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Parana » Informe Digital
Fecha: 16/04/2026 19:09
La denominada Causa Contratos II, que involucra a las principales figuras de la política entrerriana de las últimas dos décadas, comenzó a avanzar. Tal como adelantó el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos abrió formalmente el 23 de noviembre de 2025 la segunda etapa de la pesquisa por las contrataciones irregulares en el ámbito legislativo. Esta semana, los cinco exfuncionarios bajo la lupa judicial fueron convocados a designar defensores. Marcos Rodríguez Allende asumió la defensa de los exvicegobernadores Adán Bahl y José Cáceres. El expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, continuará con el patrocinio de Miguel Cullen. En tanto, el exvicegobernador José Lauritto y el expresidente de la Cámara Baja, José Allende, eligieron como abogado a Leopoldo Lambruschini. La causa, que abarca el período 2008-2018, se divide en dos grandes bloques: Contratos I que está en plena remisión a juicio, con fecha de reinicio prevista para el 26 de mayo a las 9, y la incipiente Contratos II. El conflicto de intereses En la primera parte de la investigación el foco recae en los empleados legislativos e intermediarios que, según la Fiscalía, desviaban fondos públicos mediante contratos de obra falsos. De los 32 imputados originales, quedan 18: 12 accedieron a la probation, el contador Gustavo Falco fue sobreseído y Esteban Scialocomo optó por un juicio abreviado. Surge un punto de tensión en las calificaciones legales. Mientras que los responsables de las Cámaras están acusados de Peculado Culposo (un delito con penas de multa y sin inhabilitación), a los empleados se les solicitan penas de prisión efectiva. Esa asimetría abre la puerta a un choque de estrategias: un empleado como Sergio Cardozo enfrenta un pedido de pena muy superior al que podría imponerse a su jefe político por el mismo desfalco. Sobre este punto habría algunos cortocircuito entre los representantes legales de los imputados, ya que algunos letrados analizan pedir primero que se determine qué tipo de responsabilidad tienen los jefes políticos. Segunda etapa Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro ahora buscan determinar la responsabilidad política detrás de un perjuicio al Estado estimado en más de 53 millones de dólares. La trama, calificada como el mayor caso de corrupción en la historia provincial, se desencadenó casi por azar en la primavera de 2018. Un agente de policía advirtió que una sola persona retiraba dinero de un cajero automático en Paraná con múltiples tarjetas de débito. Ese indicio fue el hilo que permitió desovillar una estructura de prestanombres y empresas fantasmas. El laberinto judicial Tras un largo parate por planteos de competencia que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la causa retomó impulso en 2024. Las audiencias pusieron al descubierto una red compleja que involucraría a funcionarios, estudios contables y reclutadores de firmas. La hipótesis fiscal sostiene que el dinero sustraído no sólo financió la política, sino que terminó en inversiones inmobiliarias y agropecuarias privadas.
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