparecía como el principal responsable operativo del procedimiento. Pero la causa no lograba consolidarse. En 1992, apenas un año después de los hechos, el juez de la causa dictó el sobreseimiento de Espósito. La decisión generó rechazo. Para la familia y para los organismos de derechos humanos que empezaban a involucrarse, era una señal clara de impunidad. El mensaje que dejaba la justicia era contundente: no habría responsables. Recién en 1994, la Corte Suprema ordenó reabrir la causa. Fue un giro importante. Pero no suficiente. La investigación volvió a ponerse en marcha, aunque con las mismas dificultades estructurales: lentitud, burocracia, resistencia institucional. Y la investigación y el expediente judicial se estiró en el tiempo. Durante los años siguientes, avanzó a un ritmo desesperantemente lento. Se sucedieron apelaciones, planteos de nulidad y discusiones técnicas. El tiempo empezó a convertirse en un factor determinante. En el derecho penal, el paso del tiempo no es neutral: favorece la prescripción. Ese fue uno de los núcleos centrales del problema en el tema Bulacio. Ante la falta de respuestas en el ámbito local, el caso fue llevado al sistema interamericano de derechos humanos. Así, en 1997, se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana. El proceso fue largo, pero terminó llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2003, el tribunal dictó una sentencia histórica. El fallo de la Corte Interamericana La Corte concluyó que el Estado argentino era responsable por múltiples violaciones: - Detención arbitraria - Violación de garantías judiciales - Falta de investigación efectiva - Violación del derecho a la vida El dictamen fue contundente. No solo por lo que decía, sino por lo que implicaba. El Estado argentino había fallado en todas las etapas: prevención, control, investigación y sanción. Además, la Corte ordenó medidas concretas: Investigar y sancionar a los responsables, reparar a la familia, adecuar la legislación interna. El caso se convirtió en un precedente clave en materia de derechos humanos. Tras el fallo internacional, la causa volvió a tomar impulso en la Argentina. Pero el problema seguía siendo el mismo: el tiempo transcurrido. Muchas de las posibles imputaciones más graves estaban al borde de la prescripción o ya no podían sostenerse jurídicamente. Así las cosas, la responsabilidad penal se redujo. La condena En 2013, finalmente el Tribunal Oral en lo Criminal dictó sentencia. Miguel Ángel Espósito fue condenado a tres años de prisión. El delito: privación ilegítima de la libertad. La pena: en suspenso. No hubo sentencia por las torturas. No hubo sentencia por la muerte. La condena llegó 22 años después de los hechos. Y la discusión sobre la impunidad se instaló. Para la familia de Walter y para los organismos de derechos humanos, la pena fue insuficiente. No solo por la condena, sino por la calificación del delito. El núcleo del caso la violencia policial que derivó en la muerte no tuvo una respuesta penal proporcional. Otra vez, el sistema judicial había llegado tarde. Y cuando lo hizo fue de manera limitada. Pese a tamaña injusticia, María Ramona, la abuela de Walter, quien se puso al frente de la lucha por justicia y representó a la familia en medio de tanto dolor, nunca bajó los brazos. Solo la venció la muerte, ocurrida en 2014, porque hasta allí, siempre peleó con todas sus fuerzas en honor de la memoria de su nieto. El impacto legal El caso Bulacio dejó consecuencias importantes en el plano jurídico. Se cuestionó la figura de averiguación de antecedentes; se reforzó la necesidad de control judicial inmediato; se establecieron límites a las detenciones policiales; se consolidó jurisprudencia internacional aplicable en Argentina. El fallo de la Corte Interamericana sigue siendo citado en casos similares. Para entender lo ocurrido, también es necesario situarlo en su contexto. A principios de los 90, las prácticas policiales heredaban lógicas de control social más propias de épocas anteriores. La democracia era reciente, pero muchas estructuras no habían cambiado. Las razzias eran frecuentes. La discrecionalidad policial era amplia. El control judicial era débil. El caso Bulacio expuso ese entramado. Con el tiempo, Walter Bulacio dejó de ser solo una víctima. Se convirtió en un símbolo. Su nombre empezó a aparecer en marchas, recitales, investigaciones académicas. En el mundo del rock, su historia quedó grabada como una marca generacional. Es una historia que sigue y continuará abierta. A más de tres décadas de su muerte, el caso sigue siendo citado como ejemplo de violencia institucional. No solo por lo que pasó, sino por lo que reveló. La combinación de abuso policial y demora judicial. La dificultad para sancionar a los responsables. La persistencia de prácticas arbitrarias. El final que no cierra Para el crimen de Walter Bulacio no hubo justicia plena ni reparación total. Sí una acumulación de decisiones, fallos, demoras y luchas. Y una certeza incómoda: que todo empezó con una detención que nunca debió ocurrir. Y terminó con una muerte que podría haberse evitado. Y que, entre una cosa y la otra, el sistema tardó más de dos décadas en decir algo. Cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. Treinta y cinco años después, la historia de Walter sigue resonando porque no es solo la historia de lo que pasó. Es la historia de lo que puede volver a pasar. Por eso nunca dejará de resonar en el mundo del rock lo que las bandas y sus fanáticos siempre cantaron: ¡Yo sabía / yo sabía / que a Bulacio / lo mató la Policía!.
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