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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 20/04/2026 21:49
Familiares de personas con discapacidad, organizaciones y prestadores de servicios presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona, en el marco de los recortes en prestaciones de salud y pensiones, y por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por el Congreso. La presentación también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, y al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. En paralelo, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para endurecer los requisitos de acceso a las pensiones por invalidez, que ya genera fuerte rechazo en el sector. La denuncia penal y las acusaciones centrales La causa fue radicada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°5 y es patrocinada por el abogado Javier Garín, quien actúa en representación del colectivo de personas afectadas por el ajuste en discapacidad, organizaciones de la sociedad civil y profesionales de la salud. En el escrito, acusan al Presidente y al Ministro de Salud de abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La denuncia se extiende, además, a Vilches y Spagnuolo. Según la presentación, el Gobierno nacional lleva adelante un ajuste sistemático en el pago de beneficios y programas vinculados a la discapacidad desde el inicio de la gestión libertaria, eludiendo fallos judiciales y promoviendo un discurso de desprecio hacia este colectivo. Recortes en ANDIS, pensiones y programas de salud Garín detalla que, desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, el recorte presupuestario del Estado nacional tuvo un foco particular en los recursos de la ex ANDIS. Ese ajuste impactó en el valor de las pensiones por invalidez, en las prestaciones de servicios y en los programas de salud que brindan medicamentos y contención. En la denuncia se sostiene que el ataque de Milei está inspirado en una ideología de tipo supremacista, basada en una presunta superioridad estética de cierta tipología social, que desprecia la justicia social, la igualdad, los derechos, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Según el texto, desde el inicio del mandato presidencial se puso especial saña en descalificar y desatender a este sector vulnerable. Por fuera de lo discursivo, el desprecio del Presidente a las personas con discapacidad se tradujo en políticas: una escalada de fuertes ajustes presupuestarios, suspensión o cancelación de beneficios y pensiones, hechos de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el anuncio posterior de su cierre, el veto a leyes de emergencia en discapacidad y sistemáticos incumplimientos de órdenes judiciales, denuncian. Los recortes aplicados desde el comienzo de la gestión, agregan, generaron deudas con prestadores y dificultades en el funcionamiento de múltiples programas. Ese cuadro fue advertido reiteradamente por el Foro Permanente de Discapacidad y diversas organizaciones, que denunciaron sin éxito la falta de políticas inclusivas y la crisis en el sector. El rol de Adorni y la disputa por el discurso público El agravio al colectivo de personas con discapacidad y sus familias incluyó, además del ajuste en las pensiones, un capítulo en el discurso oficial. Allí se menciona al exvocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en conferencia de prensa denunció que en la gestión anterior se habían otorgado beneficios mal concedidos. Para ilustrar esa acusación, Adorni mostró una radiografía de un perro, supuestamente utilizada en un fraude para obtener una pensión. Sin embargo, la denuncia recuerda que el extitular de ANDIS, Fernando Galarraga, afirmó que la estafa fue detectada y que el beneficio nunca se otorgó. Esto no era más que una nueva manipulación de los datos para llevar adelante el doloso propósito de denegar y recortar beneficios al sector, sostuvo Garín. Adorni, además, enfrenta denuncias judiciales por presunto enriquecimiento ilícito. Decretos, lenguaje discriminatorio y cuestionamientos de ACIJ Mientras se denegaban o suspendían prestaciones en el marco de auditorías, el Gobierno avanzó con cambios normativos. Primero, mediante el decreto 843/24 y luego a través de la resolución 187 de enero de 2025, que fijó nuevas condiciones para acreditar la invalidez laboral. Organizaciones del sector denunciaron el uso de lenguaje discriminatorio y estigmatizante en esa resolución, que incluía términos como retraso mental, idiota, imbécil y débil mental. Para la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), este nuevo marco normativo