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» TN
Fecha: 17/04/2026 09:55
- La mesa política se reunirá en Casa Rosada para delinear la estrategia legislativa. - El Gobierno actualiza las partidas universitarias a $2,5 billones y ajusta la estrategia para evitar el déficit. - El Ejecutivo presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema resuelva el conflicto judicial por la reforma laboral Las últimas noticias de Javier Milei, minuto a minuto Manuel Adorni reapareció en redes sociales con chicanas a Axel Kicillof e ironías sobre su situación judicial El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reapareció con mensajes irónicos sobre su situación judicial y chicanas al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en su cuenta de la red social X. El funcionario le respondió a un usuario que criticaba la comitiva de funcionarios y colaboradores que habría llevado Kicillof a su gira por España. Él no cambió el espejo del baño. Fin, escribió Adorni. En un tono sarcástico, otra persona le pedía desmentir una "acusación gravísima" acerca del cambio de lámparas LED. "Lo hice, pero antes de asumir. Fin", escribió Adorni. LLA busca poner fin con las disputas y acordar con los aliados para conformar una comisión clave del Congreso Los libertarios ya se aseguraron, mediante una resolución de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, el control de varias comisiones bicamerales del Congreso, espacios legislativos conformados por diputados y senadores. Sin embargo, aún no reúnen los números para que Sebastián Pareja presida la comisión de control de los servicios de Inteligencia. El decreto firmado en los últimos días por Villarruel establece una mayoría numérica del oficialismo y sus aliados la denominada oposición dialoguista en ocho bicamerales: la Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas (vinculada a la AGN), la de Control de los Fondos de la Seguridad Social, la permanente de la Defensoría del Pueblo, la de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior, la de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, la de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, la permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la de Control y Seguimiento del Ministerio Público de la Nación. El Gobierno asegura que pagará en las próximas dos semanas los $350.000 millones restantes de la deuda del PAMI El Gobierno asegura que cancelará antes de mayo los $350.000 millones restantes de la deuda del PAMI con las prestadoras, luego de haber comenzado este miércoles con transferencias de hasta $150.000 millones para destrabar el conflicto. En el Ejecutivo reconocen que el pasivo total asciende a $500.000 millones y sostienen que la regularización del flujo de pagos es ahora una de las prioridades. Según fuentes oficiales, los desembolsos ya empezaron a ejecutarse y la intención del oficialismo es completar el esquema en las próximas dos semanas. La deuda con prestadoras, clínicas, sanatorios, médicos y farmacias escaló en las últimas semanas hasta convertirse en uno de los focos de mayor preocupación dentro de la Casa Rosada. El conflicto derivó en reuniones entre los equipos de Salud y Economía y encendió alarmas en Balcarce 50 por el riesgo de que se profundizaran las medidas de fuerza y se afectara la atención de los afiliados. Ese escenario se agravó con el paro de 72 horas de médicos de cabecera, que coincidió con reclamos por atrasos en prestaciones y con movilizaciones frente a la sede central del organismo y al Congreso. En el oficialismo admiten que hubo inquietud por la posibilidad de que la tensión escalara en medio de una crisis sensible por el volumen de afiliados alcanzados y por el impacto político que tendría una interrupción extendida en el sistema. En el Gobierno argumentan que la situación empezó a ordenarse con los primeros desembolsos y relativizan la idea de una crisis estructural. Sostienen que una parte importante del monto reclamado corresponde a deuda corriente de pocas semanas y que el objetivo es restablecer previsibilidad en el circuito de pagos para evitar nuevos cortocircuitos con el sistema prestador. La discusión de fondo, sin embargo, excede este atraso puntual. En el Ejecutivo reconocen que el PAMI viene atravesando una situación financiera delicada y que la dependencia de asistencia externa quedó más expuesta en un contexto de restricciones fiscales. La decisión de Economía de habilitar transferencias para comenzar a cancelar la deuda muestra que la presión de las prestadoras y el conflicto con los médicos obligaron a acelerar una solución de emergencia. A eso se suma el malestar que