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Fecha: 17/04/2026 08:20
En la actual situación de lluvias excesivas, la falta de mantenimiento de los caminos rurales se agrava. Lo que habitualmente es una complicación logística puede transformarse en pérdidas económicas millonarias y hasta en muertes, de personas y de animales. Sobran los ejemplos desde años atrás. Por eso, es muy auspiciosa la tendencia judicial que se ha verificado en los últimos tiempos por la cual distintos juzgados han emitido sentencias con un argumento común tan obvio como postergado: las tasas viales que se cobran deben tener un correlato en obras de infraestructura y mantenimiento. Leé también: El semáforo de economías regionales alertó sobre precios estancados y marcó en rojo a otra producción Se suceden los casos, por ejemplo en varias localidades bonaerenses, como Daireaux, Azul, Baradero y Carlos Casares. En Necochea, y 9 de Julio, entre otras municipalidades, el debate está abierto. Las crisis administrativas que arrastran los municipios, por mala gestión, corrupción o simplemente por mala asignación de los recursos, se fueron cubriendo desde hace años con más presión fiscal al campo, que se suma a las retenciones nacionales y a impuestos provinciales. La cuestión solía saldarse en los cuerpos deliberativos de cada comuna, donde suelen tener más peso electoral los habitantes urbanos, incluso en pueblos y ciudades donde los trabajos rurales mueven la economía local. Leé también: Seguirán las lluvias con una distribución muy dispar sobre la región agrícola Lo novedoso es que las cuestiones que solían saldarse en forma meramente cuantitativa, ahora se dirimen con argumentos del derecho, con una base filosófica sencilla: la ilegitimidad del cobro de la tasa vial ante la falta de prestación efectiva del servicio. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su satisfacción por este rumbo judicial claro. Una tasa sólo puede ser exigida cuando existe una contraprestación concreta, medible y verificable. Cuando ello no ocurre, el tributo se transforma en un impuesto encubierto, violando garantías constitucionales esenciales. Tuvieron en cuenta el caso de Azul, donde la Justicia avanzó incluso sobre la validez formal del tributo, declarando su inaplicabilidad por no haber sido aprobado con la mayoría constitucional requerida, lo que refuerza la necesidad de respetar los procedimientos legales en materia tributaria. Leé también: Transporte de granos: No es el flete, es el alto costo argentino El campo no rehúye sus obligaciones. Por el contrario, exige reglas claras, transparencia en el uso de los recursos y una correspondencia real entre lo que se paga y lo que se recibe, afirmó el presidente de Carbap, Ignacio Kovarsky. En ese sentido, enfatizaron que la red vial rural es una herramienta clave para la producción, la educación, la salud y el arraigo, y su deterioro no puede convivir con niveles crecientes de carga tributaria. Instaron a los municipios a revisar sus esquemas de financiamiento, priorizar la eficiencia en la gestión y garantizar que cada tasa tenga sustento en servicios reales". Leé también: Una red de cooperativas santafesinas certifica prácticas laborales sostenibles en el agro Y advirtieron que la judicialización de estos conflictos, lejos de ser el camino ideal, es la consecuencia de la falta de respuestas concretas. La transparencia y la contraprestación no son consignas: son la base de un sistema justo y sostenible.
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