implica un retorno al modelo médico, viola los derechos a la protección social y a la vida independiente reconocidos en la CDPD, desconoce las declaraciones de inconstitucionalidad realizadas en sede judicial y atenta contra las múltiples intimaciones que la Organización de las Naciones Unidas hizo a Argentina para que modificara la regulación en la materia. Los audios de Spagnuolo y la Ley de Emergencia en Discapacidad La denuncia también incorpora la viralización de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que presuntamente se describe una trama de corrupción que involucraría a laboratorios y a figuras centrales del Gobierno nacional. En ese apartado, Garín menciona la existencia de una cadena de recaudación que incluía a Karina Milei y Eduardo Lule Menem en articulación con la droguería Suizo Argentina, y que terminaba en la propia Presidencia. Mientras esos audios se difundían, el Congreso debatía la Ley de Emergencia en Discapacidad, impulsada para responder a los reclamos de personas con discapacidad, familiares, personal de salud y prestadores. La norma fue sancionada por ambas cámaras, en lo que significó un revés para el plan económico de Milei, cuyo superávit señala la denuncia se sostiene con el ajuste y el incumplimiento del pago de fondos a sectores sensibles, como universidades, provincias y el área de discapacidad. El escrito recuerda que el Presidente ordenó vetar la ley. Ambas Cámaras del Congreso rechazaron el veto, pero no concluyeron allí los padecimientos del sector, pues la reglamentación de la norma atravesó múltiples dificultades, demoras y maniobras para no cumplir, agregó el letrado. En ese marco, menciona el decreto 681/2025, cuyo artículo 2 dispuso arbitraria e ilegalmente la suspensión de la Ley 27.793, bajo el argumento de falta de financiamiento. Fallos judiciales, cierre de ANDIS y reasignación de fondos La disputa se trasladó a la Justicia con un amparo colectivo radicado ante el Juzgado Federal de Campana (expediente 44025/2025). El magistrado hizo lugar al planteo, declaró inconstitucional el decreto presidencial y ordenó la aplicación inmediata e integral de la ley. El Gobierno apeló, pero la Justicia le exigió en enero de 2026 que pusiera en marcha la normativa. Desde entonces, según la denuncia, sólo se reglamentaron 8 artículos y 17 permanecen sin reglamentar, por lo que subsisten los problemas para el sector. En 2026, tras la salida de Spagnuolo y el anuncio de una reestructuración de ANDIS, el Gobierno oficializó su cierre y reconversión en Secretaría de Discapacidad, bajo la órbita del Ministerio de Salud. Esa decisión motivó una nueva ola de reclamos judiciales mediante acciones de amparo. Cabe señalar que la ANDIS disponía de un presupuesto para ejecutar de $30.000 millones que, al disolverse la misma, se han pasado al Tesoro. Con lo cual, sólo llegarían a los beneficiarios a través de acuerdos de gobiernos provinciales afines, aumentando así la discrecionalidad política y ocasionando perjuicio a las PCD, denuncia Garín. Impacto en la salud, migración al sistema público y programas afectados En la presentación judicial, también se advierte un agravamiento generalizado de la situación por falta de atención de la salud, debido a otros incumplimientos. Entre ellos, se menciona la baja de pensiones y la consecuente afectación del plan Incluir Salud. Incluso en aquellos casos en que se restablecieron las pensiones, los afectados se quedaron sin cobertura o con imposibilidad de continuar tratamientos durante un extenso período, afirman. Además, señalan que el plan Incluir Salud se vio impactado por la falta de pago o por demoras en las transferencias. La denuncia describe también una migración forzada al sistema público de salud por la pérdida de cobertura de obras sociales, afectadas por la caída de la actividad económica y los recortes del gasto público. Ese fenómeno genera saturación de pacientes. Según el letrado, a ello se suma la ruptura de la cadena de pagos y el atraso arancelario provocado por las políticas oficiales en materia de salud, lo que deriva en incumplimientos de coberturas y afecta también a beneficiarios de PAMI. El recorte, agrega, alcanza al Plan Remediar, que será modificado, y a los programas de Cardiopatías Congénitas y de Oncopediatría. Genocidio por goteo y abandono de persona Por todos estos motivos, el abogado sostiene que las acciones descriptas constituyen claramente, a juicio de los denunciantes, los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Entienden asimismo que, siendo el Estado y sus funcionarios garantes legales del cuidado de la salud, la