generó la resolución que modificó el esquema de ingresos de los médicos de cabecera. Mientras la Casa Rosada la presenta como una reconfiguración para ordenar el sistema y simplificar el nomenclador, en sectores profesionales la interpretan como un recorte encubierto que deteriora aún más la relación con el Instituto. Esa tensión convivió en los últimos días con la discusión por la deuda y terminó de tensionar el cuadro general. En Balcarce 50 apuestan ahora a cerrar el frente financiero antes de mayo para bajar la conflictividad y desactivar el riesgo de nuevas protestas. La intención oficial es mostrar que el flujo de pagos comenzó a normalizarse y que el PAMI podrá salir de la crisis sin un colapso prestacional. Pero en el entorno del jefe de Estado advierten que la deuda acumulada, la fragilidad presupuestaria del organismo y el conflicto con los médicos dejaron expuesta una de las áreas más sensibles de la gestión. El Gobierno presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema resuelva el conflicto judicial por la reforma laboral El Gobierno presentó un recurso extraordinario per saltum para que se resuelva en la Corte Suprema el conflicto judicial por la reforma laboral, tras la suspensión cautelar de más de 80 artículos dictada por un juez del fuero laboral a pedido de la CGT. La medida, impulsada por la Procuración del Tesoro de la Nación, busca acelerar el trámite y llevar directamente al máximo tribunal la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma. En el escrito, de más de 40 páginas, el Estado sostuvo que el juez laboral actuó sin competencia, que no existía caso ni legitimación activa de la CGT y que la medida cautelar viola el principio de división de poderes al suspender una ley del Congreso Nacional. El documento, al que tuvo acceso TN, constituye un duro cuestionamiento a la decisión de primera instancia y busca que la Corte Suprema intervenga de inmediato sin pasar por las instancias intermedias. La decisión del Gobierno llegó luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo del juez Raúl Horacio Ojeda, hiciera lugar al amparo colectivo presentado por la central obrera y suspendiera provisoriamente la aplicación de varios artículos de la ley. Entre los artículos frenados figuran modificaciones en materia de indemnizaciones por despido, modalidades de contratación, banco de horas, fraccionamiento de vacaciones y límites a las contribuciones sindicales, entre otros. La CGT argumentó que varias disposiciones vulneran derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Según explicó el juez, este tipo de decisiones no requieren certeza absoluta sobre la validez del planteo, sino la verificación de una apariencia razonable del derecho invocado, junto con el riesgo de que la demora judicial pueda generar daños de difícil reparación. Es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria. No hemos tenido leyes que creen situaciones extraordinarias como estas, aseguró Ojeda en declaraciones a Radio Rivadavia. Tras conocerse esa sentencia, el Ministerio de Capital Humano adelantó que apelarían el fallo para intentar revertir la cautelar y restituir la vigencia de los artículos suspendidos mientras se tramita el proceso principal. En esa línea, el Gobierno logró un primer avance al cuestionar la competencia del fuero laboral. La jueza federal Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12, aceptó el planteo de inhibitoria presentado por el Ministerio de Capital Humano y ordenó el traslado del expediente a su fuero, al considerar que se trata de una ley nacional y un conflicto contra el Estado. Ahora, el Gobierno retomó esa línea y aseguró que la nueva redacción del artículo 20 de la Ley N° 18.345 impide al fuero laboral entender en causas contra el Estado Nacional y que los jueces nacionales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires no son tribunales federales. Además, la Procuración remarcó que la CGT impugnó artículos sin identificar un solo acto concreto de aplicación que le haya causado un perjuicio determinado. La mera vigencia de la ley no genera el perjuicio actual, reiteró el gobierno. Los representantes del Estado también cuestionaron la legitimación activa colectiva, al sostener que la CGT, como entidad de tercer grado, pueda representar transitivamente a todos los trabajadores del país sin demostrar afectación concreta ni cumplir los recaudos de las acciones colectivas. El escrito también denunció arbitrariedad de la sentencia por fundarse en afirmaciones meramente dogmáticas y omitir los argumentos del Estado sobre legitimación, caso y jurisdicción.
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