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Fecha: 20/04/2026 20:31
El Gobierno mantiene frenado el envío al Congreso de la reforma del Código Penal, pese a que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ya remitió su proyecto a la Secretaría de Legal y Técnica para que avance con la revisión final y lo eleve a la Cámara de Diputados. En el Ejecutivo reconocen que el texto quedó trabado por diferencias de criterio, observaciones técnicas y falta de acuerdo entre los sectores que responden a Karina Milei y a Santiago Caputo. Según fuentes oficiales, Mahiques ya giró la nueva versión de la iniciativa, más reducida que la anterior, luego de recortar el borrador que en su etapa previa había llegado a reunir cerca de 900 páginas. En el Ministerio de Justicia aseguran que el proyecto debería salir esta semana y sostienen que lo que resta resolver son cuestiones técnicas. En sectores neutrales a la interna repiten una lectura similar y afirman que se están tocando detalles, con la expectativa de que el texto sea remitido a Diputados en las próximas semanas. La demora, sin embargo, excede el plano jurídico. En varios despachos oficiales admiten que la reforma penal quedó atrapada en la disputa por el control de áreas y organismos que se profundizó después de que Karina Milei le quitó a Santiago Caputo el Ministerio de Justicia y sus extensiones políticas. El asesor presidencial mantiene, de todos modos, influencia sobre Legal y Técnica a través de su titular, María Ibarzabal. El área tiene a cargo la revisión jurídica de todas las medidas oficiales y el envío de proyectos al Congreso. Esa pulseada interna también se trasladó al contenido del Código Penal. Mahiques impulsó una versión más corta y técnica que la etapa anterior, con la idea de concentrarse en los puntos con mayor viabilidad legislativa y menor exposición política. En ese rediseño quedaron adentro varios capítulos vinculados con nuevos delitos y endurecimiento de penas, pero el debate sigue abierto en otros rubros más sensibles, que son los que hoy generan mayor resistencia dentro del oficialismo. Entre los cambios que se mantienen aparecen la tipificación de estafas piramidales, viudas negras, salideras, entraderas y motochorros, además de modificaciones en delitos migratorios, grooming, abuso sexual infantil, picadas callejeras, armas en cárceles y maltrato animal. Son puntos que el oficialismo considera más fáciles de defender en términos políticos y más sencillos de negociar en el Congreso. Las diferencias más profundas pasan por otros capítulos del texto. Dentro del Gobierno siguen bajo discusión aspectos ligados a corrupción, lavado de dinero, delitos de lesa humanidad y otros rubros que habían formado parte de los borradores previos. Leé también: El Gobierno presentó un recurso en la Corte Suprema para que suspenda la Ley de Financiamiento Universitario Esa tensión ya había empezado a asomar en las semanas anteriores, cuando el Ejecutivo debatía si enviar una reforma amplia o avanzar por etapas con paquetes parciales. La discusión forma parte de la agenda de la mesa política que encabeza Karina Milei, que la semana pasada volvió a reunirse sin cerrar una definición sobre este punto. En la Casa Rosada aseguran que la reforma del Código Penal sigue en carpeta y que no fue descartada, pero admiten que el envío depende de que se ordene antes la disputa interna sobre el alcance del texto y sobre qué parte de la iniciativa conviene exponer ahora al Congreso. Cerca de Mahiques insisten en que el proyecto está listo para salir en el corto plazo. Pero en Balcarce 50 reconocen que, por ahora, la reforma penal quedó sujeta a algo más que una revisión técnica. El Gobierno ya tiene el texto en Legal y Técnica, pero todavía no resolvió si quiere mandar al Congreso solo una versión corregida del borrador o un texto más extendido.
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