integridad física y la vida de las personas con discapacidad, la implementación dolosa y deliberada de estas políticas puso en y pone en peligro cierto a dichas personas al privarlas de medicamentos, tratamientos, atención y recursos, o al retacear o demorar los mismos mediante las maniobras descriptas, lo que, a criterio de los afectados, se encuadra en la figura de abandono de persona. El impacto sobre las personas afectadas, remarcan, no es menor. Por el contrario, algunos integrantes del colectivo no dudaron en calificar la situación como un genocidio por goteo, según cita Garín, debido a que se habría puesto en riesgo la salud y la vida de los beneficiarios deliberada y dolosamente. Proyecto Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez y rechazo de organizaciones En paralelo a la denuncia, el Gobierno presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley denominado Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, con el que busca reformar el sistema actual bajo el argumento de la existencia de presuntas estafas en la registración del beneficio. De aprobarse, la iniciativa obligará a los beneficiarios a un reempadronamiento obligatorio, debiendo acreditar nuevamente su condición médica, situación económica y antecedentes laborales. En caso de no hacerlo, se suspenderá el pago de la pensión de forma automática. El proyecto establece que la pensión por invalidez consistirá en el pago de una prestación mensual equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y fija incompatibilidades con el empleo formal. Es muy grave lo que está pasando. Hablar de fraude en las prestaciones y las pensiones me parece que es, una vez más, una toma de posición del Gobierno. Quieren generar otra vez un cuestionamiento en la población a quienes reciben la pensión, criticó Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente de Discapacidad. Y se preguntó: ¿Dónde está el fraude? Dicen que en las auditorías detectaron una gran cantidad de estafas. Hablan de 80.000 personas, pero nunca presentaron un informe con nombres ni errores. Molero explicó que el Foro reúne a unas 16 organizaciones, entre ellas familiares de personas con discapacidad, cámaras de empresas de transporte prestadoras de servicios, personal de salud y miembros eclesiásticos. Según sus cálculos, la cifra de presuntas irregularidades no llega ni al 7% en más de un millón de personas. Aunque reconoce que una mal dada, está mal, considera que detrás hay una intención del Ejecutivo de correr el eje del debate: Dicen que es una gran cantidad, cuando es el 7% y muchos no se presentaron para validar su información porque nunca les llegó la carta. ¿De qué fraude estamos hablando? La gente necesita atención y respuestas, continuó Molero, quien también cuestionó el ajuste en las prestaciones. Hoy tenemos un arancel único y estamos 40% por debajo del cálculo de costos. Cuando se lo planteamos al Gobierno se nos ríen en la cara y nos dicen que vayamos a la Justicia, se quejó. En ese sentido, advirtió que el proyecto propone eliminar la homogeneidad de aranceles y suprimir el piso garantizado por la ley actual, que se actualiza en base a la movilidad jubilatoria. Esto va a empujar a que los prestadores atiendan al que mejor le pague. Actualmente, al regir un régimen universal de cálculo para el arancel, ese problema no existe, explicó. Molero alertó que, si la reforma se aprueba, se va a agravar la situación para los pensionados. Aquellos que no cumplen con la incapacidad laboral porque el Estado se la otorgó por criterios más amplios, ¿se les va a dar de baja la pensión? ¿A un niño que recibió la pensión por incapacidad laboral, con un criterio más amplio porque por ser niño no puede trabajar, se la van a quitar?, planteó. Otro de los cambios previstos es declarar incompatible el cobro de la pensión con un trabajo formal. Hoy se permite compatibilizar ambos ingresos para que la persona pueda desarrollarse laboralmente sin perder el beneficio ni perjudicar su salud. Tener una discapacidad en un contexto de pobreza es muy complejo. Ante esta situación en que no hay trabajo, van a generar que la persona elija la pensión y no trabaje. Nosotros queremos que la gente trabaje, remarcó. Desde el Foro Permanente de Discapacidad anunciaron que el próximo miércoles 22 de abril, a las 11, se movilizarán al Ministerio de Salud de la Nación en rechazo a la Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez y para reclamar por el atraso arancelario, los pagos irregulares, las deudas acumuladas y las prestaciones en riesgo.
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