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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 17/04/2026 10:25
Durante los últimos días, los legisladores nacionales entrerrianos realizaron distintas gestiones vinculadas a la temática de los combustibles. El lunes pidieron una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio para interiorizarlo de la marcha de la causa federal sobre la instalación de la planta HIF Global en Paysandú. Por otro lado, solicitaron una reunión con el canciller Pablo Quirno, para dialogar sobre la situación de los combustibles líquidos en el país y, particularmente en Entre Ríos, en el marco del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Los legisladores consideran que el nuevo marco regulatorio podría afectar negativamente la competitividad y acceso de nuestro biodiesel. Por último, el bloque de legisladores peronistas nacionales expresó preocupación al Ministro de Economía, Luis Caputo, en relación a la asignación específica de impuestos a los combustibles líquidos para el sistema vial integrado. Piden una reunión con Frigerio El senador nacional por el peronismo Adán Bahl, y los diputados Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Marianela Marclay y Blanca Osuna, solicitaron el lunes una audiencia al gobernador Rogelio Frigerio a fin de interiorizarlo de la evolución de la causa en la justicia federal. Los legisladores plantearon al mandatario que respecto a sus declaraciones referidas a la presentación ante la Justicia Federal y la posterior acción civil iniciada, en las cuales señaló: Me interioricé sobre el tema. Está claro que la injerencia de la Justicia local en un tema internacional es discutible. Queremos indicarle que la referida jurisdicción federal resolvió de manera contraria a su supuesto teórico. No solo el Ministerio Público Fiscal (MPF) aceptó la competencia federal, sino que el Juzgado Federal (JF) ya avanzó con medidas de prueba, de manera tal que la competencia federal en este asunto no es discutible. Asimismo, apuntaron las medidas dispuestas por la Justicia Federal: 1. El dictamen de fecha 18 de marzo de 2026, donde el MPF resolvió que el proceso debe tramitar ante el Juzgado Federal local; 2. Resolución de fecha 10 de abril de 2026, el JF resolvió avanzar con la acción preventiva de daños en materia ambiental en base a que la normativa que surge de la ley 25.675 de política ambiental nacional otorga la facultad al juez interviniente de disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. En esa línea, la justicia ordenó: a. Avanzar con una Pericial Ambiental a cargo de un perito a los fines de que se expida sobre los puntos de pericia ofrecidos (estado actual del agua, turbulencia, etc.). b. Requerir a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que informe si se ha comunicado a dicho organismo el proyecto de planta de e-Combustibles en Paysandú, República Oriental del Uruguay por parte de la empresa HIF Uruguay y si la empresa HIF Uruguay ha presentado ante dicha comisión el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto; c. Exhorto judicial a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay y al Banco Central de Uruguay. Los legisladores señalaron también que todas estas resoluciones pueden ser consultadas en el sitio web www.amigosdelriouruguay.com que implementaron oportunamente. Posibles restricciones de la Unión Europea al biodiésel entrerriano Por otro lado, los legisladores Guillermo Michel y Adán Bahl solicitaron este jueves una audiencia con carácter prioritario con el canciller Pablo Quirno, a fin de abordar la situación del biodiésel argentino y en particular de la provincia, en el marco de la entrada en vigor del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, prevista para el próximo 1 de mayo. Como es de su conocimiento, el sector del biodiésel constituye una actividad estratégica para las economías regionales, con fuerte impacto en la generación de empleo, agregado de valor y desarrollo productivo, especialmente en provincias como la de Entre Ríos. En este sentido, advertimos con preocupación la persistencia y eventual profundización de criterios regulatorios por parte de la Unión Europea en particular aquellos vinculados a la sostenibilidad ambiental y a los factores de cambio indirecto del uso del suelo (ILUC) que podrían afectar negativamente la competitividad y el acceso efectivo de nuestro biodiésel a dicho mercado, señalaron en la nota. Asimismo, manifestaron que estos mecanismos han derivado en restricciones que, bajo fundamentos ambientales, impactan de manera desproporcionada sobre biocombustibles derivados de materias primas como la soja, configurando barreras paraarancelarias y sin necesariamente reflejar de manera adecuada los estándares de producción sustentable alcanzados por la Argentina. Los legisladores remarcaron que la temática reviste carácter prioritario para la provincia de Entre Ríos y para la inserción internacional del país. Preocupación por asignación específica del impuesto a los combustibles para el sistema vial Por último, parte del bloque de diputados nacionales compuesto por Michel, Bordet, Osuna, Marclay, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Snopek, Kelly Olmos; Ernesto Alí, Juan Pablo Luque; Emir Félix, y Moira Lanesan Sancho; enviaron una carta al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Manifestaron preocupación por la asignación específica del impuesto a los combustibles líquidos y dióxido de carbono sobre el Sistema Vial Integrado (SISVIAL), en un contexto de marcado deterioro de la red vial y agravamiento de los riesgos de circulación, con consecuencias en la seguridad vial, la competitividad del sistema productivo y la integración del país. La situación es grave porque no son recursos de libre disponibilidad, sino de fondos cuya afectación fue definida por este parlamento, marcaron los legisladores. Más adelante señalaron que, según los registros oficiales, hay un apartamiento del destino sustantivo de los recursos y una preocupación desnaturalización del objeto del fideicomiso, que no fue concebido para transformarse en una herramienta de aplicaciones financieras sino para sostener, conservar, ampliar y mejorar la infraestructura vial del país.
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