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Parana » Paginajudicial
Fecha: 22/04/2026 03:51
DERECHOS HUMANOS La deserción del Registro Único de la Verdad de los juicios de lesa humanidad 22/04/2026 La justicia le pidió a María Emma Bargagna, a cargo de la Dirección de Derechos Humanos de Entre Ríos, que explicite si mantiene el interés de participar en un juicio contra dos gendarmes acusados por crímenes de lesa humanidad. El papelón que motivó la consulta y un repaso de las políticas oficiales en materia de derechos humanos. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay libró un oficio al Registro Único de la Verdad para que explicite si mantiene el interés de participar en un juicio contra dos oficiales de Gendarmería acusados por delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La consulta sobrevino al papelón en que incurrió María Emma Bargagna, titular de la Dirección de Derechos Humanos de Entre Ríos, que interviene como amicus curiae, a los fines de colaborar en la búsqueda de la verdad y al juzgamiento de represores. La funcionaria se conectó por vía remota apenas unos minutos durante la primera audiencia, pero se retiró cuando comenzó la reproducción de las declaraciones de los testimonios de las víctimas fallecidas, aduciendo que tenía un compromiso; en la segunda audiencia avisó temprano que no participaría. En la audiencia, la fiscal Josefina Minatta instó al tribunal a que consulte a la funcionaria si tenía intenciones de participar del juicio y si efectivamente va a asumir el compromiso o no, porque no lo está haciendo efectivo. Horas más tarde, la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos expresó un enérgico repudio y profunda preocupación por lo ocurrido en el juicio, calificó la ausencia del organismo provincial como inadmisible. Esta situación no es casual ni aislada: es la consecuencia directa del vaciamiento de las políticas de derechos humanos en Entre Ríos y, en particular, del desmantelamiento del Registro Único de la Verdad, advirtieron los organismos. En dos años, el Gobierno desmanteló el programa de acompañamiento y protección de testigos que acompañaba a las víctimas durante los juicios de lesa humanidad, se eliminó el área que se ocupaba de la búsqueda de bebés robados durante la dictadura y, más recientemente, se dieron de baja la mitad de los contratos del personal del Registro Único de la Verdad, incluido el único abogado. En ese contexto, la ausencia de Bargagna en el juicio es una respuesta a la pregunta formulada este martes por el tribunal que juzga a dos oficiales de Gendarmería. A la caza de comunistas Néstor Alfredo Gómez del Junco y Roberto Oscar Caserotto, ex oficiales de Gendarmería en Concepción del Uruguay, están acusados de los delitos de asociación ilícita, allanamiento ilegal de vivienda, privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de violencia y torturas en perjuicio de siete víctimas, tres de ellos menores de edad. Según el relato de las víctimas, el 12 de mayo de 1977, fuerzas conjuntas irrumpieron violentamente en la vivienda de Roberto Montesino, militante del PC de Concepción del Uruguay, donde celebraban el cumpleaños de Carlos Stur, en compañía de sus camaradas Juan Bautista Echeverría, Eladio Bochatay, Raúl Impini, Jorge Impini y Raúl Jáuregui, y algunos familiares. En la casa había una veintena de personas, entre hombres, mujeres y niños. Echeverría contó que estaban los varones afuera en el patio y las mujeres en una habitación y recordó que en un momento ingresó a la habitación y vio que había una persona que no recuerda si era militar o gendarme, apuntándoles con un arma. Los verdugos retuvieron a mujeres y niños en la habitación e hicieron salir a los hombres al patio, donde les hicieron poner las manos contra la pared, los insultaron y volcaron todas las bebidas sobre el asado. Luego los militantes fueron obligados a subir a una camioneta y golpeados en el trayecto hasta el Destacamento de Gendarmería. Una vez allí, los obligaron a formar fila y los golpeaban con la culata de los fusiles FAL; después los metieron en un calabozo, les hicieron sacar la ropa y a uno de ellos le echaron agua de heladera y lo golpearon durante media hora, antes de someterlos a un simulacro de fusilamiento. El operativo estuvo encabezado por el militar José Luis Palacios (fallecido), pero también intervinieron agentes de Gendarmería y de la Policía Federal. Los militantes atribuyeron un rol central a Caserotto y Gómez del Junco en las detenciones ilegales y en las sesiones de torturas a que fueron sometidos durante veintiséis días. Incluso en ese período fueron trasladados a la unidad penal, pero el jefe de guardia se negó a recibirlos porque en el lugar no había médico que constatara las lesiones que tenían producto de las torturas, por lo que volvieron a Gendarmería. Con respecto a las demás personas que vivían en la casa, permanecieron privados ilegalmente de su libertad con custodia de Gendarmería alrededor de diez días en la vivienda, de acuerdo a los testimonios obtenidos en el expediente. La fiscal Minatta destacó en su requerimiento de elevación a juicio la privación ilegal de la libertad y las torturas impuestas a dos de las tres víctimas menores de edad y el trato que recibió el hijo menor de edad de uno de los denunciantes. Una de las víctimas, que tenía en ese momento 4 años, fue amenazada de muerte, le pusieron un arma en la cabeza y permaneció secuestrada en su propio domicilio, junto a su madre y a su hermanito (de 7 años) durante aproximadamente diez días, señaló la fiscal, y agregó que sufrieron un patrón de secuestro y privación de la libertad. El segundo ataque La cacería contra militantes del Partido Comunista continuó. El 12 de enero de 1978, una patota de la Policía Federal secuestró y torturó a dos de ellos cuando se encontraban acampando en Banco Pelay. Según relataron ante la justicia, los dos militantes estaban con otro compañero y el hijo de uno de ellos cuando aparecieron cuatro personas, entre los que reconocieron a Julio César Rodríguez, alias Moscardón Verde, y a Pedro Rivarola, otro policía federal, y se los llevaron violentamente, les vendaron los ojos y los trasladaron hasta una casa operativa que presumen estaba cerca del Arroyo Colman. Rodríguez fue condenado en 2019 por estos hechos y recibió una pena de 17 años de prisión. En ese lugar estuvieron esa noche atados con alambres alrededor del cuello, los golpearon con un palo y con manoplas de hierro y les aplicaron picana eléctrica en distintas partes del cuerpo. El interrogador, dicen, tenía una voz suave y pausada, pero no pudieron reconocerlo. Uno de ellos dijo que durante la tortura se le despegó la cinta que le habían puesto sobre los ojos y alcanzó a reconocer a Gómez del Junco; y otro de los militantes mencionó la presencia de alguien que podría ser un médico monitoreando las sesiones de tortura. Luego de dos horas, el grupo de tareas volvió a trasladarlos hasta el puente de hierro, en la entrada de Banco Pelay, donde los dejaron vendados, boca abajo y les recomendaron que no se levantaran hasta después de media hora. Uno de los chicos, de 10 años, fue abandonado en el balneario Banco Pelay durante toda una noche. Permaneció solo, habiendo presenciado las detenciones ilegales de su padre y sus compañeros, sin saber cuál sería el destino.
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