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Parana » Entreriosdiario
Fecha: 22/04/2026 00:41
Stefanía Cora reflexiona sobre el proyecto de Casa Rosada para una nueva ley de discapacidad. En Paraná se invita a una movilización este miércoles a las 19 en Casa de Gobierno. Stefanía Cora (*) Envío estas líneas con el deseo de que inviten a la reflexión y nos sumen a la red federal que, desde hace tiempo, sostiene el reclamo por las personas con discapacidad en todo el país. El 2025 fue el año en que familias, prestadores y organizaciones, nucleadas en foros y asambleas a lo largo y ancho de la Argentina, lograron algo fundamental: la sanción de una Ley de Emergencia en Discapacidad que busca reparar lo que ya se había deteriorado, especialmente a partir de la devaluación de diciembre de 2023. La ley fue aprobada en ambas cámaras por amplias mayorías. Es decir, atravesó todo el proceso democrático. Sin embargo, lo que siguió es una secuencia que no deberíamos naturalizar: debate parlamentario, ley aprobada, veto presidencial, ratificación del Congreso, judicialización y, finalmente, la decisión del Gobierno nacional de no cumplirla. Lejos de aplicar una norma vigente, esta semana el Poder Ejecutivo envió un nuevo proyecto para modificar sustancialmente la Ley de emergencia. Una maniobra que, a simple vista, aparece como un intento de seguir ganando tiempo. Las modificaciones propuestas no son menores: introducen restricciones, eliminan herramientas centrales como el nomenclador, desregulan el sistema de prestaciones y dejan sin efecto la actualización automática por inflación. A eso se suma un nuevo re empadronamiento obligatorio para quienes perciben pensiones por invalidez, que deberán volver a acreditar su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Otra vez. Otra vez, porque ese proceso ya se hizo, porque el ajuste ya ocurrió. Y porque, en ese contexto, el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, llegó a exhibir imágenes sin sustento como radiografías que no corresponden a personas para instalar la idea de pensiones truchas. Mientras la mirada de sospecha recayó sobre las personas con discapacidad, conocimos denuncias e investigaciones judiciales sobre posibles irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucran al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, junto a otros funcionarios y empresarios. Sin embargo, cuando se trató de avanzar en mecanismos de control, como la creación de una comisión investigadora o la interpelación de funcionarios, esas iniciativas no prosperaron dentro del propio Congreso, pese a la relevancia institucional del tema. En ese marco también se escuchó a Spagnuolo mencionar el 3% para Karina, en referencia a presuntos pedidos de aportes dentro del organismo, vinculados a la Secretaria General de la Presidencia. Señalamientos graves que tampoco tuvieron el nivel de investigación que ameritan. Es decir: mientras se revisa una y otra vez la situación de quienes reciben una pensión, no ocurre lo mismo con quienes administran los recursos del Estado. Entretanto, cursamos el tercer año de gestión de los hermanos Milei y en la vida cotidiana el impacto es concreto. Familias endeudadas, prestaciones que no se actualizan, servicios que se interrumpen. Y un escenario que se vuelve, cada vez, más difícil de sostener para quienes necesitan de estos apoyos indispensables. El envío de este nuevo proyecto también deja en evidencia algo más profundo: dos años de maniobras para evitar la aplicación plena de una normativa que tiene base constitucional. No sólo por lo que establece el artículo 75 inciso 23, sino también por las leyes 26.378 y 27.044, que incorporan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con jerarquía constitucional. Lo que allí se establece no es abstracto, es acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a condiciones de vida dignas. En definitiva, que una discapacidad no empuje automáticamente a una situación de exclusión o pobreza. Sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido persistente, el ajuste como única herramienta, incluso en áreas especialmente sensibles. Por eso, más allá de las discusiones técnicas o legislativas, quiero apelar a algo más simple: la sensibilidad. A quienes leen desde Entre Ríos, a quienes también atraviesan dificultades, a quienes hacen esfuerzos todos los días. Este es un tema que no puede quedar en segundo plano. Ojalá podamos, como sociedad, involucrarnos. Deseo que quienes ostentan responsabilidades en la legislatura nacional representando nuestra querida Entre Ríos, insistan en la aplicación de la emergencia y no habiliten retrocesos. Dos años y medio es mucho tiempo. Hay situaciones que no admiten más espera. (*) Senadora Nacional (MC) Presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano (2025)
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